A los diputados les espera una larga lista de pendientes este 2020. Han dejado varios proyectos de ley y reformas a normativas pendientes de estudio y aprobación en la Asamblea.
Algunas de esas medidas tendrían un impacto importante en la población, como es el caso de reformas a la Ley de Pensiones y, tomando en cuenta que es un año pre electoral a los comicios de 2021, no les será fácil lograr un acuerdo unánime para aprobarlos.
En este artículo se hace un breve recorrido por los distintos proyectos de ley en discusión.
Una de las principales modificaciones de ley que este año podría ser el tema de debate más álgido entre los diputados son reformas a la Ley de Pensiones.
Los diputados crearon una comisión especial para ese fin y cuentan con 14 propuestas base sobre las cuales piensan partir para diseñar, ya sea un nuevo proyecto que sustituya al actual sistema de ahorro individual administrado por las AFP o hacer ajustes puntuales a la normativa vigente.
También deberán considerar un documento que el gobierno del presidente Nayib Bukele se encuentra afinando, según informó el mandatario. A la fecha, no se conoce su contenido, pues lo está trabajando el Ejecutivo con total hermetismo.
Entre las iniciativas presentadas por el FMLN, GANA, CD, PCN, ARENA y el diputado no partidario, Leonardo Bonilla, destacan modificaciones al porcentaje de la rentabilidad del Fondo de Pensiones; cambios al cálculo de capital técnico para ajustar la pensión; distribución de las cotizaciones; reformas a la tasa de interés de los Certificados de Inversión Previsional (CIP) ya emitidos; modificaciones al proceso de devolución de saldos, entre otros.
Hay una propuesta que abandera el FMLN presentada por organizaciones sindicales y sociales que plantea un nuevo sistema de pensiones público, universal y solidario, bajo dos pilares: contributivo y no contributivo.
Si bien los diputados de todos los partidos coinciden en que el actual sistema de pensiones ya no responde a las necesidades de los trabajadores que cotizan; por lo delicado del tema, algunos abogan hacer antes reformas puntuales para subsanar las deficiencias del momento y posteriormente discutir un proyecto de ley totalmente nuevo basado en estudios actuariales, factibilidad y sostenibilidad en el tiempo.
La Ley de Reconciliación, que busca resarcir a las familias de las víctimas del conflicto armado también está en estudio en la Asamblea.
Los diputados tienen hasta el 28 de febrero como fecha “impostergable” para aprobarla, tras dos prórrogas que la Sala de lo Constitucional les ha brindado por incumplimiento al fallo que emitió la Sala en 2016 al derogar la Ley de Amnistía de 1993 y exigir a la Asamblea que legislara en materia de justicia transicional y restaurativa de las víctimas de la guerra.
En el camino los legisladores han tenido tropiezos, especialmente en el tema del castigo con cárcel o con utilidad pública para quienes cometieron delitos de lesa humanidad. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos de las víctimas del conflicto argumentan que no están siendo escuchadas por los diputados. Esto también lo hizo ver la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su última visita en diciembre pasado.
La Comisión Política de la Asamblea acordó el 9 de diciembre crear un equipo técnico para que consolide en una matriz comparativa los dos proyectos en estudio. Uno ha sido presentado por la Mesa contra la Impunidad y es respaldado por ARENA, PCN y PDC.
Mientras que al proyecto del Grupo Gestor para la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado y Comisión de Trabajo de Derechos Humanos Pro Memoria Histórica, le dio iniciativa de ley el diputado Juan José Martel de CD y también tiene el respaldo del FMLN.
En los primeros 15 días de enero la comisión de Economía planea continuar con la fase de consultas para la Ley de Protección de Datos Personales y Habeas Data.
Los diputados recibirán a las autoridades de los ministerios de Hacienda, Economía, de la Superintendencia de Competencia, Secretaría de Comercio e Inversión, y Banco Central de Reserva, así como gremiales empresariales.
La nueva normativa busca regular el uso y manejo de datos personales por parte de las compañías privadas y entidades públicas. Después de escucharlos, los parlamentarios pretenden cerrar la fase de consultas y tienen previsto realizar un seminario taller con la participación de representantes de Facebook y Google, además de dos expertos en la materia.
La Ley de Registro de Información Genética y de otros Datos de Identificación es otro proyecto que avanzó el año pasado. Tiene como propósito contribuir a la investigación de hechos criminales, homicidios, violaciones y secuestros.
El 19 de agosto de 2019 se hizo un foro de consulta con especialistas forenses nacionales e internacionales, para obtener insumos y enriquecer el estudio, además se ha establecido conocer otras experiencias a nivel internacional.
La iniciativa fue presentada en 2015 por la diputada de ARENA, Patricia Valdivieso. Con ella se busca facultar al Instituto de Medicina Legal para instalar un banco de datos de ADN con la información genética de condenados que ya cumplen su pena en centros penitenciarios, víctimas de delitos, cadáveres sin reconocer, familiares de desaparecidos y aportadores voluntarios.
La ley de Desplazamiento Forzado; la ley de Inclusión de Personas con Discapacidad; y la ley de la Función Pública son otras en estudio.