Más de 200 obreros de una constructora subcontratada para realizar la obra gris de la nueva carretera que se construye entre el Aeropuerto Internacional y Zacatecoluca en La Paz reclaman el salario de la última quincena y la indemnización ante el inminente cierre de operaciones de la empresa de capital hondureño García y Martel.
A los salvadoreños se suma casi otro centenar de hondureños que también están en la misma incertidumbre.
Todo comenzó el lunes por la noche cuando la firma hondureña retiró del plantel toda la maquinaria y herramientas con las que su personal construía obras de alcantarillado: cordón y cuneta, canaletas y arriates de vía. La carretera es financiada con fondos del Fomilenio II otorgados por Estados Unidos.
Ministerio de Trabajo asesora a obreros
Otros obreros se llevaron la sorpresa el martes; pues nadie ni sus caporales (jefes inmediatos) ni el ingeniero que los dirigía les explicaba, qué sucedía.
Ante esa incertidumbre, los trabajadores se concentraron en protesta en las afueras del plantel donde se construye la carretera para exigir una explicación y como nadie se las dio, se fueron a las oficinas y residencia del contratista García y Martel en Santiago Nonualco.
Allí a los obreros tampoco les explicaron la situación que sucedía, aunque de forma extraoficial les dijeron que la constructora intentaba salir del país, aparentemente, huyendo de su responsabilidad patronal y laboral.
Por eso desde el martes, los trabajadores se asentaron frente a la residencia del constructor hondureño y hasta este miércoles seguían apostados frente a las oficina y afirmaron que no se moverían de ahí, hasta no tener una respuesta del patrón. “En cuestión del pago estamos bien porque el otro pago nos lo deben hacer el 5 de febrero, pero nos alertaron el lunes por la noche que la empresa se estaba llevando todas las herramientas de trabajo y que ya se iban sin pagarnos“, explicó un empleado.
“También supimos que el contratista había vendido todos sus vehículos para el trabajo (son seis)”.
Ayer, llevaban tres días y dos noches de permanecer frente a la residencia del constructor en Santiago Nonualco.
Por seguridad del contratista y de los trabajadores, agentes de la Policía Nacional Civil permanecían en la zona. Un agente quien no se identificó dijo “que era una injusticia” del constructor con sus trabajadores, y que las instituciones debían respaldarlos”.
Franklin Adalberto Mejía, lleva un año de laborar para la constructora y dice que se aseguró que la empresa estuviera al día con las cuotas obrero patronal con el Seguro Social y la AFP pero en esas instancias les informaron que el patrono estaba atrasado.
Por su parte, el constructor Oscar García afirmó que por razones de pérdidas económicas se vio en la necesidad de cerrar operaciones en el país, pero que estaba consciente de sus obligaciones patronales: pagar el salario pendiente y la indemnización.
El último salario, dijo García, que espera hacerlo efectivo a más tardar este viernes y luego se pondría de acuerdo con los trabajadores y el Ministerio de Trabajo para la cancelación de la indemnización.
“Estoy gestionando el pago pero no me dejan salir, ya mandé la información de forma digital a la oficina principal para resolverles su pago de quincena y su indemnización; no me estoy negando a esa responsabilidad”, dijo el constructor.
Agregó que su intención es arreglar este problema de forma pacífica pero lamentó que lo estén privando de libertad y no lo dejen realizar las gestiones que personalmente necesita hacer.
“No pretendemos en ningún momento no asumir la responsabilidad que nos corresponde”, reiteró.
García rechazó que adeude cuotas obrero patronal en el Seguro Social y AFP, dijo que esos pagos están hasta diciembre.
Entre tanto, el miércoles al mediodía el Ministerio de Trabajo llevaba 70 documentos de cálculo de prestaciones que el constructor debía pagar a igual número de trabajadores. Además registraron 10 casos, de hondureños a quienes el contratista no les había pagado el aguinaldo en diciembre.
El ministerio de Trabajo ha convocado al constructor para el 5 de febrero a fin de llegar a un acuerdo con sus demandantes.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en Zacatecoluca dijo realizar su labor de vigilancia y coordinación con las instituciones competentes para defender y hacer valer los derechos de los obreros.