Dinero de tiendas de cárceles usado para dar préstamos, bonos y viáticos

Nelson Rauda y Rodil Hernández son enjuiciados por administración fraudulenta y actos arbitrarios. Fiscalía los acusa de usar $3.2 millones de tiendas de cárceles para sobresueldos, bonos y préstamos.

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Los exdirectores de Centros Penales, Rodil Hernández (derecha) y Nelson Rauda (izquierda) conversan junto a sus abogados en el juicio que se realiza contra ellos en el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador. Foto EDH/ Húber Rosales

Por Diana Escalante

2019-08-30 4:00:19

Pago de servicios de inteligencia, pagos de sueldos y sobresueldos, cancelación de bonos, viáticos y préstamos personales es el destino que presuntamente se le dio a $3.2 millones provenientes de las tiendas institucionales de Centros Penales, cuando Nelson Rauda y Rodil Hernández estaban al frente de la institución, entre 2012 y 2017.

Ambos enfrentan desde ayer un juicio en el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador por los delitos de actos arbitrarios y administración fraudulenta.

El mal uso de fondos, según la Fiscalía General, coincidió con el periodo que duró la tregua de pandillas, entre 2012 y 2013, en el gobierno de Mauricio Funes.

El Ministerio Público acusa a Rauda y Hernández de haberse excedido en las facultades que les confería la ley, pues habrían destinado $206,000 para “pagos de servicios de inteligencia”. Las autoridades no han encontrado pruebas que demuestren que el dinero fue utilizado para tal fin.

Otros $3,000,000 fueron desembolsados para el pago de salarios y sobresueldos de algunos empleados, según los peritajes financieros realizados en la investigación.

En las más de 300 tiendas institucionales se le venden a los reos productos comestibles y otros artículos. Ellos pagan con el dinero que les llevan sus familiares o por medio de un sistema de tarjeta donde se les recarga saldo.

Las utilidades obtenidas por la institución a través de estos negocios se convierten en fondos públicos y deben destinarse a programas de reinserción o mejoras de infraestructura en las cárceles. El manejo y supervisión de los fondos es responsabilidad del director general, según los manuales e instructivos por los que se rige el sistema penitenciario. Pero eso no se habría cumplido en las administraciones de Rauda y Hernández, quienes aseguran que no hay pruebas de la supuesta malversación de fondos.

La defensa de los imputados ha insistido en el proceso penal que la responsabilidad de administrar y usar los fondos es del ministro de Seguridad y Justicia.

Sobresueldos triplicaban salario

El fiscal Arturo Cruz explicó que ambos exdirectores generales de los presidios le pedían a los coordinadores de las tiendas institucionales que les emitieran cheques con diferentes montos de dinero para pagar los servicios de inteligencia.

También les ordenaban a los subalternos contratar personal o pagar sobresueldos de hasta $500 a un empleado “o un sobresueldo que, en muchas ocasiones, era el triple del sueldo asignado al funcionario”.

“Ellos únicamente emitían la orden a la coordinadora de tiendas sin hacerle las consultas de que si había disponibilidad de las utilidades de las tiendas o si se podía utilizar ese dinero para otras actividades”, sostuvo Cruz.

Exministro de Seguridad halló deuda de $2 millones en tiendas

Los exministros de Justicia y Seguridad Pública Ricardo Perdomo y Benito Lara fueron los primeros testigos que declararon ayer en el juicio contra Rauda y Hernández.

Perdomo, titular de Seguridad en la administración de Funes, relató que cuando él asumió el cargo, en mayo de 2013, fue alertado por los proveedores de las tiendas institucionales que Centros Penales le adeudaba $2,000,000 y que por eso ya no podían darle más crédito.

El funcionario sostuvo que le pidió a Hernández explicaciones y este le habría dicho que la deuda era producto de “desórdenes administrativos y un control deficiente”.

Por esa razón, Perdomo pidió a la Corte de Cuentas de la República que hiciera una auditoría y le ordenó a Hernández hacer un plan para amortizar la mora y realizar gestiones para reactivar el crédito con los proveedores.

Mientras que Lara, ministro en la gestión de Salvador Sánchez Cerén, declaró que a través de los medios de comunicación se enteró de que había un mal manejo de fondos en las tiendas institucionales y sugirió cambiar a quien las administraba.

Sin justificar fondos de tiendas institucionales

“No existe un informe que diga que con el dinero sustraído de las tiendas se lograron desarticular planes de fuga o que se pagaron fuentes”.

Arturo Cruz, Fiscal Antipandillas y delitos de homicidios


Él señaló que supo que el dinero fue usado para contratar personal y hacer algunas reparaciones; pero respondió que no sabía el monto que se destinó para eso ni conocía cuál era el monto que manejaban las tiendas institucionales.

A preguntas de la defensa, Lara manifestó que esos fondos son privados y no pueden ser auditados. Esta versión contrasta con la de la Fiscalía, quien sostiene que las utilidades de las tiendas son públicas porque las administra Centros Penales.

“Tiendas en los Centros Penales siempre han habido y ese dinero no entra al Fondo de la Nación, ahí ha quedado siempre en el limbo”, expresó Lara.

Ambos exfuncionarios ratificaron en sus declaraciones que el director general de Centros Penales es el responsable de verificar el manejo que se le da a las ganancias que se obtienen en las tiendas institucionales.