Dos de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se opusieron a los nombramientos de los jueces y magistrados que sustituyeron a los funcionarios judiciales que renunciaron o que fueron cesados de sus funciones de manera obligatoria por el decreto legislativo #144 que ordena el retiro forzado de los mayores de 60 años de edad o con 30 años en el servicio de la judicatura. Este decreto afectó a unos 216 funcionarios judiciales.
La magistrada de la Sala de lo Civil, Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, manifestó en Corte Plena del 26 de septiembre pasado que no iba a votar por la aprobación del instructivo que contiene el régimen de disponibilidad para los funcionarios judiciales que se apegaron al mismo.
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“La magistrada Sánchez de Muñoz manifiesta que no concurre con su voto, pues considera que la aplicación del decreto legislativo # 144 se encuentra suspendida y anuncia que cualquier acuerdo que se adopte no acompañaría por la misma razón”, señala el acta de Corte Plena extraordinaria del 26 de septiembre pasado, donde se nombraron a 73 jueces y magistrados.
En ese sentido la magistrada Sánchez de Muñoz tampoco votó por los nombramientos de esos magistrados y jueces que llegaron a sustituir a sus colegas que renunciaron o que cesaron de forma forzada.
Sánchez de Muñoz se basó en la resolución de la Cámara de Familia de San Miguel, de fecha 23 de septiembre pasado, en la que ordenaba de inmediato que se suspendiera la aplicación del decreto legislativo #144 por considerar que lesiona derechos como el goce y protección de los derechos de igualdad y no discriminación por ser personas adultas mayores y el derecho al trabajo, así como la estabilidad en el cargo.
Estos derechos están protegidos por la Constitución, el Código de Familia, la Ley de Protección Integral para la Persona Adulta Mayor y en la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Son derechos a la estabilidad en el cargo, la dignidad y el derecho de los adultos mayores a recibir buen trato por parte del Estado.
Mientras que el magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sergio Luis Rivera Márquez, argumentó su decisión de no votar los nombramientos por considerar que están fuera de la Constitución.
“Yo solo quería dejar constancia que no he acompañado la votación por el hecho de que todas las designaciones y traslados no se ajustan a los parámetros que la Constitución establece, de modo que, con esto reitero lo que expresé en la sesión anterior, en el sentido que, tanto las reformas sobre el cese de los jueces, no se ajustan a las reglas de organización judicial como el derecho de estabilidad de los jueces”, dijo el magistrado Rivera Márquez, según el acta de Corte Plena.
Ambos magistrados tampoco acompañaron con sus votos los polémicos traslados de seis funcionarios judiciales, algunos de ellos habían hecho público su rechazo a las reformas a la Ley de la Carrera Judicial contra jueces y magistrados que contempla el decreto 144.
“Hay algunos traslados aquí (de magistrados y jueces) donde algunos jueces son movidos sin ningún fundamento”, protestó el magistrado Rivera Márquez, según el acta .
Trasladan a jueces disidentes
Uno de los traslados que generó descontento entre algunos funcionarios judiciales fue el del magistrado Carlos Ernesto Sánchez Escobar, a quien movieron de la Cámara Primera de lo Penal a la Cámara de Menores de San Salvador.
Sánchez Escobar fue sustituido por la magistrada Laura Lissette Chacón Salazar. Este traslado solo tuvo los votos de nueve magistrados. El magistrado Óscar López Jerez, quien fue impuesto como presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ni los magistrados Sánchez de Muñoz, Rivera Márquez, Sandra Luz Chicas, Ramón Narciso Granados Zelaya, y David Omar Molina Zepeda votaron por ese movimiento.
El magistrado Sánchez Escobar fue uno de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ que fue destituido de manera ilegal por los diputados oficialistas y sus aliados, el uno de mayo pasado.
También el traslado del magistrado Martín Rogel Zepeda no fue del agrado de muchos jueces por la experiencia con la que cuenta el referido funcionario. Él fue trasladado de la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador a la Cámara de la Segunda sección del centro de Cojutepeque, en Cuscatlán.
Este movimiento tuvo los votos de 11 magistrados. En ese traslado, Rogel Zepeda pasó como vocal en vez de ser presidente de la Cámara tal como estaba nombrado en la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador.
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Al magistrado Samuel Lizama lo trasladaron de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla, La Libertad, a la Cámara de la Tercera sección del centro de San Vicente. Este traslado fue aprobado por nueve magistrados y los otros seis no votaron, incluido López Jerez.
La magistrada Cesia Marina Romero de Umanzor, otra de las voces protagonistas de las protestas contra las reformas del oficialismo contra los jueces, fue trasladada de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia en Santa Tecla a la Cámara de lo Civil de la primera sección de Occidente de Santa Ana. Este movimiento tuvo el respaldo de diez magistrados de la Corte.
El movimiento del juez Juan Antonio Durán Ramírez del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador al Segundo de Sentencia de Zacatecoluca, La Paz, fue acuerpado por nueve magistrados, mientras que los otros seis no votaron, entre ellos, el magistrado López Jerez.
Sánchez Escobar, Rogel Zepeda, Lizama y Romero de Umanzor, así como el juez Durán Ramírez fueron duros críticos del decreto legislativo que ordenaba el retiro obligatorio de los jueces por considerarlas inconstitucionales y también cuestionaron la destitución de la anterior Sala de lo Constitucional.
Durán Ramírez aseguró en su oportunidad que su traslado obedecía a sus críticas al golpe al Órgano Judicial. También cuestionó que su nuevo nombramiento no haya sido como presidente del tribunal tal como le correspondía por ley por haber presidido el Tercero de Sentencia en San Salvador.
Los jueces nombrados en Corte Plena fueron propuestos por una comisión de jueces que contaron con el apoyo de algunos magistrados. En el acta se justifica esa decisión de la siguiente manera: “Luego de un sinnúmero de reuniones, de debates, de análisis de perfiles, de análisis de currículos, de experiencia, de tiempo en la Carrera Judicial y de otras circunstancias que convierten al candidato en la persona adecuada para ser nombrado, hemos llegado como Comisión de Jueces a un consenso”.