El año en que Guatemala se volvió un tercer país seguro

Ha sido nuevamente el ombudsman, Jordán Rodas, quien ha seguido insistiendo a las autoridades migratorias de Guatemala a impulsar programas para impactar "verdaderamente" en la reducción de la migración forzada.

Migrantes guatemaltecos deportados de los Estados Unidos llegan a la Base de la Fuerza Aérea en Ciudad de Guatemala. Foto EDH / AFP

Por EFE

Dic 10, 2019- 04:49

El panorama migratorio cambió drásticamente este 2019 para Guatemala y Centroamérica con la firma del acuerdo de cooperación de asilo o de “tercer país seguro” en el Despacho Oval con Estados Unidos.

Esa escena de finales de julio, en la que el exsecretario de Seguridad Nacional Kevin McAleenan y el ministro de Gobernación guatemalteco, Enrique Degenhart, con el presidente estadounidense, Donald Trump, a sus espaldas, consolidó una relación de dependencia de Guatemala y Centroamérica con Estados Unidos.

Ese país, que cambió los muros físicos en la frontera con México por guardias custodiando otras fronteras para evitar la llegada al norte de centroamericanos, tuvo en su custodia a niños que murieron por fiebres, amagó con imponer sanciones económicas para llegar a “acuerdos” y presionó para realizar deportaciones masivas o traslado de asilados a un panorama incierto.

Tras ese retrato del poder, con la mano de Trump sobre el hombro del responsable de la política interna guatemalteca, de vuelta en su silla presidencial, Trump aseguró que habían tratado el plan de “tercer país seguro” con Guatemala y otros países “durante muchos años”, y por fin se concretaba, “ahora que estamos en un punto en el que nos llevamos bien y que hacen (el Gobierno de Guatemala) lo que les pedimos que hagan”.

EL ASILO

Con la llegada del primer hondureño de Mesa, Arizona, a Ciudad de Guatemala el pasado 21 de noviembre entró en vigor el acuerdo de cooperación de asilo, como formalmente fue llamado el convenio de “tercer país seguro”, que excluyó esas tres palabras de los documentos que sin conocerse en su totalidad, al menos en Guatemala, no fueron ratificados por el Congreso ni publicados en el diario oficial.

El acuerdo es exclusivo para migrantes de nacionalidad salvadoreña y hondureña, con algunas excepciones, como los niños menores no acompañados, las mujeres embarazadas en el tercer trimestre o las personas con discapacidad.

El pacto, de cinco páginas y suscrito el 26 de julio, estipula entre otras cosas que no aplica a ciudadanos guatemaltecos o a quienes residan en allí.

Además, prevé la transferencia de solicitantes de asilo de Estados Unidos a Guatemala, quienes serán responsabilidad del primer país hasta que se haya completado el proceso de traslado.

El documento establece que Guatemala no podrá devolver o expulsar a los solicitantes transferidos desde territorio estadounidense, a menos que estos cancelen su solicitud o que esta haya sido rechaza mediante una decisión administrativa.

Un tercer país seguro, como lo define la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que es una de las organizaciones junto a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) involucradas en el apoyo a los migrantes transferidos a Guatemala, es un concepto que se usa para “transferir la responsabilidad del examen de una solicitud de asilo de un país de acogida a otro país que es considerado seguro”.

Aunque Guatemala no es precisamente un país seguro, tomando en cuenta sus altos niveles de tasas de homicidio -que en septiembre sumaban un total de 26 por cada 100.000 habitantes- el 21 de noviembre llegó supuestamente solo en un avión el primer hondureño bajo este acuerdo, aunque al aterrizar en Ciudad de Guatemala solicitó un traslado inmediato a su país, tarea que resolvió la OIM.

Un par de semanas más tarde, el 3 de diciembre, llegaron otros dos hondureños y un salvadoreño que aún permanecen en Guatemala.

De este segundo grupo, el primer hondureño solicitó asilo en Guatemala, el salvadoreño aseguró que “tenía miedos de regresar a El Salvador y no estaba seguro si pedir asilo aquí o en otro país”, además de que el segundo hondureño dijo inicialmente que “quería regresar a su país” y solicitó “más tiempo” para tomar una decisión debido a que identificó “riesgos” en caso de retornar Honduras.

LOS NIÑOS Y LA PATRULLA FRONTERIZA

Antes de las presiones por aumentar los impuestos a los productos guatemaltecos, el año tuvo un pulso distinto. Uno que se jugó en la cancha estadounidense y al que las autoridades guatemaltecas fueron condescendientes.

Hace un año (el 8 de diciembre de 2018) falleció la primera de los menores. Jakelin Caal Maquín, de 7 años, dio la vuelta al mundo en portadas de los grandes medios y hasta el Congreso estadounidense, donde un grupo de legisladoras usó pines conmemorativos de la pequeña, fallecida en custodia de la Patrulla Fronteriza.

Caal falleció por un cuadro de gripe y altas fiebres, el mismo cuadro que presentó el segundo menor fallecido: Felipe Gómez Alonzo, de 8 años, quien perdió la vida los últimos minutos de la Noche Buena pasada.

En abril, falleció de una infección en el cerebro Juan de León Gutiérrez, de 16 años, que fue detenido ese mes tras cruzar solo la frontera cerca de El Paso y trasladado a un albergue para menores.

Mientras que a mediados de mayo, otro menor guatemalteco de dos años y medio falleció por una aparente neumonía en un hospital de EE.UU. en el que estaba ingresado desde que cruzó la frontera con su madre a principios de abril.

Y días después falleció Carlos Gregorio Hernández, de 16 años, que fue encontrado sin vida por las autoridades en el centro de detención de migrantes. La primera versión fue que fue hallado muerto cuando procedían a realizar una revisión de su estado de salud.

Sin embargo, una información del medio Pro Pública reveló que el compañero de celda de Carlos alertó a las autoridades al despertar por la mañana, alrededor de cuatro horas después de su fallecimiento.

El Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco se ha jactado de apoyar a las familias con las repatriaciones de los restos de los menores y de contar con abogados que trabajan en la investigación de los casos.

Pero el año se ha escurrido sin posturas contundentes ante la muerte de estos menores en custodia de las autoridades estadounidenses, cuyos funcionarios superiores han conseguido presionar y dominar la situación que llevó a Guatemala, un país exportador de migrantes, a consolidarse como uno de acogida de otros como un país “seguro”.

Ha sido nuevamente el ombudsman, Jordán Rodas, quien ha seguido insistiendo a las autoridades migratorias de Guatemala a impulsar programas para impactar “verdaderamente” en la reducción de la migración forzada, que “es motivada por satisfacer las necesidades básicas, como el acceso a un trabajo digno, la salud, la educación y la seguridad”, como lo aseguró el sábado pasado en un pronunciamiento tras las revelaciones del caso de Carlos Gregorio.

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