Abogados opinan que la emergencia del COVID-19 está propiciando que se den abusos por parte de las autoridades de seguridad ante la falta de una normativa que regule sus acciones, las cuales se vuelven arbitrarias y son una falta a los derechos humanos de la población.
Estas opiniones se dan en medio de la discusión en el Legislativo de prorrogar o no el régimen de restricción temporal de derechos constitucionales que pretende el Ejecutivo, el cual a juicio de expertos en derechos humanos ha abierto la puerta a abusos notorios.
“Desde que terminó la guerra hemos tenido una sociedad anestesiada, que necesita despertar y que exija el respeto de los derechos humanos. Cómo es posible que a un joven le pegan dos balazos y después sale el comunicado oficial de la Policía diciendo que fue un accidente, ¿no da sospecha esa explicación? Yo creo que sí”, opina Benjamín Cuéllar, miembro del proyecto Víctimas Demandantes (Vidas).
En cuanto a la actitud del mandatario ante señalamientos al Gobierno, Cuéllar señala que Nayib Bukele debería abrirse a las críticas. “La actitud de (Nayib) Bukele ya mucha gente la ha cuestionado, pero sí me sorprende que a José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, lo haya bloqueado en la cuenta de Twitter”, dice Cuéllar.
Expone que el uso de Twitter para informar a la población debería de repensarse.
Marcela Galeas, abogada penalista, dice que no existe un protocolo que deba seguir la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada para tratar a la población, ya que se manejan como retenciones a quienes violan la cuarentena pero se le está dando un trato de acusados de delitos o delincuentes.
“A las personas no se les ha dado la prerrogativa que manifestaba la Sala de lo Constitucional en una de sus resoluciones de habeas corpus, donde la autoridad le iba a advertir a las personas y estas se iban a retirar a sus casas, no se las iban a llevar, eso no se está cumpliendo. En estos días hemos visto que ha aumentado la captura de personas y se las están llevando a albergues, son detenciones aunque el Gobierno las quiera manejar como retenciones, jurídicamente no es esa la figura”, aclara Galeas.
La abogada expone que en este momento la población está ante una situación propicia para que se den abusos y excesos en cuanto a la dignidad humana y la integridad física, como en el caso del joven que fue herido de bala por un agente de la Policía.
“Es bien difícil creer que fue un accidente por parte de la PNC cuando este joven no implicaba ninguna amenaza, no estaba haciendo nada fuera de orden, más que transitar, donde la víctima no portaba armas ni hacía desorden”, dice la penalista.
Apolonio Tobar, procurador para la Defensa de Derechos Humanos, dijo que han abierto un expediente del caso, aunque el joven no presente cargos, pero se han afectado sus derechos humanos. Esperan también que la Fiscalía General de la República investigue las detenciones que han estado ocurriendo.
“La actividad de retener personas por presuntamente violentar la cuarentena domiciliar, declarada por el presidente, básicamente la Sala le ha dicho que es ilegal, porque los decretos no establecen ningún supuesto objetivo por la cual deba haber una detención. Por lo tanto las órdenes emitidas por el presidente hacia los ministros para que sean más duros son ilegales ”, dijo el procurador.