El gobierno actual liquidó el 1 de diciembre un préstamo por $800 millones que la administración de Mauricio Funes adquirió en noviembre de 2009 a un plazo de diez años y por el que el país ha tenido que pagar $590 millones solo en concepto de intereses.
Pero esta deuda, que antes era de 10 años, se ha vuelto ahora una de 30 años, que se pagará por completo hasta 2050, pues para liquidarla el gobierno actual adquirió en julio pasado otro préstamo por $1,097 millones para cancelar el capital completo más intereses al vencer el periodo de pago.
Es decir que la deuda de $800 millones de 2009 se pagó con otra deuda de $1,097 millones adquirida hace unos meses. Mientras tanto, el país ha pagado todos los años una cuota de $59 millones que solo ha cubierto intereses.
La bola de nieve se vuelve más grande si se toma en cuenta que el gobierno tiene en su lista otros cuatro eurobonos más de entre $601 y $800 millones en cola que vencen entre 2025 y 2041 (ver recuadro).
Además, el gobierno quiere emitir otros $755 millones para financiar el presupuesto 2020 y otros $900 millones más para pagar “la tarjeta de crédito” (Letras del Tesoro o Letes) y así tener solvencia económica a corto plazo.
Estos $800 millones cancelados este 1 de diciembre fueron emitidos, precisamente, para pagar el saldo de Letras del Tesoro que el país tenía en esos momentos y que le permitió a Funes “tener la mesa limpia” para comenzar con su administración.
En la nueva administración de Nayib Bukele, el ministro de Hacienda ha hecho lo mismo: ha solicitado emitir $900 millones para pagar un saldo de Letes que ya supera los $967 millones y con eso tener una mejor solvencia financiera.
Según el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, este pago es una “deuda histórica” que el gobierno ha saldado puntualmente y que representará al país una reducción de tres puntos porcentuales de la deuda del Sector Público No Financiero en términos del Producto Interno Bruto (PIB).
Con esto el país pasaría de tener una deuda de 73.3% a una de 70.3 % del PIB.
“Esto evidencia la manera responsable de conducción de las finanzas públicas del actual Gobierno y el firme compromiso de mantener la solvencia y credibilidad del país con sus acreedores nacionales e internacionales”, señaló Fuentes en conferencia de prensa el pasado viernes.
Rápido y elevado endeudamiento
Este elevado y rápido endeudamiento está preocupando cada vez más a los economistas, pues consideran que el gobierno está haciendo cada vez más frecuente este tipo de mecanismo para lanzar hacia adelante la deuda que se tiene ahora, sin que se tengan medidas efectivas para frenarlo.
“Para salir de esa deuda tendríamos que pagar el capital ya con recursos propios, de presupuesto, recortando algún gasto en $800 millones, pero como es una gran cantidad, lo que se hace es hacer una emisión nueva para pagar los pasados y volvemos a pagar intereses. Es como una rueda de caballito”, explicó Rommel Rodríguez, economista de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).
“Vemos cómo se va volviendo cada vez más grande el problema y se ve el impacto financiero en el largo plazo”, añadió el economista.
Los economistas de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) también lo advirtieron en su último informe de coyuntura económica.
Los analistas afirman que solo en emisión de Letes, ha habido un aumento de $197.9 millones en los últimos cinco meses sin que hasta ahora haya una discusión para establecer reglas que permitan un adecuado uso de este dinero.
Presupuesto
El tema tiene, además, mucha relevancia al tomar en cuenta que el plazo para aprobar el Presupuesto General de la Nación para 2020 se vence este 31 de diciembre.
Además corre el tiempo para que la Asamblea apruebe o no préstamos por $91 millones que el presidente Nayib Bukele ha solicitado para financiar sus programas de seguridad así como otros créditos y transferencias de dinero que ha solicitado para cubrir faltantes.
En las últimas semanas, el gobierno ha estado en el ojo del huracán por solicitar una transferencia de $14 millones de pago de deuda de pensiones para financiar servicio de alimentos en Centros Penales.
Los diputados, por su lado, no quieren apresurarse a aprobar este presupuesto pues han encontrado inconsistencias que les hacen dudar del manejo de las finanzas públicas.