El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), informó ayer por medio de un comunicado electrónico que el pasado 3 de septiembre resolvió admitir una demanda interpuesta por dos ciudadanos en contra de ocho magistrados de los 15 que integran la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y decidió iniciar un proceso sancionatorio administrativo por negarse a brindar informes de Probidad de casos de presunto enriquecimiento ilícito del año pasado.
“El IAIP quiere comunicar que ayer, 3 de septiembre de 2019, admitió la denuncia interpuesta por dos ciudadanos contra los magistrados y magistradas mencionadas, y por ende, decidió iniciar el procedimiento administrativo sancionador por la infracción antes referida”, explica el IAIP en su resolución.
Los magistrados de la CSJ que firmaron el desacato cuya notificación enviaron al Instituto de Acceso a la Información el pasado 19 de agosto son: Doris Luz Rivas Galindo; Ovidio Bonilla Flores; Roberto Carlos Calderón Escobar; Oscar Alberto López Jerez; José Roberto Argueta Manzano; Elsy Dueñas Lovos; Dafne Yanira Sánchez de Muñoz y Alex Marroquín Martínez.
El argumento de los magistrados citados arriba para rechazar la resolución del IAIP emitida el pasado 24 de julio fue que “significaba violar la Constitución, anteponiendo una ley secundaria y que se vulneraría el derecho a la seguridad y la intimidad personal”, por lo que remitieron la resolución a la Sala de lo Constitucional para que se “pronuncie sobre la constitucionalidad de la decisión adoptada”.