Con reacciones encontradas, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron solicitar una nueva prórroga a la Sala de lo Constitucional, pues volvieron a incumplir con el periodo para formular la Ley de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional.
La Asamblea tenía hasta hoy para entregar el proyecto de ley a la Sala de lo Constitucional, sin embargó volvió a incumplir el plazo.
La propuesta de solicitud de prórroga que presentó la Comisión Política ante los legisladores, en una plenaria extraordinaria, era de pedir 150 días (5 meses) más para continuar debatiendo la normativa.
En julio de 2017, cuando se cumplió un año del fallo que anuló la Ley de Amnistía de 1993, la Sala dio dos años para la nueva legislación, pero la Asamblea no cumplió. Por eso, en julio de este año la Asamblea pidió a la Sala la prórroga y esta le otorgó 120 días que resultaron insuficientes para los diputados.
“En virtud de que el plazo concedido por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema ha sido insuficiente entre los grupos parlamentarios y con el propósito de evitar caer en el incumplimiento de la sentencia la Asamblea acordó solicitarles una nueva prórroga”, reza la carta que enviará la Asamblea a la Sala.
Ayer en el pleno el debate se centró en si era pertinente o no solicitar la prórroga, tomando en cuenta que cuando la Sala extendió el plazo por primera vez, dijo que la medida no era prorrogable.
La idea es contar con más tiempo para continuar debatiendo la ley y seguir recibiendo a las organizaciones de las víctimas y de Derechos Humanos, según el diputado del FMLN Damián Alegría.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, adelantó que ya se envió la carta de solicitud de prórroga a la Sala.
“Podrán decir que ya cayeron en desacato, hasta este momento no, la Sala mañana (hoy miércoles) recibe la petición del pleno y será ella la que determine si hemos caído en desacato o no”, mencionó Ponce.
Agregó que se buscará un mecanismo de debate más dinámico y activar una comisión de forma permanente para estudiarla.
“Pudiéramos constituir un grupo de notables, académicos de la UCA, de la Universidad de El Salvador y del resto de la universidades del país que nos acompañen y nos den insumos para construir una Ley de Reconciliación”, destacó Ponce.
Se comprometió a establecer un calendario de trabajo para por fin formular la Ley de Reconciliación.
Debate en el pleno
El diputado René Portillo Cuadra, de ARENA, ayer durante la discusión recomendó que no se le especificara un tiempo determinado en la solicitud porque poner esa fecha es facultad de la Corte.
“A mí me llama la atención cómo en la resolución última de la Sala de lo Constitucional se establece que esa resolución y el plazo es improrrogable”, destacó Portillo Cuadra.
Por ello, cuestionó y tildó de ilógico que el pleno pidiera prórroga “de algo que es improrrogable”.
Finalmente se acordó hacer la solicitud y que sea la sede judicial la que determine el tiempo por el que se brindará la prórroga.
“Ponerle un plazo incluso superior al que falló en la última resolución es un irrespeto y una ignorancia, creo que tenemos que ser coherentes con lo que estamos pidiendo”, enfatizó Portillo Cuadra.
El diputado del FMLN Damián Alegría mencionó que en la formulación de la normativa no se ha seguido la ruta que planteó la Sala de lo Constitucional en su sentencia.
“Lo que estamos viendo es lo que el país ha vivido en los últimos años y lo que se vive actualmente, la gran dificultad de llegar a un solo proyecto de Reconciliación Nacional que reúna las condiciones y requisitos para que se una verdadera ley”, destacó el efemelenista.
Jorge Mazariego, del PDC, recomendó que los dos proyectos de ley que discutieron en las subcomisión y que ahora están en manos de la Comisión Política bajen al pleno y se discutan para que se apruebe el que más le convenga a las víctimas.
Mientras que el diputado del partido ARENA, Ricardo Velázquez Parker, quien dijo no apoyaría la solicitud, consideró que la iniciativa no brinda seguridad jurídica.
“Se le manda un mensaje a la población de la incapacidad de la Asamblea Legislativa para darle cumplimiento a la justicia”, dijo.