Diputados no lograron avalar en última sesión plenaria la Ley de Reconciliación

La normativa fue vetada por el presidente Bukele en febrero del año pasado. Los diputados de la comisión política emitieron dictamen favorable pero no hubo votos en el pleno. También quisieron ratificar el 9F como el Día del “Golpe del Estado Fallido Nunca Más”, pero no lograron superar el veto de Bukele a ambos decretos.

Yanci Urbina, diputada el FMLN miembro de la Junta Directiva de la Asamblea se lleva con sus pertenencias al finalizar la plenaria. Foto EDH / Jonatan Funes

Por Eugenia Velásquez

Abr 27, 2021- 22:00

Los diputados no quisieron irse de esta legislatura, sin antes tratar de cumplir con uno de los mandatos que les dio la Sala de lo Constitucional, de aprobar una Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, tras la derogatoria de la Ley de Amnistía en julio de 2016 por la Sala de lo Constitucional.

Los diputados de la Comisión Política emitieron dictamen favorable durante la plenaria, pero al final de la misma el dictamen no fue introducido al pleno, ya que según diputados de ARENA y PDC no se lograron los votos suficientes, 56 para rebasar el veto del presidente Nayib Bukele.

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“No hay acuerdo para pasarlo”, relató escuetamente el diputado René Portillo Cuadra, de ARENA; mientras que su colega Rodolfo Parker, del PDC, dijo: “no se aprobará nada más”.

La Sala de lo Constitucional había dado dos prórrogas a la Asamblea e incluso mandó a llamar a la Asamblea y al Órgano Ejecutivo para que explicaran los motivos del retraso para crear el instrumento legal que garantizara la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos de la guerra, la reparación de las víctimas y la provisión de recursos necesarios para responder a las necesidades de verdad y justicia.

Pero Bukele vetó dicho decreto en febrero del año pasado, aduciendo que es “inconstitucional”, la tildó de ser “una ley tan asquerosa como la anterior, pero le han puesto una gragea de chocolate”, dijo en febrero de 2020. Además, la llamó la “última infamia de la Asamblea Legislativa”.

Sin embargo, los diputados justificaron en su momento que la normativa contiene lo que la Sala de lo Constitucional exige, que es la reparación de los daños a las víctimas del conflicto armado de la década de los 80’, el derecho a la justicia y conocer la verdad. El FMLN no la respaldó.

La normativa también tuvo el rechazo en un principio de diversas organizaciones sociales como Fespad que aducían la falta de penas severas para quienes resultaran culpables de crímenes de guerra o de lesa humanidad. Criticaban que dejaba abierta la puerta para la conmutación de penas por razones de enfermedad y edad.

A pesar de las expresiones del presidente Bukele, su gobierno se opuso en septiembre y octubre del año pasado a abrir los expedientes militares relativos a la masacre de El Mozote durante la guerra civil que azotó a El Salvador en la década de los 70’ y 80’. Foto: EDH / Archivo

Para superar el veto presidencial, la Asamblea necesitaba de 56 votos, ya que el rechazo fue por “inconstitucional”, con esta acción se creaba un conflicto que debe dirimir la Sala de lo Constitucional.

Al conocerse que la Comisión Política había emitido el dictamen favorable para superar su veto, Bukele escribió en su cuenta de Twitter en tono sarcástico que ese “adefesio” sería anulado por la nueva Asamblea, así como ha sentenciado de todo lo que los actuales diputados aprueben antes de retirarse el 30 de abril.

“Han decidido superar mi veto a la ley de Amnistía… ¡Felicidades! Pero antes de que este adefesio jurídico entre en vigencia, será derogado por la nueva Asamblea Legislativa. Díganle a sus financistas, que tendrán que pagar por sus crímenes, que esta vez les van a quedar mal”, publicó Bukele.

De inmediato los diputados electos de la denominada “bancada cyan”, comenzaron a replicar el tuit de Bukele con la palabra “derogado”.

“¡Cuente con ello Presidente! La nueva Asamblea no permitirá que los criminales queden impunes”, escribió la diputada electa y exministra de Cultura Suecy Callejas Estrada, al igual que los diputados electos del partido Nuevas Ideas que tomarán posesión el 1 de mayo.

Al no superar el veto de Bukele, los diputados prácticamente se quedaron sin cumplir con el mandato de la Sala, ya que sus funciones terminan el próximo 30 de abril.

Si hubieran rebasado ayer el decreto, éste volvería al Ejecutivo, y el curso que tendría es que Bukele lo hubiera remitido a la Sala de lo Constitucional para que resolviera sobre la controversia.

Gobierno se negó a abrir expedientes militares

A pesar de las expresiones del presidente Bukele, su gobierno se opuso en septiembre y octubre del año pasado a abrir los expedientes militares relativos a la masacre de El Mozote durante la guerra civil que azotó a El Salvador en la década de los 70’ y 80’, pese a que había una orden judicial emanada de un fallo de la Sala de lo Constitucional.

En cuatro ocasiones la Fuerza Armada por órdenes de los altos mandos del Ejército respaldados por Bukele, se negaron a la inspección judicial de archivos militares.

El juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, intentó en cuatro veces distintas cumplir el mandato judicial y el mismo número de veces la Fuerza Armada se escudó en que guarda documentos “secretos” en sus recintos, razón por la cual no se podían realizar las inspecciones judiciales.

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Declaratoria del 9F “Nunca Más”

Además, los diputados de la comisión política esperaban ratificar el veto de Bukele al decreto legislativo que declara el 9 de febrero de cada año como el “Día del Golpe de Estado Nunca Más”.

El 9 de febrero de 2020 marcó un quiebre institucional en El Salvador. El mandatario urgía que la Asamblea le aprobara un préstamo de $109 millones para el Plan Control Territorial, y ante la negativa de los diputados de la oposición por la falta de claridad sobre la ejecución de los fondos; Bukele incitó a la población a protestar frente al edificio de la Asamblea en un acto casi de “insurrección del pueblo”.

Bukele ingresó a la Asamblea y se sentó en la silla que ocupa el presidente del Primer Órgano Legislativo. El mueble que a partir del 1 de mayo se prevé que sea ocupado por uno de sus exfuncionarios más cercanos, el exsecretario privado, Ernesto Castro.

El decreto legislativo también fue vetado por Bukele. El documento hace alusión a los hechos ocurridos el 9 de febrero de 2020 en que el Ejército incursionó en el Salón Azul de la Asamblea con elementos fuertemente armados. La idea de los legisladores es que esos acontecimientos no se vuelvan a repetir.

Esta acción tuvo el repudio internacional de políticos demócratas y de organizaciones que velan por los derechos humanos y el respeto al Derecho de Estado y la independencia de Poderes, pues fue tomado como un signo de “autoritarismo dictatorial” por parte del presidente Bukele.

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