La Fiscalía General advirtió ayer del riesgo de que dos policías vinculados al caso Carla Ayala puedan quedar en libertad por cumplírseles los dos años de estar en detención provisional sin que se haya emitido una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria.
El caso es ventilado desde agosto de 2018 en el Juzgado Especializado de Instrucción de la Mujer, que ayer volvió a suspender la audiencia preliminar por segundo día consecutivo.
“El riesgo es que ya están por vencerse los dos años de detención provisional que les fue decretada a los imputados, capturados el 29 de diciembre de 2017, y por lo tanto, la ley solo establece que pueden pasar 24 meses en esa calidad, entonces los pueden dejar en libertad”, dijo Arturo Cruz, fiscal del caso.
Aunque Cruz explicó que aún cuando los dos policías recuperen su libertad, ellos seguirán siendo procesados; sin embargo, pueden burlar a la justicia porque “evidentemente al afrontar una persecución penal con una posible condena de varios años, ellos se puedan sustraer de la acción de la justicia (que puedan fugarse)”.
Los dos exagentes del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) que podrían quedar en libertad son: Wilfredo Deras Hernández y Ovidio Antonio Pacheco Morales. Ellos acompañaban a Juan Josué Castillo Arévalo, de indicativo Samurai, cuando este le disparó a la agente de la Policía, Carla Mayarí Ayala, según las investigaciones fiscales.
Deras Hernández y Pacheco Morales fueron delegados por el entonces jefe del Grupo de Reacción Policial (GRP), subcomisionado, Julio César Flores Castro, para que fueran a dejar a la agente Ayala a la delegación policial de Apopa, luego de la fiesta de fin de año que se celebró en la referida unidad policial, entre la noche del 28 y la madrugada del 29 de diciembre de 2017.
Castillo Arévalo también se fue acompañándolos, sin estar autorizado, y fue en el trayecto hacia Apopa que Samurai le habría disparado a la agente Ayala.
Reprograman audiencia para el 27 de noviembre próximo
Ayer se volvió a suspender la audiencia preliminar, por segundo día consecutivo, a raíz de que dos abogados defensores aseguraron que el tribunal no les notificó sobre la presentación de la acusación formal por parte de la Fiscalía General contra los 12 policías y dos civiles.
La ley establece que un tribunal deberá de notificar en las próximas 24 horas de haber recibido la acusación formal, a los abogados defensores para que estos puedan ofrecer las pruebas de descargo, según el fiscal Cruz.
“Presentamos el dictamen (de acusación) y eso lo omitió la jueza”, dijo Cruz, quien agregó que también se corre el riesgo de que “se le vulneren los derechos material y técnica a los imputados y, por lo tanto, se declare una nulidad del proceso”.
Luis Servellón, es uno de los dos defensores que argumentaron que no fueron notificados de la presentación de la acusación fiscal.
“Planteé un incidente porque no tuve acceso, de hecho no tengo acceso al dictamen de acusación, ellos aseguran (que) en el caso mío, me notificaron pero vía fax, pero que el fax está directo, algo que no creo que sea cierto porque tengo secretario”, aseguró Servellón.
El juzgado ha programado para el 27 de noviembre próximo la reanudación de la audiencia preliminar contra los 14 imputados.