Ginecóloga del Seguro Social acusada de mala praxis fue absuelta dos veces

Fiscalía la acusó de lesiones culposas en una paciente mientras le practicó la cesárea, pero juez dijo que no fue probado.

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Foto EDH / René Quintanilla.

Por Mirella Cáceres

2019-09-12 9:30:17

Una ginecóloga del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) que por razones de privacidad se le identificará como A.C.L. enfrentó a dos jueces distintos por un mismo caso: se le acusaba de haber causado lesiones culposas (sin dolo) en una paciente al practicarle una cesárea en 2017. Pero en ambas instancias la doctora fue absuelta.

Un juzgado de Instrucción la había absuelto luego de que la Fiscalía General de la República la acusó de lesiones culposas en perjuicio de la paciente M.B.B., a quien practicó una cesárea el 7 de febrero de 2017.

Pero la Fiscalía apeló la resolución y un tribunal superior (cámara) ordenó que se repitiera el juicio.

El pasado 3 de septiembre, el Juez Tercero de Sentencia de San Salvador la declaró no culpable por no encontrar relación entre las lesiones en la paciente con el procedimiento de la ginecóloga.

Para el juez, era “innegable” que la paciente sufrió lesiones, que perdió su útero y capacidad reproductiva, además de otras afecciones, pero que estas no están relacionadas con la cirugía en el ISSS, si no que, con base en uno de los peritajes, esas lesiones se las hicieron en el Hospital Nacional de la Mujer, donde fue sometida a una histerectomía (extracción del útero) el 2 de marzo, es decir, 22 días después de la cesárea en el Seguro.

“Lo que puedo concluir es que hubo una lesión en la vejiga, pero no pudo ser atribuida a la imputada… desde el punto de vista probatorio no se le puede atribuir este hecho a la imputada”, sentenció el juez.

Tras escuchar la resolución, tanto la ginecóloga como su demandante rompieron en llanto. La primera porque por segunda ocasión se le exoneraba de responsabilidad en este caso. Pero la joven lo hacía por un nuevo revés en este otro proceso con el que buscaba justicia.

Y era comprensible, la joven demandante no podrá procrear de nuevo, pues, su útero fue extirpado en la operación.

Es en ese punto en el que chocaron los argumentos de la Fiscalía con los de la defensa de la acusada.

De hecho, el Juez Tercero de Sentencia basó en parte su fallo en el peritaje del ginecólogo presentado por la defensa, al decir que la paciente demandante no pudo haber ido ni a orinar ni haber sobrevivido por 22 días con una hemorragia como se planteaba en la acusación.

Citando el análisis del especialista, del que consideró “desde el plano científico más fiable”, el juez dijo que “no es posible que la paciente estuviera asintomática” y que por tres semanas no presentara una hemorragia incontenible.

Sobre los peritajes de los médicos del Instituto de Medicina Legal presentados por la parte fiscal, el juzgador expresó que resultaba “muy temerario atribuirse (las lesiones) a la primera cirugía” (la cesárea).

Incluso, el juez agregó – al citar al especialista – que la extirpación del útero en la paciente fue una medida extrema y que las lesiones que sufrió la paciente son consecuencias de la segunda intervención en el Hospital Nacional de la Mujer.

La acusación fiscal

En el requerimiento presentado por la fiscalía contra la doctora, plantea que la paciente llegó al ISSS Amatepec el 6 de febrero de 2017 con dolores de parto, pero ahí le dijeron que lo que presentaba era una infección de vías urinarias; al siguiente día, regresa al hospital con dolores “lumbo-pélvicos” y dio a luz por cesárea.

La paciente recibió el alta médica el 10 de febrero de 2017, pero al bebé lo dejaron ingresado porque se había informado al pediatra que la madre “había tenido el problema de infección en las vías urinarias”. Seis días después, a la paciente le quitaron los puntos de la cirugía en la Unidad Médica del ISSS de Ilopango y, tras un chequeo médico, “le dijeron que todo estaba bien”, por lo que se fue a casa “no advirtiendo algo que estuviera mal con su salud”.

El 2 de marzo, es decir, catorce días después de haber sido dada de alta, la paciente despertó en la madrugada con hemorragia profusa. Fue llevada inmediatamente al hospital del ISSS de Amatepec, donde sostiene que le informaron que ya no era cotizante, según el sistema informático. Aún así, aprobaron que le aplicaran suero y le tomaran exámenes.

Al final de la atención, la remitieron al Hospital Nacional de la Mujer, donde fue ingresada ese mismo día (el 2 de marzo) con diagnóstico de hemorragia posparto tardía. “Presenta un cuadro clínico grave, que indica dehiscencia total de histerorrafia, desgarro cervical, irreparable, retención de restos placentarios, sepsis, hipotermia y lesión vesical”, decía el informe, por lo que fue operada y le atendieron una lesión vesical.

En resumen, a la paciente le repararon una lesión y le extirparon el útero, procedimiento mediante el cual la paciente evolucionó y superó las complicaciones.

El 8 de junio, poco más de cuatro meses después, se le realizó en Medicina Legal un reconocimiento médico forense a la paciente por parte de dos doctoras, quienes según la Fiscalía, tuvieron a la vista certificación de expediente clínico en el que consta, entre otros hallazgos, que la paciente presentó un cuadro de complicaciones tras la cirugía practicada en el ISSS Amatepec y que le causaron pérdida del útero.

Además, “la sutura de la cesárea se abrió causando el sangramiento”, y que además “se soltaron dos arterias, causando sangramiento obstétrico, que aunado a la retención de restos placentarios, el desgarro no tratado del cérvix, la lesión en la vejiga causó infección, y sepsis.

Todo esto, dice Fiscalía, puso en riesgo la vida de la paciente y obligó a operarla para extraerle el útero. (Ver gráfico)

En consecuencia, añade, a la paciente le provocó una secuela permanente que le impedirá concebir y que debido a la ingesta de antibióticos no había podido amamantar a su bebé hasta aquel momento en que declaró ante la Fiscalía, entre otros.

En su acusación, el ministerio público señaló por un lado que lo sufrido por la paciente fue por el “procedimiento médico de cesárea” en el ISSS Amatepec y que la extracción del útero y otros procedimientos realizados en el Hospital Nacional de la Mujer “fueron los necesarios para salvar la vida de la paciente”.

Lo que planteó la defensa

La Fiscalía giró orden de detención contra la ginecóloga, la que se ejecutó a las 8:50 de la mañana del 29 de junio de 2017, frente al ISSS de Amatepec. Entre los documentos que presentó la Fiscalía está la copia del expediente clínico de la demandante practicada en el Hospital Nacional de la Mujer y el del ISSS. También adjuntó los informes de médicos del Instituto de Medicina Legal que establecieron la relación entre las lesiones de la joven con la cesárea practicada por la ginecóloga.

Ante esto, los defensores de la demandada plantearon que las dos doctoras de Medicina Legal que examinaron a la paciente “no estaban calificadas para determinar el buen o mal procedimiento que sufrió la víctima”, ya que no cuentan con la especialidad de Ginecología y Obstetricia.

En contraste con el informe de Medicina Legal, dice la defensa, la perito presentada por ellos y por la Fiscalía (una especialista que trabaja para la red pública de salud), tienen la especialidad de ginecólogo obstetra y ultrasonografista y ginecología y obstetricia, respectivamente. Además, ambos coincidieron en que tras revisar los expedientes, no hallaron asociación entre la cesárea practicada por su defendida con algún tipo de lesión en la paciente.

La defensa también cuestionó la “desproporcionada decisión de operar de inmediato a la paciente” en el hospital nacional, el cual es un incumplimiento en la ejecución de las atenciones y procedimientos médicos y quirúrgicos diferentes y previos a la histerectomía que se requieren por el estado y diagnóstico de la paciente; además que hubo una lesión vesical como resultado de la impericia en el manejo de la unidad de cuidados intensivos, según consta en el proceso.

Esto último porque, según el expediente del Hospital Nacional de la Mujer, recibió a una paciente estable con un cuadro que no ameritaba una intervención quirúrgica, y que no se agotaron todos los procedimientos médicos de rigor antes de extirpar el útero. “Fue una impericia tanto la intervención quirúrgica como en los procedimientos posteriores. (Estos) incluyen lesión de la vejiga urinaria y otras malas prácticas que ocurrieron por los médicos del Hospital Nacional de la Mujer”, apuntó la defensa.

Por esas razones, sostuvieron que su clienta no era responsable del delito de lesiones culposas en perjuicio de la paciente, pues según el perito y lo que consta en el expediente hospitalario del Seguro Social Amatepec, “no ha existido mal procedimiento” y que lo que se le practicó fue de acuerdo a los cánones establecidos.

En su sentencia, el Juez Tercero de Sentencia coincidió de alguna manera con la defensa.
“No encuentro datos objetivos que digan en qué vulneró la imputada las normas quirúrgicas… peritos dicen que hubo un procedimiento correcto…”, concluyó. Su sentencia escrita la dará el próximo 16 de septiembre.

LO QUE DICE LA DOCTORA: “Lo que habla es el expediente y la evolución del paciente”

La ginecóloga y cirujana A.C.L. niega haber causado lesiones en la paciente que la demandó. Dice que hizo el procedimiento correcto de la cesárea, verificó que no había sangrado, evolucionó bien y le fue dada el alta a los tres días.

Niega que haya dejado restos de placenta porque, según ella, si al extraerle la placenta, que es como un disco, y quedara una parte que se llama lóbulo, pegada en la matriz, causaría una hemorragia, pero que esta no se le va a manifestar 22 días después del parto, sino tres o cuatro horas después.

Además, dice que lo extraído lo envió a estudio en Patología del ISSS, como es el protocolo y ese estudio arrojó que era “normal”.

Sobre la acusación de que le había causado una lesión en la vejiga, la doctora dice que una herida de 5 cm habría drenado orina hacia dentro, causándole una peritonitis química, porque la orina es irritante y eso habría obligado a la paciente a regresar al hospital con “un dolor insoportable” y su orina teñida de sangre tres o cuatro días después de salir de la cesárea. Esto se cae también por que la paciente fue a que le retiraran los puntos, y no tenía dolor ni calentura y caminaba bien.

“Ellos como ginecólogos y nosotros también sabemos cómo evoluciona una paciente cuando ha tenido complicaciones en una cesárea, no se va a tardar 26 días en llegar”, explicó.

Para ella, los médicos del Hospital Nacional de la Mujer debieron realizar ciertos procedimientos antes de operar y no solo hacerle una ultra. “La paciente y los médicos que la operaron pueden decir cualquier cosa pero lo que habla es el expediente y la evolución de la paciente”.

LO QUE DICE LA FISCALÍA: “Las víctimas deben tener una explicación científica, jurídica…”

Ante este segundo revés, el fiscal Miguel Morán expresó que estudiarán si apelan la decisión: “Se va a analizar el fundamento que ha tenido el juez para tomar esa decisión y si consideramos que causa agravio y procede, se va a presentar la apelación”.

Recordó que en la etapa de instrucción, la jueza desestimó la pretensión de la Fiscalía, que se apeló y una cámara consideró que debía conocerse en vista pública (juicio). “Hay precedente de tribunales superiores para valorar de una forma más integral todos los elementos probatorios”, afirmó.

Según Morán, ellos presentaron peritajes del Instituto de Medicina Legal ( IML) por que es el órgano competente para este tipo de peritajes y que la defensa propuso otro peritaje, que por patrocinarlo ellos, “siempre hay un sesgo pero es algo que el juez no ha valorado”. En cambio, dijo, ellos presentaron al equipo de médicos que operaron la segunda vez y confirmaron lo que dijo el IML.

Sobre la responsabilidad de los médicos del hospital nacional, como lo citó el juez, Morán dijo que actuaron con base en el dictamen del IML y que este apuntó a la cirugía en el ISSS porque hay un indicio de un hecho delictivo y que no tienen un peritaje que apunte contra el hospital nacional, si no de que ellos actuaron para salvar la vida de la paciente.

Pese al fallo, Morán cree que este caso sienta un buen precedente, pues, hay muchos que pueden estar en igual situación.

“El acceso a la justicia se le ha dado a la víctima y todos los que sufren estos casos deben tener una explicación médica, técnica, jurídica y judicial de qué les ha ocurrido”, señaló el funcionario.