El pasado 9 de octubre, Amanda (nombre cambiado) salió de su casa en un cantón de Caluco, Sonsonate, rumbo al penal de Apanteos, en Santa Ana. Llegó a las 7:00 de la noche y alquiló una colchoneta en un negocio cercano a la prisión para pernoctar ahí y ser de las primeras personas en ingresar, por la mañana, a la visita familiar.
Seis días antes, la señora había llegado a la cárcel a entregar la solvencia policial, de antecedentes penales y las partidas de nacimiento de ella y su hijo, quien purga una condena de 26 años de cárcel.
Los empleados penitenciarios le revisaron los documentos, en los que ella gastó más de $15, y le indicaron que llegara el 10 de octubre, porque ese día le tocaba la visita a los reos de las celdas del sector donde está recluido su pariente.
Traslado de reos afecta visita familiar
Amanda solía visitar a su hijo dos veces al mes, pero esa mañana estaba ansiosa por el reencuentro. Era la primera vez que lo vería desde el 5 de junio; pues 15 días después las autoridades decretaron estado de emergencia en 19 cárceles y fue dejado sin efecto el 2 de septiembre.
Tras haber hecho una larga fila, la señora llegó al área de registros, el último paso que debía cumplir antes de ver a su familiar. Pero los trabajadores le dijeron que no ingresaría porque su hijo había sido trasladado a otro sector de la prisión y debía llegar a verlo en otra fecha.
“Es injusto que de un día para otro muevan a los internos a otro sector y uno sin saber. La gente viene con ansias de ver a sus hijos, gasta dinero en los pasajes de bus, en comida y pierde el tiempo para que salgan con esto”, reprochó la mujer con voz entrecortada.
Las madres de otros internos tampoco pudieron ocultar su frustración al relatar que el director del presidio, Tito Guardado Dubón, ha ordenado que las visitas familiares ya no sean cada 15 días, sino que cada 45. Esta versión también fue confirmada por abogados que defienden a reos que también son parientes. Las razones por las que el funcionario ha decidido ampliar el plazo no se las han explicado.
El mismo descontento por la burocracia y la falta de información de las autoridades tiene la madre de otro hombre que está en Apanteos en prisión preventiva. Ese día, la señora se atravesó todo el país para hacer el trámite que le permita ver a su hijo.
A las 2:00 de la madrugada, la señora, su hija, su nieta, de unos tres años, y el hermano de esta, de pocos meses de nacido, salieron de la zona costera de La Unión para estar antes del mediodía en esa cárcel de Santa Ana.
Ese era el segundo viaje que este grupo familiar de escasos recursos hacía a la prisión en un lapso de dos semanas. Ambas mujeres llegaron la primera vez a presentar los documentos que les exige la institución para visitar a su pariente. Mientras intentaba consolar a su nieta, la mujer no supo explicar porqué no se los recibieron, por lo que debieron regresar el 10 de octubre.
Hasta la 1:00 de la tarde, a las mujeres no les habían recibido los documentos. Ellas esperaban salir a tiempo para abordar los buses que las llevaran “por lo menos” a San Miguel, para ver dónde se alojaban y partir al día siguiente a La Unión.
Los parientes de otros internos denunciaron que Guardado Dubón, pese a que ya no está vigente el estado de emergencia, actúa como si aún se estuviera bajo ese régimen. Algunas medidas que presuntamente se mantienen en el presidio es la limitación de la movilidad de los reos y el retraso de los procesos para que algunos internos pasen a la fase de confianza o salgan libres.