El Salvador es el cuarto país más endeudado de Latinoamérica en 2020, según el Fondo Monetario Internacional en su base de datos internacional.
Solo le anteceden Belice, Brasil y Argentina, tres naciones latinoamericanas cuyas finanzas están marcadas por rescates financieros y señalamientos de corrupción en el manejo de sus fondos públicos.
Los datos muestran, además, que El Salvador es el tercero de las naciones que más rápido subió su nivel de deuda en tan solo un año.
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En 2019 su deuda representaba un 69.4% del PIB, pero debido a la serie de préstamos que el Gobierno ha adquirido este año, alegando necesidad de fondos para afrontar la pandemia, esta terminará representando el 89.0 % del PIB en 2020.
A octubre de este año la deuda pública total sumaba $22,718.81 millones, con un crecimiento anual de 10.52 %, según el Banco Central de Reserva (BCR).
Para la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) este incremento está basado en un mayor nivel de gasto, lo que ha aumentado el déficit fiscal a niveles históricos.
La investigadora del Departamento Económico de Fusades, Carolina Alas de Franco, el déficit creció un 490 % este año, pasando de $382.1 millones a $2,257.6 millones, un “hito histórico” considerando que ni siquiera durante la crisis económica mundial de 2008-2009 el país alcanzó una cifra como esa.
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, se excusa diciendo que debido al cierre económico para evitar los contagios del COVID-19 los ingresos fiscales se redujeron y por lo tanto se necesitaban más recursos a través de deuda.
Pero según la economista, mientras los ingresos cayeron un 7 %, los gastos subieron un 31.7 %. “Es algo inédito en el país”, sostuvo durante la presentación del informe de Coyuntura Económica la semana pasada.
La economista aclara que las finanzas públicas ya no estaban bien, pero reconoce que las decisiones tomadas este año solo han agravado las cifras. “La situación fiscal ya era muy frágil antes de la pandemia y ahora su deterioro se ha acelerado”, afirmó.
Rafael Lemus, economista técnico detalla que la Asamblea Legislativa le ha aprobado este año al Gobierno $645 millones para cubrir la brecha que ya tenía el presupuesto 2020, otros $389 millones de préstamos del FMI, $250 millones más del BID, $20 millones del Banco Mundial y $354 millones de los $1,000 millones en bonos obtenidos en julio.
Esto sin contar con que el Gobierno consiguió $645 millones en Certificados del Tesoro y otros $1,823 millones en Letras del Tesoro colocados solo este año. Estos préstamos no requieren de la venia (aval) de la Asamblea.
En Centroamérica, el segundo país con más deuda después de El Salvador es Costa Rica, una nación que ha complicado sus finanzas en los últimos años a tal punto de haber iniciado una negociación para alcanzar un acuerdo con el FMI y obtener préstamos por $1,750 millones.
Acceder a este acuerdo implicará, para este país, ceñirse a una serie de ajustes que van desde el recorte de gastos hasta el incremento de impuestos.
De hecho, en octubre los costarricenses hicieron huelgas y bloqueos de calles por tres días en rechazo a este acuerdo, que para ellos trae consigo un paquete de nuevos impuestos.
En 2025 llegará al 106 % del PIB
Lo peor de todo es que el futuro no es nada promisorio: según las proyecciones hechas por el FMI, el país alcanzará en 2025 una deuda que superará su producción al representar un 106 % del PIB.
Los economistas hablan desde ya en la urgencia de ordenar las finanzas públicas y crear una estrategia para mantener las finanzas públicas en un camino de sostenibilidad para reducirla nuevamente.
Pero a juzgar por el presupuesto del próximo año, el Gobierno no piensa ni en recortar gastos ni en reducir la deuda. Por el contrario, ha propuesto un plan de gastos con más remuneraciones y con una brecha fiscal que mantiene la dependencia de más deuda para ejecutar sus proyectos.
El proyecto de presupuesto 2021 pide otros $1,342 millones para financiar su gasto.
Todos estos números se muestran en un contexto de bajo crecimiento económico. Según el FMI, la economía salvadoreña caerá 9 % este año y solo logrará recuperarse un 4 % en 2021.
Alas de Franco recuerda que este mismo escenario es el que presentaba Grecia hace unos años cuando tuvo su peor crisis económica: su deuda era mayor al 100 % del PIB, tenía un bajo crecimiento y sus datos oficiales eran poco transparentes. Tras unas finanzas insostenibles, el país cayó en un impago de todas sus obligaciones con sus acreedores y tuvo que ser rescatado por organismos internacionales.
Lo mismo ocurrió con Argentina: cayó en impago en 2001 tras no pagar los intereses de sus préstamos a sus acreedores. Según recuerda la economista, el país destinaba en ese entonces el 23.4 % de sus ingresos tributarios al pago de intereses por la deuda pública. En 2019 el Gobierno salvadoreño destinó el 3.9 % del PIB al pago de intereses.
La economista dijo que los números que tiene El Salvador, aunque son preocupantes, no significan que se va a llegar a una situación similar a la de Grecia.
Se puede evitar eso, pero para ello debe haber acuerdos y un consenso sobre la necesidad de austeridad y una estrategia que nos lleve a impulsar el progreso económico y social”, aseveró.
Para ella, es necesario que se tomen las medidas adecuadas desde hoy y se trabaje en una estrategia de sostenibilidad de la deuda.
Sin embargo, a Fusades también le preocupa la opacidad con la que se están manejando las cifras del Gobierno y la negativa a rendir cuentas.
El presidente del tanque de pensamiento, Miguel Ángel Simán, dijo recientemente en un discurso durante el encuentro digital Diálogo Empresarial 2020 que los ciudadanos no debemos apartar la mirada del uso de los fondos públicos, del uso que el Gobierno le da a esos recursos.