La Comisión Política de la Asamblea acordó ayer convocar para el próximo lunes 27 de mayo en la mañana a las distintas organizaciones de la sociedad civil y de representantes de las víctimas del conflicto armado, Iglesias, Fuerza Armada y abogados constitucionalistas para que den sus aportes a los dos anteproyectos de ley de Reconciliación Nacional que estudia la Asamblea.
Lo anterior surge a raíz del retroceso que dieron el jueves pasado en la plenaria los partidos: ARENA, FMLN, PCN y PDC en aprobar el proyecto que había diseñado la sub comisión especial y a la cual han nombrado como una ley que busca la “justicia transicional sin abrir heridas del pasado”.
Este polémico proyecto desató el rechazo de organismos sociales del país, de la comunidad internacional de derechos humanos, de embajadores radicados en El Salvador y de algunos abogados como el coordinador jurídico del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Arnau Baulenas, entre otros.
Sin embargo, el anteproyecto legislativo goza de respaldo de otros abogados constitucionalistas como Francisco Bertrand Galindo, para quien la sentencia de la Sala de lo Constitucional que derogó la Ley de Amnistía de 1993, ordenó a la Asamblea legislar los vacíos que quedaron tras su anulación.
Bertrand Galindo opina que los diputados deben legislar en buscar el conocimiento de la verdad de lo que pasó hace tres décadas en el conflicto armado, más que en llevar a la cárcel a los que resulten responsables de crímenes de guerra.
Pero el otro documento que fue presentado la semana pasada a la Asamblea por las 30 organizaciones representadas en la Mesa contra la Impunidad, el Grupo Gestor para la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado y Comisión Pro Memoria Histórica, quiere enjuiciar a todos por igual y aplicar prisión aunque los imputados admitan su delito, pidan perdón y ayuden a esclarecer otros casos.
Esto último es una de las marcadas diferencias entre el anteproyecto de la Asamblea y el de las organizaciones de la sociedad civil, ya que en el anteproyecto del Órgano Legislativo se suprime la cárcel por servicio de utilidad pública que podría ser de entre 3 a 10 años dependiendo de la gravedad del hecho cometido durante la guerra.
Este aspecto no es válido para los organismos que dicen representar a las víctimas del conflicto armado, quienes exigen prisión para todo aquel que sea hallado culpable de graves violaciones a los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad.
Alberto Romero, diputado de ARENA, explicó que las propuestas que pretendan modificar las discrepancias entre ambos proyectos no deberán salirse del esquema establecido que diseñaron los técnicos de la Comisión Política.
Los técnicos diseñaron un cuadro comparativo en el que plasman las coincidencias y diferencias que tienen ambos proyectos de ley. Según Romero, las consultas e insumos que brinden los invitados al foro del lunes no implicarán la posibilidad de presentar una contrapropuesta a las dos existentes.
Las principales discrepancias entre una y otra ley se centran en que la diseñada por la Asamblea exonera de cárcel en general a todos los que hayan participado de forma directa o indirecta de crímenes de guerra o de lesa humanidad.
Mientras que la de las organizaciones de la sociedad civil exigen penalizar con base a las leyes vigentes de la época del conflicto armado, del Código Penal actual y de la Constitución, a quienes resulten culpables de crímenes de guerra y busca el resarcimiento civil a las víctimas por parte del hechor y una pensión que brindará el Estado.
Otro dato que se observa en el proyecto legislativo es que la carga de la investigación se la dejan al cien por ciento a la Fiscalía, obligando a esta institución a crear una entidad especial que reciba las denuncias en un tiempo perentorio de cinco meses y resuelva si admite los casos en un plazo de 10 días, sin considerar que estos podrían ser voluminosos y complejos. (Ver más detalles en recuadros).
Diputados contra reloj
Carlos Reyes, jefe de fracción de ARENA, dijo que la intención de convocar a todos los sectores involucrados es para abonar a los proyectos existentes y ver si se puede reformar algunos aspectos que han sido criticados, como es el caso de las penas, pero no quiso casarse con los tiempos que eso podría tener.
El 13 de julio del presente año es la fecha fatal que la Sala de lo Constitucional les dio a los diputados cuando en julio del año pasado los magistrados les recordaron que desde 2016 que emitieron sentencia para que la Asamblea aprobara una Ley de Reconciliación Nacional, no habían avanzado en cumplir el fallo judicial.
“Vamos a escuchar a todo mundo”, explicó Reyes, incluso, no descartó que entre los abogados constitucionalistas que invitarán el lunes al intercambio de propuestas convoquen a los ex magistrados de la Sala de lo Constitucional quienes fueron los artífices del fallo que derogó en 2016 la Ley de Amnistía de 1993 y ordenó a los diputados diseñar una nueva reglamentación que no “exonerara a los exmilitares y exguerrilleros de crímenes cometidos durante la guerra salvadoreña”.
En julio de 2018 el presidente de la Asamblea de ese entonces, Guillermo Gallegos, de GANA, tuvo que comparecer ante los exmagistrados de la Sala de lo Constitucional para explicar el por qué del atraso, también lo hicieron la Fiscalía y el Órgano Ejecutivo.
Gallegos se excusó que no habían propuesto una Ley de Reconciliación Nacional porque esperaban que ésta llegara desde la Presidencia y se comprometió a crear una comisión ad hoc que se dedicara exclusivamente a diseñar la ley.
Eso fue lo que pasó desde entonces y la comisión fue creada con actores como Nidia Díaz, del FMLN; Antonio Almendáriz y Francisco Merino, del PCN; Rodolfo Parker, del PDC; y Mauricio Vargas, de ARENA, personajes que las organizaciones sociales han “impugnado” porque critican que tienen “conflicto de interés” por su participación en la guerra de los años 80.
Leonardo Bonilla, diputado no partidario, quien afirmó que no votaría por la ley como estaba diseñada el jueves pasado, expuso ayer que si se agrega la proporcionalidad de la pena, endosaría su respaldo. Bonilla cuestiona que no es posible penalizar con tres años genocidios.