Como una “burla” y una “falta de respeto para la población” han calificado la mayoría de diputados el informe que, la semana anterior, hizo llegar a la Asamblea Legislativa el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, el cual contiene información “escueta” sobre las compras realizadas para la construcción del hospital temporal que funcionará en las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco).
Para la Oficina de Asesoría Legal y Anti Corrupción de El Salvador (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) el documento entregado es una forma “maliciosa” de continuar “el patrón” del Ejecutivo de no dar información pública que demuestre a la ciudadanía que se está haciendo uso eficiente y transparente del dinero.
Las críticas de los parlamentarios son debido a que el Gobierno ha informado que la edificación y equipamiento del inmueble en el que se atenderá a pacientes con COVID-19 costará $70 millones, pero los detalles de la inversión realizada fueron presentados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en una página que es resultado de una captura de pantalla de computadora donde solo se observa el tipo de compra de insumo, el nombre del proveedor y el monto invertido.
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Por considerar que el informe no cumple con los requisitos plasmados en el decreto de emergencia nacional que el Congreso aprobó el mes pasado —en el que obliga al Gobierno a entregar un informe detallado cada 30 días sobre el uso de los fondos que se le han autorizado— los diputados de ARENA, FMLN, PCN y PDC no darán por recibido el documento.
El diputado Norman Quijano, de ARENA, explicó a El Diario de Hoy que está previsto que la Junta Directiva de la Asamblea aborde el tema esta semana y envíe una nota al MOP, en la que se le expondrá que no acepta como informe la página enviada y pedirá un documento pormenorizado.
“Eso no es informe, es una fotocopia, eso no llega ni a resumen ejecutivo. Considero que es una burla porque no refleja absolutamente nada; estamos hablando de centenares de millones de dólares que ya se han invertido” reprochó Quijano.
Él fue secundado por el diputado del PCN y presidente del Órgano Legislativo, Mario Ponce, quien expresó que el documento que envió Rodríguez Herrera “no cumple con los requisitos mínimos para que el Congreso lo acepte como tal” y lo que procede es que el MOP entregue un informe detallado de la inversión que se ha hecho hasta la fecha.
Yanci Urbina, del FMLN, señaló que cada vez que se le ha asignado recursos al Ejecutivo para atender la emergencia sanitaria se le ha pedido que presente informes en los que cumpla el criterio de máxima publicidad y explique en qué se está invitiendo el dinero, cuáles son los resultados que se están obteniendo y cuáles son los beneficios que representa para la población.
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“¡Y el primero (informe) que envían es prácticamente una hoja! Es una falta de respeto al pueblo salvadoreño, parece que no hay entendimiento de que son fondos públicos y que una obligación inherente al uso de los recursos públicos es que están obligados a la rendición de cuentas, al acceso a la información”, resaltó Urbina.
El único partido satisfecho con los datos entregados por el MOP es GANA, el partido en el Gobierno. Guillermo Gallegos justificó que la institución envió el detalle de las compras hechas, pero “no dice exactamente que sea un informe”.
“La actitud del Ejecutivo entre líneas dice: ‘nos vale la ley’”
El diputado de ARENA, Ricardo Veláquez Parker, pidió rechazar “ese remedo” de informe y que se haga comparecer en el Congreso a los funcionarios para que rindan cuentas. Sobre la última solicitud, los diputados aún no han decidido.
A juicio de Velásquez Parker, la actitud del Órgano Ejecutivo entre líneas dice: “nos vale la ley”. Señaló que la rendición de cuentas no es negociable y que no justificar los gastos es una violación del funcionario a una obligación expresa del decreto legislativo, por lo que puede acarrear responsabilidad administrativa.
Para el coordinador de asesoría legal de ALAC-Funde, Wilson Sandoval, la rendición de cuentas se agota con la justificación de la información, por lo que la página entregada por el MOP no deja entrever por qué se tomaron ciertas decisiones en términos presupuestarios, por qué se contratron a ciertas empresas o por qué se ejecutaron ciertos gastos o por qué no.
“El informe lo único que hace es agotar parcialmente la rendición de cuentas, decir más o menos cuánto se gastó. No deja ver datos que permitan hacer un juicio de valor en razón de ver si el Gobierno está actuando con transparencia en esta emergencia”, apuntó Sandoval.
Según él, hay una resistencia “grande” del Ejecutivo a dar información pública. Agregó que esto es así desde antes de la emergencia y la ciudadanía no puede ejercer la controlaría social, porque los plazos para pedir cuentas mediante la Ley de Acceso a la Información Pública, por ahora, están suspendidos.