Una nueva investigación, esta vez realizada la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y la agencia Christian AID sobre el impacto del COVID-19 en los derechos humanos y la seguridad pública vuelve a poner en relieve la violación de derechos fundamentales de los ciudadanos en la emergencia, pero además que mayoritariamente se responsabiliza a la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada.
Fespad y Christian AID dieron a conocer ayer los resultados de su investigación realizada de marzo a noviembre de este año. Uno de los datos relevantes es que de 1,334 denuncias de presuntas violaciones registradas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en un 89 % son atribuidos a la Policía y la Fuerza Armada.
Héctor Carrillo, director de Acceso a la Justicia de Fespad, apuntó que en la emergencia se dio una utilización de la Policía y al Ejército para contener el coronavirus pero se les dio facultades para ejecutar las medidas restrictivas sin asidero legal, lo que los llevó a una actuación punitiva y al uso de la fuerza, cuando esto debe ser lo último a lo que se recurre en una sociedad democrática.
Lo curioso, dice Carrillo, es que en el discurso oficial se acusó a diferentes instituciones como la PDDH y la Asamblea de violar derechos de los ciudadanos pero, por ejemplo, los órganos Legislativo y Judicial fueron los menos señalados.
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El estudio dice que estas fuerzas del Estado ejecutaron decretos ejecutivos ilegales al punto de detener a más de 2,400 ciudadanos por supuestamente infringir la cuarentena obligatoria y los remitieron a centros de contención muchos sin condiciones adecuadas; además ejecutaron cercos sanitarios en cinco municipios, donde, según datos de Digestyc, afectaron a 209,000 personas.
Tania Grande, de Christian AID, anotó un aspecto importante y es cómo esa vulneración de derechos aún puede estar pasando factura, por ejemplo a familias que perdieron a sus seres queridos porque se contagiaron en centros de contención. Dijo que estos casos no pueden quedar impunes, que deben ser judicializados para que no se vuelva a repetir estas “arbitrariedades”.
Fragilidad institucional
Grande y Carrillo apuntaron otro resultado de este estudio y es que quedó en evidencia la fragilidad de la institucionalidad del país. Un caso concreto que señalaron fue “la ausencia de la Fiscalía como garante de la legalidad” frente a esas detenciones que no estaban regulado por la Asamblea, aparte de que la PDDH constató tratos crueles e inhumanos como el que a estos detenidos los exhibieran como delincuentes.
Según Carrillo, hay una sentencia 21-2020 de la Sala de lo Constitucional que establece que el sinnúmero de decretos emitidos por el Gobierno fueron inconstitucionales y por tanto hubo una vulneración a los derechos de las personas; además estos reflejaron una usurpación de funciones del Ejecutivo.
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La pandemia también dejó en evidencia, dijo Carrillo, la falta de entendimiento interorgánico para definir el marco normativo para la gestión de la emergencia. Mencionó los conflictos entre el Ejecutivo y la Asamblea relativo a los decretos emitidos pero también entre el Ejecutivo y el Judicial debido a que el presidente de la República expresó su inconformidad con las sentencias. Ejemplo de esto es que en vez de cumplir los mandatos en casos Hábeas Corpus emitió nuevos decretos que vulneraban derechos.
Otra vulneración que anota el estudio es los derechos de más de 7,000 salvadoreños que quedaron varados en el exterior y que el Gobierno tardó cinco meses en retornarlos, pese a que la Sala de lo Constitucional dijo que no había motivo para no dejarlos ingresar al país.