Diputados de la comisión de Hacienda cuestionaron al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, y al ministro de Defensa, René Merino, sobre cómo planean ejecutar el fortalecimiento del sistema de videovigilancia que funcionará a nivel nacional, en el cual esperan invertir $25.9 millones del préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para el Programa de Modernización de las Instituciones de Seguridad, de la Fase III del Plan de Control Territorial. Son 4,075 las cámaras las que planean comprar.
El cuestionamiento se debió a que hay varios municipios del país que tienen implementados sistemas de videovigilancia y que son responsabilidad de las alcaldías.
“¿Cuáles son los criterios para priorizar los 21 municipios que han aparecido en el número de cámaras? Lo importantes es qué se va a hacer con el número de cámaras que se va a adquirir con este préstamo aunado a un proyecto de cámaras que también tiene la municipalidad de San Salvador, aunado también a lo que ya existe, de la cooperación coreana”, expuso Javier Valdez, diputado del FMLN.
Añadió que San Salvador tendrá una gran cantidad de cámaras de vídeo, al igual que Santa Tecla y expuso sus dudas cómo será la interrelación con el Ministerio de Seguridad y su proyecto a nivel nacional.
Rogelio Rivas dijo que lo que esperan es obtener cámaras de videovigilancia que tengan la capacidad de reconocimiento facial y de placas de vehículos, y que estas que sirvan de apoyo a la Policía para una reacción más inmediata ante un delito.
“En la medida en que los alcaldes se quieran sumar, los vamos a incluir, y si podemos destinar algunas cámaras para ampliar o tener más cobertura, lo vamos a hacer”, indicó el funcionario.