Los diputados de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, Yanci Urbina, del FMLN; y Norman Quijano, de ARENA, coincidieron el lunes en que el fiscal general de la República, Raúl Melara, debe tener un “protagonismo permanente para cumplir y hacer cumplir el orden constitucional” en el marco de la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19.
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Ambos parlamentarios, al igual que otros colegas de sus partidos que también son directivos, esperan que esta semana Melara sea citado en el Congreso para saber cómo procederá contra el presidente de la República, Nayib Bukele, y otros funcionarios por desobedecer los fallos de la Sala de lo Constitucional que los obligan a cesar las detenciones arbitrarias por presuntamente violar la cuarentena, así como disposiciones anunciadas para el decomiso de autos y allanamientos de morada sin orden judicial.
“Esperamos que haya un actuar inmediato del parte del fiscal como corresponde en una situación como esta. Nos preocupa este permanente conflicto con la Constitución de la República que ha elevado el presidente al desconocer las Sentencias de la Sala; el hacer una ruptura permanente del orden constitucional nos preocupa mucho”, dijo Urbina.
La legalidad del cerco sanitario que el Ejecutivo le ordenó a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada realizar el fin de semana anterior en el Puerto de La Libertad, así como el veto presidencial anunciado a los decretos que permitirían repatriar a El Salvador a cerca de 4,000 compatriotas que han quedado varados en el exterior por la pandemia y otorgar seguros de vida personal de salud que atiende directamente a pacientes con COVID-19 son otros temas que los diputados de la Junta Directiva quieren abordar con el titular del Ministerio Público.
Quijano informó el lunes en su cuenta de Twitter que esperaban recibir a las 11:00 de la mañana a Melara, pero el encuentro no se dio. Según el diputado, esto se debió a que el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, no convocó al funcionario.
“El fiscal es el garante del principio de legalidad del país. Es el que vela por los intereses del Estado y de la sociedad, a partir de eso es importante tener un acercamiento con él para ver cuáles son sus impresiones, qué es lo que va a hacer la Fiscalía para garantizar los derechos ciudadanos constitucionales, los derechos humanos que se violentaron flagrantemente en el Puerto de La Libertad al restringir la salida (de las personas) fuese justificada o no”, expuso Quijano.
Entre el 21 de marzo y el 13 de abril, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos recibió 471 denuncias de violaciones contra los ciudadanos en la emergencia. La mayoría fueron contra los derechos a la libertad e integridad de los ciudadanos, esto a raíz de las limitantes excesivas que ha impuesto el Gobierno a la circulación de las personas.
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