El Salvador se ubica como el segundo país de Centroamérica y República Dominicana con un buen entorno para desarrollar Asocios Público Privados (APP) según destaca un análisis hecho por la firma consultora Deloitte.
Su análisis está basado en el informe informe “Infrascopio 2019: Evaluando el entorno para las asociaciones público privadas (APP) en América Latina y el Caribe” que es elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en coordinación con The Economist Intelligence Unit.
Según Deloitte, el país cuenta con el mejor marco regulatorio de la región y el modelo APP cuenta con un apoyo tanto de las autoridades del gobierno entrante como de la Asamblea Legislativa.
Pero pese a que la ley para estos proyectos se aprobó en diciembre de 2017, a la fecha ninguno de ellos se ha concretado, eso tomando en cuenta que la mayoría se están ejecutando con la coordinación y asesoría técnica del programa Fomilenio II.
Y es precisamente la ejecución el principal problema que la firma señala en su análisis. “Un desafío clave para El Salvador es traducir la voluntad política y su marco regulatorio e institucional en la adjudicación e implementación de APP”, señala el comunicado oficial de Deloitte.
En este informe se evaluaron 21 economías de América Latina de acuerdo al entorno que ofrecen para la atracción de inversión privada en infraestructura considerando cinco pilares fundamentales: Regulaciones, Instituciones, Madurez, Clima de Inversión y Financiamiento, ya que se consideran como los factores que ponderan las empresas y financiadores a la hora de tomar decisiones de inversión en el sector.
Los resultados, que se dieron a conocer el 16 de mayo en el marco del PPP Americas 2019 desarrollado en la República Dominicana, ubican a El Salvador en la sexta posición a nivel latinoamericano en cuanto al entorno para el desarrollo de las APP en infraestructura, siendo superados en Centroamérica únicamente por Guatemala.
Según el reporte, El Salvador cuenta con el mejor marco regulatorio de la región y el modelo APP cuenta con un apoyo tanto de las autoridades del gobierno entrante como de la Asamblea Legislativa.
Federico Villalobos, socio de Infraestructura de Deloitte y quien participó del evento PPP Americas 2019, señaló que el hecho de que El Salvador ocupe el primero lugar en cuanto al marco regulatorio brinda una base importante para el despliegue el programa APP del país.
El informe apunta a que El Salvador debe dar el paso hacia la ejecución de proyectos APP, luego de años de construcción del marco regulatorio y la preparación de proyectos. En este sentido, Federico Villalobos considera que la clave estará en dar continuidad a los esfuerzos propios de la maduración de las iniciativas de esta naturaleza.
“Debemos tener claro que los proyectos de infraestructura toman un tiempo considerable en pasar de ser una idea a una realidad, sobre todo cuando se trata del inicio de un programa APP. En este sentido, es importante que El Salvador mantenga una ruta consistente en el tiempo para garantizar que no se interrumpan los esfuerzos y que en un corto plazo se materialicen las primeras obras bajo esta modalidad”.
Proyectos en curso
En El Salvador, el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa) identificó al menos siete proyectos de los cuales varios se están trabajando con la asistencia técnica de Fomilenio II.
Entre estos proyectos está la iluminación y videovigilancia de la carretera hacia el Aeropuerto Internacional, así como una terminal de carga en el Aeropuerto Internacional, entre otros.
También se ha contemplado un nuevo centro de Gobierno, un Corredor Pacífico entre la frontera La Hachadura y la carretera CA12 así como pasos fronterizos seleccionados.
Pero de estos prácticamente solo dos están en una etapa avanzada, tras superar diferentes observaciones en las que se han requerido reformas legales para desentramparlos.
En uno de los casos, fueron precisamente estos cambios legales que requieren de votos en la Asamblea Legislativa los que atrasaron la ejecución del proyecto.
Según Deloitte la promoción de las alianzas entre el sector público y el privado para desarrollar infraestructura es fundamental para complementar ambos esfuerzos en ese cometido, ya que las necesidades de inversión en la región son muy grandes frente a lo que realmente se destina a este fin.
En el caso de Costa Rica, en promedio en los últimos tres años, se ha destinado cerca de un 2.2% del PIB para inversión en infraestructura en general, mientras que en el sector de transporte se dedica alrededor de 1.0% del PIB, de acuerdo con el BID.
La inversión en infraestructura en El Salvador es de 2.2 % y su infraestructura en transporte apenas es del 0.8 %.
Según el informe, uno de los retos adicionales de El Salvador es la necesidad de contar con un fondo de preinversión que le permita continuar desarrollando proyectos en el futuro.
Actualmente los fondos de preinversión provienen principalmente del programa de Fomilenio II.
“El Salvador cuenta con las condiciones para generar interesantes proyectos APP. La generación de fondos recurrentes de preinversión constituye un elemento clave, el cual debe ir acompañado de una política que trascienda administraciones y que además apunte a posicionar no sólo a El Salvador sino a toda Centroamérica como un mercado de inversión en infraestructuras”, agregó Federico Villalobos, en su análisis.