Si desde antes de hacerse ciudadano nicaragüense, el expresidente Mauricio Funes (2009 -2014) parecía haber acumulado méritos suficientes para ser sancionado por Estados Unidos, ahora al nacionalizarse, el Gobierno de Donald Trump tiene más posibilidades para aplicarle leyes como a un nicaragüense más, advierten expertos.
Una de esas leyes sería la Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos, aprobada en 2012, que otorga al presidente de Estados Unidos la potestad de imponer sanciones económicas en contra de ciudadanos de cualquier nacionalidad, localizables en cualquier jurisdicción, que sean acusados de corrupción o de violación a los derechos humanos.
En diciembre de 2017, Estados Unidos sancionó, al amparo de esa ley, a 15 personas de Guatemala, República Dominicana, Gambia, Sudán del Sur, Rusia, Bélgica, China, Israel, Uzbequistán, Pakistán, Myanmar (Birmania), y Serbia, así como al entonces presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, Roberto Rivas, además de a 37 empresas de diversas partes del mundo.
Pero además, al volverse nicaragüense Funes puede sufrir nuevas sanciones, esta vez, por medio de la ley denominada NICA Act, a la que algunos también llaman ‘Magnitsky nica’, la cual que permite imponer duras sanciones políticas y económicas contra el régimen de Nicaragua, dirigido por Daniel Ortega, o contra sus allegados.
Al amparo de cualquiera de esas dos leyes, el Gobierno de Estados Unidos, por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), puede congelar los bienes y propiedades que estén en Estados Unidos de cualquier ciudadano nicaragüense al que consideren corrupto, o violador de derechos humanos; a la vez que sanciona a cualquier banco del mundo que haga cualquier tipo de negocios con esa persona, ya que ni siquiera pueden emitirle una tarjeta de crédito. Nada.
A Funes “perfectamente se le puede aplicar la NICA Act”, bajo el argumento de que “es sancionable toda persona que esté ligada al régimen” nicaragüense, ya sea que se le acuse de violentar los derechos humanos o ser cómplice de corrupción, explicó el abogado y exdiputado liberal Eliseo Núñez Morales.
“Ahora que es nicaragüense y funcionario del Gobierno de Ortega, Funes está en primera línea”, afirmó.
El también abogado, ex diputado liberal y excanciller de la República de Nicaragua, Francisco Aguirre Sacasa, lleva su análisis un paso más allá al detallar que la situación se le puede complicar a Funes “ahora que es ciudadano nicaragüense”, ya que “hay interés por parte del Gobierno de El Salvador de pedir su extradición para que enfrente a la justicia de su país”.
Funes es procesado por la justicia salvadoreña por la sustracción de $351 millones de fondos del Estado durante su mandato presidencial (2009-2014). Entre los delitos que la Fiscalía le atribuye son peculado (desvío de fondos públicos), lavado de dinero, entre otros.
¿Y si Bukele lo pide?
Un tercer elemento que añade el excanciller de Nicaragua es que “aparentemente el gobierno de Nayib Bukele no simpatiza con el de Daniel Ortega, pero sí quiere tener una relación muy cercana con el Gobierno de Estados Unidos, de modo que esa eventualidad podría impactar la situación de Funes”.
Aguirre Sacasa consideró que “si El Salvador le pidiera apoyo a Estados Unidos en ese tema, a lo mejor alinearía los astros para que se le aplicara la NICA Act a Funes, aunque no sé si Bukele pediría ese tipo de triangulación, porque Funes está acusado de corrupción en su propio país, pero no se le ha visto como cómplice de atacar la democracia, no ha violentado los derechos humanos de los nicaragüenses, y eso tendría que estar presente para sancionarlo con esas leyes”, abundó.
A juicio del excanciller, lo que Funes sí está haciendo es “burlarse de la democracia salvadoreña”, así que El Salvador “podría perseguir a Funes más con la Magnitsky Global que con la Magnitsky Nica o NICA Act”.
Agregó que en la diplomacia como en la política “si existe la voluntad o el deseo, las cosas pueden pasar”, aseguró.
Un poco más escéptica es la abogada y defensora de derechos humanos en Nicaragua, Vilma Núñez, quien dijo que si bien Funes “hizo barbaridades en El Salvador, no se le puede involucrar en los crímenes de lesa humanidad o en la corrupción que ocurre en Nicaragua… a menos que se le pudiera demostrar alguna cosa”.
Núñez indicó que “esas leyes se aplican contra personas determinadas por la comisión de hechos concretos. Quizás él no pueda ser considerado un cooperador necesario (en la comisión de determinados delitos), pero sí como un aprovechado de esa corrupción. Así y todo creo que no cabría”.
Para la abogada, “lo que hay que buscar es cómo se le anule la nacionalidad” y que eso pudiera ser alegando inconstitucionalidad, porque “para nacionalizarlo se violaron leyes migratorias que tienen base constitucional”, acotó.
El exdiputado Núñez sí cree que tanto la Magnitsky Global, como la NICA Act son aplicables a Funes “básicamente, porque él colabora con un régimen violador de derechos humanos, así que está entre los sancionables”.
“La pregunta es qué tanto le afecta la sanción, porque lo más seguro es que tiene su dinero en el mismo lugar en que lo tiene Ortega, y recordemos que si te aplican cualquiera de esas dos leyes, eso te convierte en un paria internacional. Al igual que Ortega, Funes no puede salir de Nicaragua”, remarcó.