A pesar de sus diferencias sobre la crisis en Bolivia, una amplia mayoría de 26 países se unió este miércoles en la Organización de Estados Americanos (OEA) para exigir al Gobierno interino de Jeanine Áñez que convoque “urgentemente” elecciones y ponga freno a la violencia.
La OEA aprobó una resolución que, sin mencionar a Áñez, resuelve “llamar a las autoridades bolivianas a convocar urgentemente a elecciones” y les pide que establezca “prontamente” una fecha para la próxima cita con las urnas, algo que la mandataria interina se ha comprometido a establecer en las próximas horas.
La iniciativa, impulsada por Colombia y Brasil, recibió por sorpresa el respaldo de la propia Bolivia, cuya misión en la OEA ya obedece al nuevo Ejecutivo provisional.
Y, además, se sumaron naciones caribeñas como Antigua y Barbuda, Granada y San Cristóbal y Nieves, que criticaron tanto el papel de las Fuerzas Armadas como la forma en la que asumió el poder Áñez, en lo que consideran que fue un “golpe de Estado” contra el expresidente Evo Morales, quien renunció el 10 de noviembre y ahora está asilado en México.
En contra de la iniciativa se posicionaron tres naciones (México, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas); mientras que cuatro países (Uruguay, Barbados, Surinam y Trinidad y Tobago) se abstuvieron y una misión (Dominica) se ausentó de la reunión celebrada en la sede de la OEA.
ÉNFASIS EN LA “URGENCIA” DE LAS ELECCIONES
En concreto, la resolución hace alusión en dos ocasiones a la necesidad de que los bolivianos acudan a las urnas: primero, destaca la “necesidad de la celebración de elecciones lo más pronto posible” y, luego, pide a las autoridades bolivianas convocar comicios “urgentemente”.
Sin embargo, el texto no alude al límite de 90 días que fija la Constitución de Bolivia para la celebración de elecciones.
Al respecto, la representante de Antigua y Barbuda, Joy-Dee Davis Lake, expresó “preocupación por la omisión” de ese limite temporal específico y pidió a la OEA que tome medidas si Áñez ignora o retrasa la convocatoria de los comicios, infringiendo la Constitución boliviana.
UNA CRÍTICA VELADA AL DECRETO SOBRE LAS FUERZAS ARMADAS
Asimismo, la OEA criticó, aunque sin mencionarlo, un decreto emitido por el Gobierno provisional liderado por Áñez y que exime a las fuerzas del orden de responsabilidad penal si actúan “en legítima defensa o en estado de necesidad” y bajo criterios de “legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.
Específicamente, las 26 naciones instaron a las autoridades bolivianas a garantizar que quien viola los derechos humanos tendrá que asumir responsabilidades ante la Justicia.
Varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), han pedido la derogación del decreto aprobado por Áñez porque consideran que permite a las Fuerzas Armadas violar los derechos humanos con “impunidad.”
La embajadora de México ante la OEA, Luz Elena Baños, expresó la “preocupación” por ese decreto y por el “uso excesivo de la fuerza” que han empleado militares y policías en Bolivia para reprimir las protestas, que se han incrementado desde que Morales tuvo que renunciar al cargo.
“Hacemos un llamado a todas las Fuerzas Armadas de ese país para que regresen a los cuarteles y no se enfrenten a la población”, subrayó Baños, cuyo Gobierno ha otorgado asilo a Morales.
APOYO A UNA MISIÓN ENVIADA POR ALMAGRO
Por otro lado, los 26 países que aprobaron la resolución expresaron su “apoyo” a la iniciativa de la Secretaría General de la OEA, liderada por Luis Almagro, de enviar una misión a Bolivia, encabezada por el costarricense, Rodolfo Piza.
Piza, que fue ministro de la Presidencia en Costa Rica, se reunió el martes con Áñez y anunció que el jueves hará públicas una “recomendaciones” para resolver la crisis en Bolivia.
El embajador uruguayo, Hugo Cayrus, criticó el papel que Almagro ha jugado en la crisis en Bolivia y consideró que “nuevamente se ha excedido en sus funciones al reconocer a Añez” como presidenta interna.
“Uruguay reitera que la OEA no tiene ninguna legitimidad como tal, para reconocer gobiernos y exige que el secretario general se conduzca con la sensatez y la mesura que su cargo le impone”, subrayó.
CESE DE LA VIOLENCIA
Además, los 26 países urgieron a “todos los actores políticos y civiles en Bolivia”, incluyendo las Fuerzas Armadas, al “inmediato” cese de la violencia.
Según la Defensoría del Pueblo, 30 personas han muerto y 775 han resultado heridas desde las elecciones del pasado 20 de octubre, en las que Morales fue declarado vencedor para un cuarto mandato consecutivo en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición.
Las protestas se han incrementado desde que Morales abandonó Bolivia el 11 de noviembre, después de que las Fuerzas Armadas le forzaran a dejar el cargo.
Morales y varios Gobiernos latinoamericanos han calificado lo ocurrido de “golpe de Estado”; mientras que otras naciones han reconocido al Ejecutivo interino de Áñez.
El Gobierno interino de Áñez acusa a grupos subversivos de promover la sedición en el país con protestas violentas a favor de Morales.
Frente a esta afirmación testigos presenciales acusaron a las fuerzas del orden de disparar impunemente contra los manifestantes civiles que protestan en la localidad de El Alto contra el Gobierno interino.