El gobierno tiene luz verde para comprar y contratar bienes, equipo e insumos de forma expedita para enfrentar la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19, pero eso no lo exime de los controles que toda gestión transparente requiere y que corresponde a la Corte de Cuentas de la República (CCR).
El magistrado segundo de la CCR, Roberto Antonio Anzora, afirmó que para garantizar que todo sea cristalino durante y después de la actual emergencia, esa institución definió seis líneas de auditorías e igual número de equipos que se encargarán de hacerlas cumplir.
“Las direcciones de auditorías realizarán diferentes acciones de control para fiscalizar los recursos presupuestados para atender la emergencia nacional ocasionada por la pandemia COVID”, afirmó el magistrado Anzora.
Esas acciones que son parte del plan de fiscalización serán aplicadas a las instituciones vinculadas a la emergencia entre ellas, los ministerios de Salud, Obras Públicas, Gobernación, Turismo, Casa Presidencial.
Las órdenes de trabajo que tendrán como fin realizar los exámenes especiales trazadas en la estrategia del plan, entrarán en vigencia esta semana, con el cuidado de no entorpecer la gestión del gobierno. Las líneas de auditorías por aplicar son: construcción del nuevo hospital en terrenos del Centro Nacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) a cargo del Ministerio de Salud y Obras Públicas, la mesa de crisis por parte de los ministerios: Gobernación, Turismo, Casa Presidencial entre otras, adquisición de equipo e insumo médico a través del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
Asimismo, esta la auditoría a la administración de donaciones nacionales e internacionales, la distribución de los $300 de subsidio del gobierno a las familias que han dejado de percibir sus ingresos por las restricciones sanitarias.
Y finalmente está la auditoría a la entrega del bono de $150 para el personal que participa directamente en la emergencia como Fosalud, los ministerios de Salud, Gobernación y Policía Nacional Civil.
Los procesos contralores se profundizarán en la medida que el gobierno defina sus líneas de acción.
“Para realizar esta labor el personal asignado estará en medio de las circunstancias de la emergencia. El equipo consta de 41 personas: siete directores, siete subdirectores de auditoría, seis jefes de equipo y 21 auditores, cantidad que podría ampliarse según sea la necesidad”, explicó el magistrado Anzora.
Las auditorías ha sido diseñadas para controlar los recursos que ya están siendo utilizados en la lucha contra la crisis sanitaria.
“También trabajamos en la normativa de la Asamblea Legislativa con respecto a los préstamos y venta de bonos por $2 mil millones; de modo que, en la medida que esos recursos y que las líneas de financiamiento sean definidas por el Comité creado por ese decreto, la CCR hará las líneas de control”, manifestó el magistrado.
Por ejemplo, las tareas de fiscalización tendrán que ver con la adquisición de materiales y equipo hospitalarios con fondos del Seguro Social, al igual las tareas que tienen que ver con la construcción del nuevo hospital.
A diferencia de otras auditorías, ésta se hará simultáneamente con las acciones que desarrolle la administración, porque el control no solo busca detectar irregularidades por actos de corrupción, sino que en el camino se puedan identificar oportunidades de mejoras a la gestión y fortalecer sus procesos.
De detectarse irregularidades o desviaciones, la CCR tendría la obligación de comunicarlos a las autoridades pertinentes, titulares de las instituciones y de ser graves; alertar al presidente de la República y al presidente de la Asamblea Legislativa.
Entre los parámetros de evaluación están: evaluación de disponibilidad de fondos, que los productos adquiridos estén dentro del marco de la emergencia como ventiladores, que éstos cumplan los requisitos establecidos por el gobierno, que los pagos se realicen en los términos contractuales y plazos de garantía pactados.
Además que los proveedores sean acreditados y demuestren su legalidad, sin conflicto de interés e impedimento para prestar sus servicios.
Las auditorías vigilarán precios, calidad, especificaciones técnica, vida útil y rendimiento.
Anzora dijo que al final de cada proceso se ofrecerán informes y todos los reportes necesarios.