El gobierno de Nayib Bukle sí ha tenido a disposición $6,468.8 millones para manejar la pandemia y para los gastos corrientes entre enero y agosto, reveló Nicolás Martínez aún como presidente del Banco Central de Reserva (BCR) ante la Asamblea Legislativa.
Sus contundentes revelaciones en las que detalló la cantidad de dinero con la que ha contado Bukele a través de préstamos internacionales, deuda interna mediante colocación de Letras del Tesoro (Letes) y Certificados del Tesoro (Cetes), además de los ingresos de la recaudación de impuestos y de donaciones, echaron por tierra la repetida frase del presidente de que no ha tenido “un centavo partido por la mitad” para el combate de la pandemia y contrasta con la negativa del gobierno de rendir cuentas.
Pero un día después de dar su informe a los diputados, Martínez anunció su renuncia aduciendo que ponía su cargo a disposición por “motivos de fuerza mayor”.
En su presentación, el todavía presidente del BCR detalló que el gobierno dispuso de $3,238 millones de deuda externa e interna, es decir créditos: uno de $389 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI); otro de $46 millones del JICA (cooperación japonesa); $1,000 millones en bonos colocados en mercados internacionales y $208 millones de desembolsos de préstamos en ejecución, lo que suma $1,643 millones.
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Pero además contó con $205 millones en Cetes emitidos en marzo y otros $278.4 millones emitidos en abril; luego hechó mano de $1,111.5 millones en Letes emitidos entre enero y agosto, lo cual suma $1,595 millones en deuda interna.
Y aparte el Ministerio de Hacienda percibió en ingresos tributarios $3,228.8, lo que suma junto con los préstamos, los Letes y Cetes $6,466.8 millones, contrarrestando el discurso de Bukele.
El analista y exministro de Hacienda Manuel Enrique Hinds señala que el país no debe pasar por alto las grandes sumas de dinero con las que ha contado este gobierno para manejar la pandemia y que aún no ha cumplido con muchos de sus proyectos ni ha dado cuentas de cómo ha utilizado esos fondos.
“Es una cantidad muy grande la que ha tenido el gobierno en sus manos; además no se ven los resultados de la utilización del dinero, una cantidad enorme de dinero de la que no ha querido dar cuentas y además el endeudamiento es altísimo con tasas de interés elevadas”, cuestionó Hinds.
Por su parte Rafael Lemus, economista y asesor de la fracción de ARENA, explicó que el gobierno aprovechó el techo del 30 % que autoriza la Constitución en emisión de Cetes para usarlos en la emergencia como deuda temporal para ir poco a poco.
“Es que eso lo hemos dicho, el gobierno siempre ha tenido fondos por la emisión de los Cetes, pero hay cosas delicadas porque se violó la ley en el contexto de esas emisiones; hubo dos emisiones, una en marzo de $205.1 millones y otra en abril de $278.4 millones solo en Cetes”, explicó Lemus.
En ese sentido no es que el gobierno tenga vía libre para ir acumulando deuda, sino que hay un techo ya establecido en el Presupuesto General de la Nación, pero no debe pasar ese techo.
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Fiscalía debe investigar
Según explica el economista, la situación no es tan sencilla como solo adquirir deuda y luego pagar, sino que el gobierno primero debe solicitar a la Asamblea Legislativa la aprobación de asignación de los fondos de préstamos que pedirá.
En el caso de los Cetes que colocó en marzo lo hizo para tener dinero para el subisdio de $300 que ofreció a familias vulnerables por el impacto de la pandemia y el cierre económico, sin embargo no tenía de dónde tomar ese dinero.
Entonces con el fondo de los Cetes emitidos, primero en marzo y luego en abril, entregó el subsidio, pero no había, ni hubo aprobación para esa distribución por parte de la Asamblea, explica Lemus.
“Cuando en marzo emitieron Cetes y después Letes se pusieron a repartir los $300 y de ese dinero no existía ninguna autorización, no existía ninguna aprobación de ese gasto, nunca lo presupuestaron, nunca pasó por la Asamblea, nunca se ha autorizado ese gasto, porque eso no estaba en el presupuesto”, recalca el economista, quien agrega que este es solo un ejemplo de los que la Fiscalía General de la República debe investigar.
“Entonces lo que es ilegal aquí es que no pueden gastar en algo que no está establecido en el presupuesto; pueden emitir Cetes y Letes sí, pueden gastar en algo que no está en el presupuesto, no”, apunta.
La negativa del gobierno
Lo que reveló Martínez y lo que señalan los economistas contrasta con la negativa de instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de rendir cuentas de la distribución de los $300, una denuncia que ha hecho la Corte de Cuentas públicamente.
“Nuestros auditores han pedido en reiteradas ocasiones información de los gastos y compras y no se les ha presentado. Nuestra ley permite que se haga una notificación sobre ese problema que se está dando y que las entidades se pongan al tanto de la necesidad que tiene la Corte de Cuentas de información”, señaló la magistrada Marta del Carmen Martínez en julio pasado.
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También el magistrado Roberto Anzora ha señalado que investigaciones de la Corte habían identificado siete hallazgos en la construcción del hospital en el Cifco, seis de ellos ya habían finalizado la etapa de planificación y agregó que estaban examinando esas operaciones.
“Estamos recopilando toda la evidencia necesaria para evaluar y establecer si se ha incurrido en algún tipo de responsabilidad, sea administrativa, patrimonial o de índole penal en el desarrollo de estas operaciones y de las personas que resultaran involucradas o responsables, tanto en las contrataciones como en lo que se proporcionó al Estado”, afirmó Anzora.
Los expertos señalan que el país enfrentará una crisis por la alta deuda y el desempleo en 2021. “El panorama es que hay dos crisis simultáneas: el desempleo generado, empresas de todo tamaño han quebrado; y que el gobierno ha gastado de manera desordenada y desproporcionada… El 2021 será más grave y lo que viene es la verdadera crisis y el riesgo que el país caerá en un default”, aseveró el economista.
Ejecutivo pone en riesgo ahorros de los depositantes
Una de las jugadas más peligrosas que ha hecho el gobierno para obtener fondos es que ha puesto en riesgo el dinero de los depositantes, es decir los ahorros que la gente tiene en la banca comercial, explicó el economista Rafael Lemus.
Según explicó, la estrategia del gobierno fue que para distribuir el bono de los $300 que ofreció y para los cuales no tenía el dinero, emitió Cetes y Letes, pero ante la dificultad que la banca no les quería comprar los títulos, entonces redujo los requisitos de porcentaje de liquidez que deben tener los bancos en el Banco Central de Reserva.
“Este es un tema muy delicado, porque han puesto en riesgo la reserva de los depósitos de la gente, porque si ahorita hay una corrida por cualquier razón, no hay respaldo en el Banco Central porque el dinero ya lo gastó el gobierno; ha puesto en riesgo la liquidez y el respaldo de los depósitos con tal de usar el dinero y los bancos cambiaron de un 2 % por uno de más de 9%”, aseveró el Lemus.
Es decir que para tener los fondos que usó para repartir los $300 a miles de familias en marzo, el gobierno bajó los requisitos de liquidez a los bancos privados para que estos le compraran Cetes, pero con una tasa de interés mucho más alta de lo que normalmente le compran, explicó el economista.
Lemus advirtió que tiene conocimiento que eso lo piensan hacer de nuevo. “Lo van a volver a hacer la otra semana, esos $645 millones que frenaron quieren hacer lo mismo. Los frenaron porque ahorita no hay quien les compre, entonces van a liberar otra vez reserva y con ello obtendrán fondos. Quieren volver a saquear las reservas de liquidez de los depositantes”, aseveró.