El proyecto de presupuesto 2020 debería priorizar la inversión social en educación, salud y seguridad para enriquecer el bienestar de los salvadoreños, aseguró Carolina Alas de Franco, economista e investigadora del Departamento de Estudios Económicos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
Para el tanque de pensamiento, mejorar la calidad de vida de los salvadoreños a través del fortalecimiento de los servicios y bienes debería ser una prioridad. Además, “combatir el problema de la violencia y la delincuencia es otra área a la que hay que apuntalar”.
Basándose en los datos del Informe de la Gestión Financiera del Estado del Ministerio de Hacienda, Fusades calculó que el gasto en desarrollo social cayó en 2016 y se ha mantenido relativamente estable desde entonces, rondando el 9.2 % del Producto Interno Bruto (PIB) equivalente a más de $2,000 millones.
Sin embargo, explicó Alas de Franco, Hacienda incluye en esta cifra el dinero que el gobierno ocupa para pagar la deuda de pensiones; así que, quitando esta obligación previsional, se observa una tendencia a la baja en el gasto en desarrollo social y ha pasado de ser equivalente a 8.9 % y 8.7 % del PIB en 2015 y 2016, respectivamente, a 8.3 % en 2018.
Pero, si bien en 2018 el gobierno central ejecutó unos $2,079.3 millones en educación ($982.4 millones), salud ($613.2 millones) y justicia y seguridad pública ($483.7 millones); las asignaciones para estas tres grandes áreas sumaron $162.9 millones menos en el presupuesto de 2019, hasta los $1,916.4 millones. Seguridad fue la más afectada con $109.1 millones menos.
En ese sentido, “el presupuesto 2019 preveía una reducción en estas carteras, aunque en el transcurso del año se han asignado recursos para reforzar estos rubros, que también reciben ingresos provenientes de las contribuciones especiales. En todo caso, en el proyecto de presupuesto 2020 se espera que haya un aumento en términos del PIB para educación, salud y seguridad; y que el monto de estas carteras supere, al menos, lo gastado en años anteriores”, subrayó Fusades en un documento resumen de “Las cinco características que se esperan del presupuesto 2020 para impulsar la responsabilidad fiscal”.
A juicio de la organización, solo a través de una mayor eficiencia en el gasto, El Salvador podría disponer de suficiente dinero equivalente a 5 puntos del PIB para aumentar el gasto social y tratar de estabilizar la deuda.
Por un Presupuesto enfocado en resultados
Dada la ausencia de metas concretas y medición de resultados en muchos programas gubernamentales, el Presupuesto de la República se constituye en la herramienta que refleja la expresión de las prioridades de políticas públicas del país. El presupuesto asignado a una política o programa —y su nivel de ejecución— usualmente es utilizado como indicador de la relevancia que tiene para el gobierno en turno.
Oportunidad
De acuerdo con la analista, el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2020 es una gran oportunidad para que la nueva administración del presidente Nayib Bukele cumpla la ley (la Constitución, sobre todo) y asigne los recursos necesarios a las áreas prioritarias que contribuyan con el desarrollo económico y social del país y, a su vez, plasme, con datos reales, los principales proyectos incluidos en su plan de gobierno sin comprometer la estabilidad fiscal.
Este proyecto, dijo, también le permitiría impulsar la responsabilidad fiscal y asegurar una pronta mejora en la calificación de riesgo soberano para poder reducir lo que El Salvador paga en intereses.
En ese sentido, se esperaría que el presupuesto incluya proyecciones macroeconómicas apegadas con la dinámica de la economía local y la tendencia de la internacional; que se incluyan todos los compromisos de pago y, en concordancia con la Ley de Responsabilidad Fiscal y la sentencia de la Sala de lo Constitucional, se corrijan las subestimaciones y racionalice el gasto; y en general, se priorice la transparencia.
Vale recordar que la sentencia de la Sala dio medidas precisas sobre cómo hacer más eficiente el gasto público y ordenó, entre otras cosas, que el Ejecutivo suspendiera la creación de nuevas plazas a excepción de en las áreas prioritarias como educación, salud y seguridad; suspendiera también los aumentos y beneficios adicionales a funcionarios y jefaturas; suprimiera la compra de equipo y bienes de lujo; hiciera un gasto racional en viajes y viáticos así como limitara la publicidad del aparato estatal.
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Tendencia de adquirir más deuda para operar podría continuar
El gobierno salvadoreño cada vez necesita más deuda para funcionar y esta tendencia podría continuar durante el quinquenio de la nueva administración pública, indicó la economista de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Carolina Alas de Franco.
Las estimaciones de la investigadora apuntan a que entre 2009 y 2017, el país necesitó en promedio unos $361 millones de deuda al año solo para operar; y entre 2018 y hasta septiembre de 2019, este promedio subió a unos $423 millones por año.
De acuerdo con Alas de Franco, a partir del fallo de inconstitucionalidad del presupuesto de 2017, en los presupuestos votados de 2018 y 2019, “se hizo evidente que se necesitaba un refuerzo para financiar el presupuesto”. Así, en 2018, junto al presupuesto para el ejercicio fiscal, también se aprobó un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $350 millones; y para el de 2019, el refuerzo de otros $497 millones provino de empréstitos y emisión de bonos.
Basándose en los techos presupuestarios 2020, Fusades estima que el gobierno central presupuestará solo unos $131 millones más para 2020; sin embargo, esto no descarta que el Ejecutivo pida refuerzo para operar a través de préstamos o emisión de más deuda.
A juicio de la representante, lo malo de adquirir deuda para financiar el gasto corriente es que, además de comprometer el futuro, el dinero que se tendrá que pagar, con obvios intereses, no se utiliza para aumentar la productividad del país; sino que sirve, principalmente, para pagar salarios y remuneraciones de empleados públicos.
“Una gran incógnita es cuál va a ser la deuda a requerir en 2020. Viendo la experiencia, si siguen con la dinámica, pedirían más de $500 millones y eso significará más deuda”, dijo.
Las cinco señales
Según Fusades, el presupuesto 2020 es una oportunidad para impulsar la responsabilidad fiscal y asegurar una mejora en la calificación de riesgo, pero se necesita:
1 Proyecciones macroeconómicas acordes con el entorno internacional y la experiencia reciente del país.
2 Que el presupuesto 2020 cumpla con la Constitución de la República y no sobreestime ingresos corrientes ni subestime u omita gastos de subsidios, intereses, pensiones y devoluciones de impuestos.
3 Que refleje las medidas de ajuste que dicta la Ley de Responsabilidad Fiscal y, en especial, que reduzca la emisión de deuda para reforzar el presupuesto.
4 Incremento en las partidas de áreas prioritarias como educación, salud y seguridad para mejorar la calidad del gasto.
5 Reducir, o al menos congelar, el gasto en remuneraciones para 2020.