Un hecho que estremeció la democracia en El Salvador, la toma por asalto de la Asamblea Legislativa por parte del presidente Nayib Bukele y la Fuerza Armada en compañía de la Policía Nacional Civil se mantiene sin ningún proceso judicial a un año de sucedido el hecho, y a dos meses desde que fue notificada la Fiscalía General de la República por la comisión especial.
El Diario de Hoy consultó a la oficina de Comunicaciones de la Fiscalía General si habían diligencias iniciadas por el caso del 9F luego de la notificación hecha por la Asamblea Legislativa, pero al cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta.
La Comisión Especial creada por la Asamblea Legislativa para recopilar información de lo sucedido ese día, concluyó un informe de 60 páginas que el 9 de diciembre de 2020 fue notificado al fiscal general Raúl Melara, sin embargo, a la fecha, no hay ningún proceso judicial ni solicitudes de antejuicio contra los funcionarios mencionados de haber cometido posibles delitos con el asalto del palacio legislativo, en una clara violación a la independencia de poderes y a la Constitución de la República.
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En el informe se menciona que la justificante de Bukele para invadir la Asamblea Legislativa fue la aprobación de un préstamo de $109 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, para el financiamiento de la fase III del Plan Control Territorial.
El documento recoge el amedrentamiento e intimidación que vivieron los diputados un día antes de la toma, los cuales se vieron más evidentes cuando los mismos policías preguntaban a los legisladores si asistirían a la plenaria convocada por Bukele.
Los informes emitidos por el entonces jefe de seguridad, Florentín Reyes Dheming, demuestran el uso excesivo de la fuerza por parte del director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas. “Quedó evidenciado que el director de la PNC, comisionado Arriaza Chicas, rompió con la independencia de la PNC ya que la subyugó al mando de la Fuerza Armada, quitando el carácter civil de las actuaciones de la PNC, violentando el artículo 159 inciso segundo de la Constitución de la República”, señala el documento.
“El actuar del ministro de la Defensa, así como del director de la PNC, fueron determinantes para llevar a cabo los hechos del 9 de febrero, poniendo en peligro la democracia y la división de poderes, por tanto ambos no deben estar ocupando los cargos para los que fueron nombrados”, afirma.
En el mismo informe se establece que las acciones cometidas por Bukele, la Fuerza Armada y la PNC constituye un Golpe de Estado contra la Asamblea Legislativa…, y en las que el presidente Bukele usurpó el curul que le corresponde al presidente de la Asamblea, Mario Ponce.
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En el informe, los diputados recomendaron la destitución de Arriaza Chicas de la PNC por graves violaciones a los derechos humanos según los artículos 12 y 21.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. “Para el caso del comisionado Arriaza Chicas, la presente resolución es de carácter vinculante y por tanto queda destituido de dicho cargo a partir de esta fecha, so pena de incurrir las responsabilidades civiles, administrativas y penales”.
Asimismo, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy debe ser destituido por su grado de participación.
Bukele no ha cumplido con destituir a Arriaza Chicas y a Merino Monroy, según lo estipulado en el informe de la comisión.
El 9 de diciembre pasado, la Asamblea dio aviso y notificó al fiscal general, Raúl Melara, sobre los posibles delitos cometidos por: Nayib Armando Bukele Ortéz, presidente de la República; René Francis Merino Monroy, ministro de Defensa; Manuel Antonio Acevedo López, jefe del Estado Mayor Presidencial; Carlos Alberto Tejada Murcia, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada; y Mauricio Arriaza Chicas, director de la Policía Nacional Civil.
El informe fue firmado por Alberto Romero, Jorge Schafik Handal, Rodolfo Parker, Dina Argueta, René Portillo Cuadra, menos por Guillermo Gallegos, de Gana.