La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) recomendó al gobierno que reduzca la emisión de eurobonos para solventar deudas corrientes y que opte por los créditos provenientes de instituciones financieras internacionales.
Fusades hizo la propuesta mediante un informe presentado recientemente en el que explicó cómo se compone la actual deuda pública salvadoreña y si es conveniente seguir emitiendo eurobonos como fuente de financiamiento.
El informe explica que el 36. 1 % de la deuda total pertenece a la emisión de eurobonos soberanos en los que el Gobierno de El Salvador es el deudor y se compromete a pagar el monto total en una sola cuota al final del plazo, sin amortización y a una tasa de interés que oscila entre el 6 % y el 9 %. Además otro 6.1 % de deuda fue emitida en bonos con otros inversionistas.
De 2008 a junio de 2019, el saldo de estos títulos valores emitidos pasó de $3,305.8 millones a $7,775 millones, lo que significó un aumento de $4,469.3 millones durante ese periodo.
El segundo lugar de la deuda es lo que se paga en concepto de Fondo de Obligaciones Previsionales (FOP) que asciende al 27.5 % y luego el 20.1 % son los préstamos adquiridos con organismos multilaterales como bancos internacionales que presentan una tasa de interés más baja que los eurobonos.
La determinación de la tasa de interés depende del nivel de riesgo que presenta el país, el monto total solicitado y las condiciones de la institución financiera. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda presentó ante la Asamblea Legislativa la propuesta de un préstamo proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con una tasa de interés de 3.52 %, una cifra más baja comparada con la de los eurobonos.
Para Fusades, el Gobierno recurre más a emitir eurobonos que a solicitar préstamos internacionales debido a que el proceso para adquirir los primeros es más fácil que la obtención de un préstamo.
La emisión de eurobonos supone inmediatez ya que no requiere de una planificación de inversión minuciosa y generalmente se concede un monto específico, como el aprobado en julio de este año por $1,097 millones a una tasa de 7.1246 %.
Esos fondos se utilizarán, en parte, para cancelar el vencimiento de un eurobono de $800 millones emitido anteriormente. El uso en cadena de bonos para solventar bonos no permite terminar de pagar el vencimiento de los mismos en corto plazo.
Para Fusades, idealmente, el dinero que se obtiene por la colocación de bonos debería invertirse en proyectos de largo plazo como de 30 o 50 años, con una tasa de retorno alta o con un elevado nivel de beneficio social.
Sin embargo, Fusades destaca que, en las últimas décadas, los gobiernos han recurrido al uso constante de bonos pero para financiar gastos corrientes que no tienen retorno o, si lo tienen, no se refleja a mediano o largo plazo.
Por ello señala la importancia de gestionar correctamente el destino de los fondos ya que los bonos sirven mejor para financiar gastos de carácter general.
Una de sus ventajas de los eurobonos es que no contemplan un contrato que establezca un monitoreo sobre los rubros o proyectos en que el dinero será invertido, todo lo opuesto a un préstamo con instituciones multilaterales.
Adquirir un crédito de un banco internacional requiere una mayor planificación pues está siempre vinculado con un proyecto específico. Ese proyecto se describe a través de una carpeta técnica que debe detallar el retorno esperado y un calendario de avances que se deben ir alcanzando progresivamente porque se da un seguimiento a largo plazo.
Pero una desventaja de los préstamos internacionales es que el monto solicitado no siempre es el monto que se aprueba pues eso depende de la calificación de riesgo que el país posea. Además, una vez aprobados los fondos no hay una garantía total de que el proyecto funcione como el gobierno espera.
Tal es el caso del puerto de La Unión y la presa hidroeléctrica El Chaparral ya que ambas iniciativas contaron con financiamiento pero actualmente no están generando el retorno esperado sino que representan un gasto hundido para el Estado.
Por otra parte, los créditos provenientes de instituciones financieras internacionales requieren del pago de amortización de capital, es decir, en cada cuota se incluyen los intereses y un monto adicional para disminuir el total del dinero que se prestó en el momento del desembolso, mientras que los eurobonos solamente requieren de los intereses y el pago final.
Fusades sugiere que para detener el endeudamiento a largo plazo es necesario aplicar una disciplina fiscal que estudie la rentabilidad que se obtendrá con el financiamiento de un proyecto y que su tasa de retorno sea superior a la tasa de interés que el Estado se compromete a pagar.
La fundación considera más adecuado un préstamo internacional para solventar necesidades estatales porque el interés que se paga por la emisión de un eurobono es superior a la que se paga en los créditos.
De igual forma, es importante valorar la adecuada ejecución de los proyectos porque cuando estos generan rentabilidad y retorno económico superior a los intereses, ayudan a que el país pueda obtener financiamientos efectivos y acordes con las necesidades a suplir.
El presupuesto de 2020 debe incluir, señala Fusades, esos requisitos al momento de seleccionar el tipo de deuda que el Estado adquirirá.
Es tarea del Ministerio de Hacienda evaluar constantemente la emisión de eurobonos y evitar la recurrencia de los pagos que puedan alargar la deuda.
La disciplina fiscal el país podría bajar su nivel de riesgo y ejecutar más proyectos de desarrollo.
Las pensiones son la segunda deuda más alta del Estado
El pago de los Certificados de Inversión Previsional (CIP) es el segundo componente más representativo de la deuda pública salvadoreña. Representa el 27.5 % del total, equivalente a $5,083 millones.
Desde 2006, los CIP forman parte de un mecanismo utilizado para que el gobierno pueda sacar dinero de las cuentas privadas de los cotizantes de las Asociaciones de Fondos de Pensiones (AFP) y con eso financiar el FOP, es decir, pagar a jubilados del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP).
Cuando se aprobó la medida el gobierno comenzó a obtener dinero para pagar inmediatamente a los jubilados , prometiendo a los cotizantes pagarles en un plazo de hasta 25 años.
El aumento de esta deuda es considerable en comparación con la que se tenía en 2008 que sólo ascendía a $725 millones, o sea, un 8.3 % del total de la deuda.
Las tasas de interés de los CIP son bajas y sus plazos de amortización son largos, no obstante, reducen el rendimiento del ahorro previsional.
Eso supone una disminución en la tasa de reemplazo para el cotizante a la hora de jubilarse.
En un principio las AFP estaban obligadas a prestar al gobierno un 30 % de los ahorros pero desde 2012 ese techo subió a 45 %.
Desde 2009 la tasa de retorno bajó y en lugar de ganar, los cotizantes pasaron de recibir un interés de 5 % a 2%, que a la fecha ha crecido apenas a un 3% tras varias reformas.