Una entidad internacional que combata la impunidad y la corrupción puede verse fuertemente disminuida si no se involucra a más actores del Estado que solo el Ejecutivo. Esa es la conclusión principal del abogado y analista político guatemalteco Edgar Ortiz, quien compartió con El Diario de Hoy sus visiones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y las lecciones que esta puede traer a El Salvador.
Ortiz habló con este medio en el marco de un posible anuncio de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). De momento, es poco lo que el Gobierno ha revelado sobre cómo operará la comisión o qué tipo de ayuda ha solicitado a la Organización de Estados Americanos (OEA). Esta entidad anunció el pasado viernes que instalará una misión técnica en el país para dar forma a esta entidad.
Él es abogado y cuenta con maestría en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. Además de dirigir el departamento jurídico de la Fundación Libertad y Desarrollo, un tanque de pensamiento y evaluación de políticas públicas, es docente en la Universidad Francisco Marroquín, además de ser columnista y analista en diversos medios de comunicación. Uno de los temas que más cerca ha seguido es precisamente el combate a la corrupción y el rol de la comisión internacional instalada en ese país en 2007.
Al respecto, el jurista guatemalteco destacó que la principal virtud de la CICIG en su país fue la independencia con que realizó investigaciones de alto impacto, las cuales remitía luego a la Fiscalía para su debido trámite legal. Esta comisión se formó tras un convenio con la Organización de Naciones Unidas (ONU), fue financiada por la comunidad internacional y fue ejecutada por investigadores extranjeros.
El experto explica que esta comisión nunca sustituyó a la Fiscalía, pero sí le dio un soporte importante. “En Guatemala, la CICIG se enfrentó a verdaderas mafias y a veces el sistema no tiene la capacidad de garantizar la protección de fiscales. Por eso ayudó que hubiera investigadores de la ONU en las audiencias o los allanamientos. La comisión acuerpó a instituciones locales que estaban bajo presiones y amenazas”, destaca.
De aquí saca la primera lección para El Salvador: para que el trabajo de la CICIG fuera posible, el Gobierno tuvo que someter su creación a dos exámenes: el primero, ante el Congreso, quien ratificó lo acordado con Naciones Unidas y que le otorgó a la institución facultades investigativas.
El segundo examen vino de la Corte de Constitucionalidad (CC; equivalente de la Sala de lo Constitucional salvadoreña), quien dio una opinión consultiva en la cual afirmaba que las facultades de la CICIG no reñían con el marco legal.
Ortiz recomienda a El Salvador seguir un camino similar y pasar por el debido filtro legislativo y judicial, a fin de dotar a una CICIES de fuerza, legalidad y legitimidad democrática.
“¿Qué tanto puede negociar el Ejecutivo sin el Congreso? Podrá lograr acuerdos bilaterales de capacitación o transferencia de capacidades, pero puede no ser un actor tan relevante”, afirmó y advirtió que ahí podría morir el esfuerzo.
“Un esfuerzo así toma tiempo”
Edgar Ortiz considera que requiere un tiempo considerable instalar una comisión de este tipo para que dé los resultados que se espera en cuanto a saneamiento de la función pública. “Recordemos que se trata de traer gente que está fuera del sistema, por lo que hay una curva de aprendizaje alta y tiene que estudiar el país, sus redes de poder. Para operativizar esto, pasan años”, recuerda.
Pero antes que eso, toca definir bien cuáles van a ser los límites, alcances y el mandato particular de la institución, lo cual también tomará tiempo. Por ello, el experto llama a tener paciencia en cuanto a la instalación de la comisión y sus resultados a corto plazo. Sin embargo, manifiesta que entiende “el mensaje político de Nayib Bukele, quien no puede perder el impulso que da la ‘luna de miel’ de los primeros días en el poder”, cuando aún tiene un capital político elevado.
Asimismo, el experto considera que El Salvador enfrenta situaciones de cooptación del Estado no muy distintas a las de Guatemala. Por eso, recomienda evaluar bien cada paso y construir una CICIES independiente y sólida, con capacidad de acción y credibilidad.
Rendición de cuentas, algo por mejorar
Si bien la CICIG cerró su capítulo en Guatemala con una opinión mayoritariamente positiva y ayudó a desbaratar algunas redes de corrupción, Ortiz no deja de observar algunas cosas por mejorar y tomar en cuenta si una comisión se instala en El Salvador.
La principal, dice, es que la CICIG nunca tuvo un balance o una comisión de supervisión que evaluara sus acciones o parámetros de acción. Además, se criticó que se politizaran algunos casos, el abuso de la prisión preventiva o la aparente falta de una estrategia macro. Esto, reitera, se pudo haber resuelto con una instancia superior que examinara a la comisión y le exigiera rendir cuentas.
Finalmente, llamó a elegir con pinzas a un buen comisionado, no solo por su probidad, sino por su valentía. “Esto se trata de combatir mafias. Necesitás alguien atrevido, un kamikaze, una figura fuerte”.