Según un estudio realizado por el Foro Nacional de Salud (FNS) son 9 los derechos fundamentales que han sido vulnerados por el Gobierno en el marco de la pandemia por COVID-19, debido a la toma de decisiones para afrontarla.
La encuesta fue hecha en 60 municipio de 9 departamentos del país, donde fueron tomados en cuenta los líderes de las comunidades, quienes expresaron las necesidades y vivencias que tuvo la población durante la emergencia por COVID-19.
Algunos derechos afectados principalmente fueron el acceso a la educación, donde Yeni Jiménez, miembro del equipo coordinador de la Mesa Nacional Territorial, dice que el año escolar está perdido, debido a que en muchas comunidades los estudiantes no tienen acceso a internet, o no tienen energía eléctrica en sus hogares y no pueden ver las clases que transmiten en el canal 10, medio televisivo gubernamental.
Marcos Ferman, consultor que realizó el estudio, expuso un caso de una comunidad donde el profesor enviaba a un ciber café del municipio, cada semana, la guía de trabajo a elaborar, la cual tenía un costo de $7, donde no todos los alumnos tenían las posibilidades de poder comprar la tarea.
Otras de las preocupaciones de la población, manifestadas en el estudio, es el derecho a la salud, donde manifestaron que no hubo atención para otros padecimientos, ya que la prioridad en los centros de salud eran los casos de COVID-19.
“Nosotros como liderazgos lo hemos vivido en las comunidades debido a la emergencia, los promotores de salud no venían a ver a las embarazadas. Tuvimos muchas dificultades por la falta de transporte, y no podían ir a la Unidad de Salud, ya que hay personas que tendrían que caminar mucho porque hay seis kilómetros para llegar al lugar. Algunos promotores se quedaban en sus casas esperando a los pacientes para atenderlos”, dijo Alba Luz Villatoro, representante de la Mesa Sectorial de Prevención de Violencia Social hacia la Mujer.
El estudio también refleja los efectos negativos de la canasta alimenticia del Gobierno, donde las personas dijeron no estar acostumbradas al tipo de alimentos entregados como ayuda a los hogares.
“En el tiempo que cerraron todos los mercados, no habían tampoco ventas ambulantes, la falta de transporte público, las personas no podían salir a comprar los alimentos, ya que nosotras siempre andamos buscando lo barato para que nos alcance, no teníamos mucho dinero y muchos se quedaron sin empleo y en las comunidades hay muchos niños, y se podía ver que se les vulneró este derecho ala alimentación”, comenta Villatoro.
Agregó que el bono de $300 que entregó el Gobierno no llegó a los hogares más necesitados, debido a que hay personas que no cuentan con energía eléctrica, ni agua, “al final, a las personas que más necesitaban fue que no se les dio”, señaló.
La encuesta realizada por el FNS también expone que las autoridades, tanto de la Policía Nacional Civil como la Fuerza Armada, se excedieron en sus funciones al afectar a personas en su derecho a la integridad física, donde personas fueron agredidas verbalmente, hubo tratos crueles, degradantes o inhumanos.
“En las comunidades no teníamos esa seguridad personal, porque a las autoridades como que les habían dado lineamientos de solo enfocarse en la emergencia, igual no veían los casos de denuncias de violencia hacia la niñez o la mujeres, no ponían atención, porque su enfoque era la emergencia, se nos están siendo vulnerados esos derechos, porque hasta la fecha estamos en esa situación”, dice Villatoro.
La encuentra del FNS también habla de la falta de acceso a la información pública, donde el Estado también “la puso en cuarentena”, amparándose en la Ley de Emergencia, dejando de responder solicitudes de información.
“No debe de perderse de vista que, la libertad de expresión tiene como presupuesto el derecho de investigar o buscar y recibir información de toda índole, pública y privada, que sean de interés para la colectividad”, dice el FNS.
Otro de los aspectos que refleja la encuesta es el desabastecimiento de agua en las comunidades, donde el 41 % dice que no tienen acceso al agua, y ese mismo porcentaje de la población dice que el agua no es apta para el consumo de las personas, por tener mal sabor, mal olor y color no cristalino.
“Sabemos que en este Gobierno se nos hace bien complicado para poder denunciar, pero esperamos que alguien nos escuche, que alguien esté del lado de la población, que cumplan su función (como funcionarios) porque hemos tenido ese problema, como líderes (comunales) que recibimos denuncias, las transmitimos a las autoridades y jamás recibimos una respuesta”, manifiesta Yeni Jiménez.
Entre las recomendaciones que hace el FNS están que tanto el presidente como sus funcionarios cumplan las decisiones de la Sala de lo Constitucional, “no son opcionales, y como funcionario de elección popular deben cumplir y hacer cumplir la Constitución”.
Además de pedir al Gobierno que velen por los derechos de la población, principalmente a la alimentación, ya que está en riesgo porque muchos han perdido su principal fuente de ingresos.
Las organizaciones que forman parte del FNS son la Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños (Aprocsal), la Fundación Maquilishuatl (Fuma), la Asociación para la Salud y el Servicio Social Intercomunal en El Salvador (Apsies), la Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud (ASPS), ADES Santa Marta, la Asociación Mangle, y la Asociación Agropecuaria “Mujeres Produciendo en la Tierra” (Amsati).