La revista digital especializada en temas de seguridad pública, InSight Crime señala en un artículo que las desapariciones forzadas son utilizadas por las pandillas como una “práctica eficiente para garantizar la impunidad sin dejar de invocar el terror entre las comunidades locales”.
A lo anterior se suma que las pandillas “todavía dependen en gran medida del control territorial y social, siendo la extorsión su principal fuente de ingresos”.
En el artículo, escrito por Katie Jones y divulgado a finales de abril, se considera que “las desapariciones pueden servir para reforzar este control, lo que explica por qué se correlacionan con una fuerte presencia de pandillas”.
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El análisis de InSigth Crime está sustentado en el informe de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) que se conoció en abril pasado sobre desapariciones en El Salvador.
Considera que las desapariciones de personas hechas por las pandillas son sistemáticas. “Las víctimas casi siempre son secuestradas , torturadas y asesinadas antes de ser enterradas en fosas clandestinas. En muchos casos, sus restos nunca se encuentran”, señala Jones en su artículo.
También considera que las pandillas aprendieron de la tregua porque “su capital político se deriva de su capacidad para poder controlar el número de homicidios”.
A su juicio, las desapariciones forzadas se pueden dar con mayor frecuencia cuando los homicidios públicos no son posibles por alguna razón.
Ante esa situación, Jones considera que eso “ayuda a mantener el orden y la cohesión de las pandillas”.
Para ejemplarizar la tesis anterior, InSigth Crime trae a cuenta que los cabecillas de las pandillas “autorizan los asesinatos como una forma extrema de disciplina por traiciones o presuntas traiciones”.
En ese sentido, es probable que los cabecillas jóvenes quieran “eliminar a sus rivales, pero sin chocar con los líderes de las pandillas encarcelados que están aprovechando una reducción de la violencia para obtener beneficios”.
El planteamiento anterior pudo haber ocurrido en la tregua entre pandillas de 2012, según la autora, porque hubo una reducción considerable de los homicidios, pero un aumento de las desapariciones durante y después del pacto entre las pandillas y el gobierno.
Recuerda que los partidos políticos de todos los colores han pactado con las pandillas, en su mayoría antes de cualquier elección de funcionarios o también cuando los funcionarios públicos desean dar una apariencia de paz y seguridad, señala el artículo.
Ejemplarizan el caso de Nayib Bukele, quien atribuye la baja de los homicidios al plan Control Territorial y a la represión a las pandillas, pero deja entrever que Bukele también negocio con la mara Salvatrucha (MS) para reducir los homicidios.
También ha sido cuestionado por el aumento de las personas desaparecidas que agobia a El Salvador. Señala que no es la primera vez que estos grupos criminales utilizan su influencia sobre los índices de homicidios del país.
“Estos pactos con las pandillas en los que la reducción de los homicidios es el principal acuerdo, lo que promueven son el aumento de las desapariciones forzadas y a la vez mostrar que esos grupos criminales siguen utilizando la violencia para mantener el control político y territorial” de las zonas donde persisten, señala el artículo.
Basándose en el estudio de Fespad, este medio especializado digital señala que los municipios con el mayor número de desapariciones “se correlacionaron con la presencia de pandillas más fuerte y las tasas de criminalidad más altas”.
Cita una consideración de los autores del informe de Fespad en el sentido de que “la evidencia empírica indica que la mayoría de las desapariciones ocurren en entornos dominados por la inseguridad, la exclusión, la desigualdad y una fuerte presencia de pandillas. Esto favorece la estigmatización de las víctimas y sus familias”.
Enumera datos proporcionados en el referido informe de FESPAD con respecto al incremento de los casos de desapariciones forzadas en los últimos años en El Salvador.
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Señala que el alza de casos permitió que se hallaran más cementerios clandestinos. “Entre 2014 y 2016, la Fiscalía identificó 158 tumbas ocultas, casi el doble de las 80 descubiertas durante los ocho años anteriores” cita InSigth Crime del informe de FESPAD.
Cuestiona además que desde 2003 no existe un registro oficial del número de cementerios y fosas clandestinas.
Señala el informe que el 70 por ciento de los cementerios clandestinos fueron localizados con el apoyo de pandilleros a quienes se les otorgó el criterio de oportunidad, es decir, que recibieron algún tipo de beneficio penal como reducción de su pena o exoneración de los cargos penales.
Las autoridades fiscales y del Instituto de Medicina Legal -IML- coincidieron en que muchos de los cadáveres o restos hallados después de 2012 correspondían a personas desaparecidas en el período de la tregua entre las pandillas (marzo2012-mayo2013).
Los datos proporcionados por la Fiscalía detallan que 254 cadáveres fueron encontrados en 2013. En 2015 se localizaron 795 víctimas; en 2016 fueron 750 y en 2017 fueron halladas 664 víctimas de desaparición.
Además las autoridades advierten de cambios en la estrategia de las pandillas para ocultar los cuerpos de las víctimas en zonas de difícil acceso para impedir que sean localizadas.
“En la selección de terrenos topográficamente cada vez más inaccesibles y en el uso como cementerios clandestinos de lugares atípicos e inimaginables como los manglares”, señala el informe de FESPAD.
Primeros dos meses del año con más desapariciones
Las autoridades policiales han insistido que las desapariciones de personas han tenido una reducción significativa, pero según la Fiscalía, ese tipo de casos aumentaron en los dos primeros meses de este año con respecto al mismo período de 2020.
“Si se ha mejorado bastante, mucho”, dijo un oficial de la Policía que desistió de ser identificado.
Agregó que hay muchos casos en los que las víctimas son menores, pero que cuando se localizan, éstos se han ido con las novias o los novios.
Pero las cifras reveladas por la Fiscalía dicen lo contrario. Un total de 226 personas desaparecieron entre el uno de enero y el 9 de marzo de este año, cifra superior al año pasado que contabilizaban 106 desaparecidos.
El informe detalla que en febrero se registró la mayor cantidad de desaparecidos. En los 28 días de ese mes desaparecieron 102 personas; mientras que en enero hubo 86. Sin embargo, en nueve días de marzo ya se habían reportado 38 personas desaparecidas.
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Jeannette Aguilar, investigadora en temas de seguridad ciudadana, sostuvo recientemente que “la desaparición es el delito más grave que está afectando a la sociedad salvadoreña”. Agregó que “mientras los gobiernos sigan utilizando el tema de seguridad como marketing político y la sociedad salvadoreña no se movilice para exigir más seguridad y justicia, no se va a erradicar”.
El oficial de la Policía aseguró que más del 50 por ciento de los desaparecidos tienen entre 15 y 30 años de edad.
Estado es indiferente al problema de los desaparecidos, dice FESPAD
En su informe sobre los desaparecidos, FESPAD asegura que la falta de interés por parte del Estado en resolver esta problemática “se pone aún más de manifiesto en la falta de investigación, la dilación de la búsqueda de la persona desaparecida y en los altos niveles de impunidad de gran parte de los casos que llegan a conocimiento de las autoridades”.
Señala que “existe abundante evidencia de la inacción, indolencia e indiferencia de policías y fiscales frente a las demandas de búsqueda inmediata de los familiares, así como de los tratos indignos e irrespetuosos que han recibido muchas familias que se avocan a sedes policiales y fiscales”.