El domingo 21 de marzo, el presidente de la República volvió a dirigirse a los salvadoreños por medio de una cadena nacional.
El objetivo de esta era enviar un mensaje triunfal después de la arrolladora victoria de sus dos partidos, Nuevas Ideas y GANA, en los comicios del 28 de febrero. Después de estos, el oficialismo se agenció la mayoría calificada del Legislativo y la amplia mayoría de alcaldías del país.
A diferencia de sus cadenas anteriores, el presidente lució más sereno. Este fue un discurso a solas, no rodeado de su gabinete o el usual grupo de policías y militares que le acuerpan en sus alocuciones.
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El tema principal fue destacar que el triunfo de su partido fue democrático y que desde el 1 de mayo, el oficialismo tendrá el control que la gente decidió darle.
Sin embargo, en el discurso en apariencia moderado mantuvo algunas de las líneas retóricas que ha manejado por años.
Su mensaje tuvo, como es usual, apelaciones a una historia que inicia el día que llegó al poder, así como descalificaciones a los “grupos de poder tradicionales”, categoría donde engloba a partidos políticos tradicionales pero también a sus críticos.
Y en algunos pasajes de su discurso, como ha sucedido anteriormente, Bukele se alejó de la realidad que ha reinado en el país desde el 1 de junio de 2019, cuando asumió las riendas del país, y planteó supuestas actitudes y formas de ejercer el poder que no tienen asidero en los hechos de los últimos casi 22 meses.
Un triunfo “democrático”
Es indiscutible que el presidente de la República, Nayib Bukele, llegó a la presidencia en 2019 con una amplia validación de la población. El 3 de febrero de ese año obtuvo más del 53% de los votos y su apoyo fue mayor que el de ARENA y el FMLN juntos.
Asimismo, en las elecciones legislativas y municipales, el bando oficialismo incrementó su caudal de votos. En resumen, es una realidad que los salvadoreños han decidido depositarle la confianza al bando de Bukele para que gobierne, legisle y haga nombramientos de funcionarios de segundo grado.
Pero la democracia es una forma de gobierno que va más allá de la legitimación popular. Es decir, no basta con ser electo democráticamente, debe gobernarse de manera democrática.
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Y es ahí donde las palabras de Bukele, su contante exaltación a la democracia, chocan con el primer muro de la realidad.
Uno de los pilares más básicos de la vida democrática es que se celebren elecciones libres y justas. Pero en el ciclo electoral recién terminado, el Gobierno hizo un uso indebido de sus recursos y su influencia para favorecer a los candidatos que promovían Nuevas Ideas y GANA.
Fue común durante este ciclo electoral ver a funcionarios haciendo proselitismo, algo que prohíben la Constitución, el Código Electoral y que ha sido reforzado por la Sala de lo Constitucional, quien recordó en 2014 que es ilegal prevalerse de un cargo y la influencia que este trae para hacer campaña.
El discurso de Nayib Bukele estuvo cargado de alusiones a la democracia e incluso una mención al sistema republicano de gobierno que se basa en el respeto al balance de poderes.
Sin embargo, en su administración ha usado el poder de los cuerpos de seguridad como una herramienta de presión, algo que rompe el espíritu de los Acuerdos de Paz y la institucionalidad democrática.
En este proceso resalta la toma militar de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020. En ese momento, el presidente hizo uso indebido de las armas y presionó a los diputados para que votaran por un préstamo.
Hablar de república y democracia implica respetar la Constitución, pero en la realidad, el gobierno ha transitado en el sentido opuesto.
El mismo presidente, el día de las elecciones, hizo un llamado al voto por el oficialismo, en irrespeto a la legalidad. Esta actitud luce como un calco exacto de lo que hizo el expresidente Mauricio Funes, quien el 2 de febrero de 2014 salió a pedir el voto por quien se convertiría en su sucesor, Salvador Sánchez Cerén, en contravención a la Constitución.
El gobierno también irrespetó la prohibición de inaugurar y publicitar obras públicas u otros programas en el periodo inmediatamente anterior a las elecciones. Esta previsión se hace para evitar una ventaja indebida de cara a los comicios.
Y al mismo tiempo que el oficialismo aprovechaba una ventaja indebida con fondos públicos, la oposición compitió “con las manos atadas”. Esto, pues el gobierno no desembolsó la deuda política, es decir el financiamiento que los partidos deben recibir del Estado. Esto colocó a la oposición en clara desventaja ante una poderosa maquinaria estatal.
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Por otro lado, el Gobierno optó por no desembolsar el Fodes que por ley debe otorgar a las alcaldías. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, incluso bromeó que ese dinero tal vez se entregaría después de las elecciones.
Con esto, el Ejecutivo logró ahogar financieramente a la mayoría de comunas del país, que usan este dinero no solo para obras e inversión, sino para pago de planillas y su operación diaria.
En resumen, el electorado salvadoreño sí optó por darle la mayoría al consorcio deNuevas Ideas y GANA, pero las condiciones de la elección no fueron justas o equilibradas para todos los bandos en contienda.
Y la democracia, que ahora el presidente pregona, estuvo presente en el procedimiento, pero al hacer un análisis más cuidadoso, es notable el abuso de los fondos y el privilegiado megáfono del Estado.
Libertad de expresión
En su discurso, el presidente hizo alusión a que los “grupos de poder tradicionales” se les acabó su influencia para legislar o promover nombramientos de segundo grado.
Sin embargo, dijo que podrán seguir emitiendo sus opiniones en comunicados, eventos o entrevistas, y afirmó que en El Salvador “se respeta la libertad de expresión”.
Si bien la Constitución reconoce este derecho en su artículo 6, las acciones de su gobierno han ido en la dirección contraria. En menos de dos años en el poder, el presidente y sus funcionarios han acosado y humillado a periodistas y ciudadanos críticos. Esto se ha traducido en hostilidades y discursos de odio de parte de fanáticos del gobierno y hasta amenazas a quienes cuestionan al gobierno, algo que Bukele nunca ha censurado o condenado.
También se ha utilizado el músculo regulador del Estado para intentar intimidar a medios y se ha utilizado la pauta del Estado para castigar a quienes ejercen el periodismo de manera crítica.
El gobierno ha cerrado canales de comunicación con medios independientes, que no cuentan con versiones de funcionarios, y cada vez más se cercena el acceso a la información pública, que funciona como la contraparte necesaria de la libertad de expresión.
La afectada es la ciudadanía, que cada vez más pierde acceso a voces críticas y preguntas legítimas y a quien se le cierran las puertas para saber cómo se usan los recursos públicos.
En esa misma línea, el presidente ofreció diálogo a sus opositores. No obstante, desde que está en el poder, ha hecho incontables esfuerzos por silenciarlos y castigar a la oposición. Y en su mismo discurso, dijo que no negociará con el FMLN y ARENA, partidos a los que desprecia y que han sido duramente derrotados, pero que obtuvieron casi medio millón de votos en los comicios recién pasados. Si el oficialismo opta por ignorarles por completo, estaría dando la espalda a una porción minoritaria pero importante del electorado.
Y sí, la democracia debe respetar la voluntad de la mayoría, pero con el respeto sin excusas a los derechos fundamentales de las minorías.