En los últimos cuatro años, se calcula que, a diario, entre 200 y 300 salvadoreños huyen del país en busca de mejores oportunidades, con Estados Unidos como principal destino, donde generalmente intentan llegar de manera indocumentada.
Pero en una visita reciente a Guatemala, cuando se reunió con los presidentes de Centroamérica, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, reveló que la migración salvadoreña hacia EE.UU. había bajado en el último año hasta en un 60 %, es decir, a una media de 100 salvadoreños por día.
Pese a esa reducción, la canciller salvadoreña, Alexandra Hill, dijo que EE.UU. “está preocupado por la situación migratoria y de seguridad del país”.
Y no es para menos. Hill trajo a cuenta que los salvadoreños emigran por inseguridad, que se agrava con el accionar de las pandillas, por la falta de empleo y otra serie de situaciones adversas que frenan su desarrollo y ensombrecen su futuro. “Son obligados a emigrar forzosamente de nuestro país”, reflexiona la canciller.
Estas razones, precisamente, frenan cualquier iniciativa de los EE.UU. de convertir a El Salvador en “un tercer país seguro”, como lo ha pactado por ejemplo con el vecino Guatemala y como lo pretende con Honduras.
Lo que EE. UU. llama “un tercer país seguro” surgió tras la firma en julio de 1951 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, donde se establece que cuando una persona sale de su país para solicitar asilo en otro lugar, este segundo Estado podrá negarse a recibirlo y enviarlo a un tercer país que considere puede darle las mismas atenciones.
El secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenan, aseguró en su reciente visita a Guatemala que su Gobierno negociaba extender a Centroamérica el convenio de asilo firmado la semana pasada con Guatemala.
En un mensaje a los medios de comunicación en el que no aceptó preguntas, el funcionario estadounidense dijo que, tal y como lo señaló el presidente Donald Trump, su Gobierno estaba “buscando conversar” con el resto de países, es decir, El Salvador y Honduras, para ampliar este acuerdo porque cree que es “una responsabilidad regional”.
Pero en la reciente visita a El Salvador de congresistas estadounidenses, encabezados por la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, ella descartó que el país pueda ser un “tercer país seguro”.
“Yo no estoy convencida de la eficacia de una solución en un ‘tercer país’, no lo considero una solución, es algo que tiene que verse”, sostuvo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en su visita a El Salvador.
La canciller salvadoreña descartó esa posibilidad, al menos por ahora. “Los Estados Unidos no nos ha solicitado ni ser tercero ni cuarto… No nos ha hecho esa solicitud”, afirmó en una entrevista de la semana pasada con el programa “8 En Punto”, del canal 33.
El director del Instituto Salvadoreño del Migrante (Insami), César Ríos, coincidió con la canciller en una entrevista con El Diario de Hoy, aduciendo que El Salvador no tiene esa capacidad. “La mayor parte de personas que está saliendo de El Salvador, los estamos expulsando por motivos de la inseguridad. Y si hay inseguridad quiere decir que El Salvador no está preparado para ser un tercer país seguro”, reflexiona.
“No tenemos capacidad para brindarle seguridad ni hasta nuestra propia gente. Por lo tanto, no vamos a tener capacidad para brindar seguridad a otros migrantes que puedan utilizar a El Salvador como un país seguro”, agrega el experto en migraciones.
En el caso de Guatemala, que ya ha firmado este acuerdo con la administración del presidente Donald Trump, la canciller explicó que desconocía los alcances de este pacto, aparte que indicó que “no podemos controlar lo que países soberanos acuerdan”.
Lo que “sí es nuestra responsabilidad primordial, y vamos a pelear, es proteger a las personas que, por inseguridad, por situaciones de falta de empleo, por situaciones adversas se ven obligadas a emigrar forzosamente de nuestro país”, dijo Hill.
La funcionaria dijo: “quisiera que el país que asume ese reto, que firme ese acuerdo, nos acompañe como hermanos centroamericanos, en garantizar la protección y la seguridad de nuestros conciudadanos”.
Mientras, el presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha dicho que su país no cumple con lo establecido en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, base del polémico acuerdo migratorio firmado en julio pasado por Jimmy Morales con Estados Unidos.
La medida podría reducir el elevado número de migrantes -entre ellos salvadoreños y hondureños- que han abrumado el sistema de inmigración estadounidense, pero ha generado gran polémica también en Guatemala por ser un país aquejado por violencia de pandillas, desempleo, pobreza y desnutrición crónica en niños menores de cinco años, entre otros problemas, por lo que podría cuestionarse su capacidad para recibir a migrantes que huyen de sus países por esas mismas circunstancias.
Giammattei coincide con esto último: “Si aquí no tenemos la capacidad con los propios (migrantes), imagínese con los ajenos”.
Futuro de TPS
El experto salvadoreño en migración, por otro lado, mencionó el tema de los salvadoreños que gozan de Estatus de Protección Temporal (TPS), que esperan la decisión de un juez para legalizarlos en una demanda masiva contra Trump y/o de un proyecto demócrata que ya tiene el visto bueno de la Cámara Baja que lidera Pelosi, pero pendiente de ser ratificado por el Senado estadounidense.
Ríos reflexiona que los beneficiarios del TPS no son un problema para EE.UU. porque ya dejaron de ser una carga para el gobierno. Para él, Trump los toma como un gancho político de cara a buscar la reelección y que le funcionó muy bien cuando ganó su primera presidencia. “Usa el mismo patrón”.
La canciller, de nuevo, dice que no depende del gobierno de Bukele que los tepesianos consigan ser legalizados o no, pero que el presidente lo que ha hecho es buscar a EE. UU. como su “mejor y principal aliado”, en un intento porque estos salvadoreños lleguen a un feliz término.
El director del Instituto del Migrante también urgió al gobierno salvadoreño a dar cuentas de la reunión que se sostuvo con el máximo responsable de la policía de inmigración estadounidense, Matthew Albence.
“Puede ser que van a aumentar las redadas. Puede ser que nos preparemos para una deportación masiva”, dijo Ríos, quien a su vez lamentó igual lo que viven los compatriotas recluidos en los centros de detención tanto en EE.UU. como en México, este último con sus precarios albergues.
Albence advirtió a los salvadores que no intenten entrar de manera ilegal a su país, porque sino iban a ser arrestados y deportados, además de recordar la serie de peligros que conlleva ese viaje a través de Guatemala y México.
“El oficial aprovechó su visita a El Salvador para advertir sobre los peligros de la migración ilegal hacia Estados Unidos, especialmente por las redes de tráfico de personas que operan en las fronteras”, dijo la embajada norteamericana en un comunicado.
La canciller solo dijo que hablaron con Albence de lo que El Salvador debe mejorar para evitar la migración ilegal y destacó algunos programas que se trabajan entre los gobiernos, incluido México, para frenar ese éxodo.
Hill, eso sí, dijo que el gobierno de Bukele no comparte bajo ninguna circunstancia las redadas o las situaciones precarias de los albergues, los centros de detención o la separación de las familias.