Oposición rechaza la petición del Órgano Ejecutivo de suspender derechos

Diputados de ARENA, FMLN y PDC dicen que no votarán por el régimen de excepción que pide el Ejecutivo, pues consideran que para poder atender la pandemia se necesita medidas sanitarias, no limitar derechos fundamentales

Lo aprobado ayer con 71 votos busca aliviar el impacto de las medidas de confinamiento en las micro, pequeñas y medianas empresas que no han podido operar los últimos meses. Foto EDH / Archivo

Por Diana Escalante- Eugenia Velásquez

Jun 26, 2020- 05:00

Los partidos de oposición, ARENA, FMLN y PDC, rechazaron en la plenaria de este jueves apoyar un régimen de excepción como lo ha propuesto el Órgano Ejecutivo para enfrentar la pandemia del COVID-19.

Los diputados argumentaron que para contrarrestar la pandemia, el Gobierno no necesita restringir derechos fundamentales, ni volver a “encerrar” a la población con una cuarentena obligatoria sin tener una justificación técnica. Por el contrario, afirman que lo procedente es dictar medidas sanitarias con evidencia científica.

Por tratarse de suspensión de derechos fundamentales de la población resguardados en la Constitución de la República, el Ejecutivo requiere que el Congreso los avale con mayoría calificada, es decir, con 56 votos. Por lo tanto, si ARENA y el FMLN no aceptan la propuesta, el Gobierno no podrá aplicar un nuevo régimen de excepción.

Consecuencias económicas de la cuarentena

La decana de Economía de la ESEN, Carmen Aída Lazo, explicó que mantener el encierro puede traer duras consecuencias y deja incierto el proceso de recuperación. 1) Cae el ingreso de las familias cuya actividad económica se vea afectada. “Se ha hablado del inminente riesgo de que cientos de miles de familias se deslicen a una situación de pobreza o pobreza extrema”, advierte Lazo. Además caen considerablemente las remesas.2) Mantener cerrada la actividad económica golpeará las finanzas públicas pues el Gobierno deja de percibir ingresos. Esto amplía el déficit fiscal. Como referencia, dice, en mayo la recaudación cayó $212 millones con respecto a proyecciones del presupuesto.3) Al paralizar empresas exportadoras, caen las divisas. En mayo, las exportaciones cayeron un 60% con respecto a 2019. 4) Al prolongar la paralización, se impacta al empleo formal y se prevé dificultades de personas de cumplir con obligaciones financieras y de pago a proveedores.

El diputado de ARENA, Carlos Reyes, recordó que el Congreso en dos ocasiones aprobó un estado de excepción pero el Gobierno cometió abusos, como arrestos por violar la medida de confinamiento domiciliar obligatorio. Por ello, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia lo declaró inconstitucional. “Nosotros somos respetuosos de las resoluciones de la Sala”, aseguró el funcionario.

Su colega, René Portillo Cuadra, señaló que en la propuesta de decreto que los asesores jurídicos de Nayib Bukele presentaron el miércoles al Órgano Legislativo no hay ningún artículo que regule medidas sanitarias, sino que todas tienen que ver con limitaciones de derechos fundamentales: la libertad de tránsito, de reunión y de cambio de domicilio.

Por esa razón, aseveró el parlamentario, su partido no dará los votos para aprobar un régimen que ya fue declarado inconstitucional.

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“Toda la legislación que contiene el proyecto de decreto de régimen de excepción del Gobierno fue expulsada del ordenamiento jurídico (por parte de la Sala de lo Constitucional) porque trata de violentar y limitar derechos constitucionales. No vamos a acompañar ninguna ley violatoria de los derechos de los salvadoreños; al contrario sí creemos que debe promoverse una ley que regule medidas sanitarias”, apuntó Portillo Cuadra.

Por la mañana, los diputados expresaron que en vez de enviar más decretos “inconstitucionales”, el mandatario debía sancionar el decreto 661, aprobado días atrás en el Congreso, pues explicaron que este contiene todas las herramientas legales que el Gobierno necesita para enfrentar la crisis sanitaria, entre ellas una cuarentena de 15 días.

“Señor presidente Nayib Bukele, así como dice tener voluntad por cuidar la vida de la población, debería entonces sancionar (aprobar) el decreto 661. Recuerde que la Sala de lo Constitucional ya dio veredicto sobre la suspensión de las garantías ciudadanas, dijo “no” al régimen de excepción”, pronunció la diputada del FMLN, Nidia Díaz.

Por la tarde, Bukele envió vetado por inconstitucional dicho decreto a la Asamblea, pocas horas antes de que se venciera el plazo para hacerlo. Los diputados superaron el veto con 61 votos (ver nota aparte).

El legislador del PDC, Rodolfo Parker, manifestó que esa ley protegía la vida, la salud y la economía y fue consensuada. Él criticó que el gobernante esperara hasta el último día para responder.

“Un plan respaldado por el conocimiento científico para contener el COVID-19 seguramente sería aprobado por la Asamblea de inmediato, pero licencias para detener, dejar sin trabajo y comida a la gente, y no transparentar gastos, deben ser rechazadas”, escribió Parker en Twitter.

Diputados quieren escuchar a abogados y médicos

Durante la plenaria se conoció la pieza de correspondencia que contiene el proyecto de decreto de régimen de excepción. El diputado de GANA, Guillermo Gallegos, dijo que sería enviado a la Comisión de Legislación y puntos constitucionales para sus respectivo estudio. Él le pidió al presidente de la Comisión, Mario Tenorio, que convocara pronto para conocer la iniciativa y señaló que es obligación de los diputados “dar una Ley que establezca restricciones a la movilidad para contener los contagios”.

Más tarde, el presidente del Legislativo, Mario Ponce, reveló que tras hacer consultas con los parlamentarios de la Junta Directiva se concluyó que debía ser analizado en la Comisión Política, que es la que ha dado trámite a peticiones similares durante la pandemia.

En la plenaria se acordó que el lunes y martes se reciba en la Comisión Política abogados constitucionalistas y representantes de organizaciones que velan por los derechos humanos para que opinen sobre la viabilidad de decretar un régimen de excepción.

También se pedirá que comparezca el ministro de Salud, Francisco Alabí, para que dé información precisa, entre ella “un mapa de sospechosos de COVID-19, dónde se dan la mayoría de contagios, en qué zonas específicas”. Además, citarán a profesionales de salud, principalmente a epidemiólogos, para que den su opinión sobre el tema.

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Mientras que la solicitud del Ejecutivo para un régimen de excepción pasó a la Comisión Política, que el lunes recibirá al ministro de Salud, epidemiólogos, y otros expertos para analizar dicha propuesta.

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