El derecho a la salud, a la libertad de las personas y a la libertad de información, son los principales derechos que diferentes instituciones del Gobierno han violentado en los primeros 30 días de la emergencia decretada por el Gobierno.
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El departamento de San Salvador, con sus diferentes municipios, es la zona donde hay más denuncias de violaciones con 384 casos, de acuerdo a un informe de 30 días de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), presentado ante la Asamblea Legislativa por el Estado de Emergencia.
En el informe, de entre el 21 de marzo y el 20 de abril de 2020, señala que la PDDH ha recibido 581 denuncias de casos vinculados con la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19. Según los datos obtenidos las personas afectadas corresponden a 180 mujeres (31%) y 368 son hombres (63%).
De acuerdo al procurador, José Apolonio Tobar, el derecho a la salud es el que más denuncias tiene por parte de la población afectada, debido a que el Gobierno por medio del Ministerio de Salud ha violentado, de manera reiterada, diferentes afectaciones, como: personas que sobrepasan los 30 días en centros de contención por cuarentena sin un diagnóstico de COVID-19 que amerite para estar retenidos en esos lugares, algo que en la mayoría de ocasiones las personas han denunciado y han recurrido a la Sala de lo Constitucional para tratar de regresar a sus casas.
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Otra violación a los derechos de la población, según la Procuraduría, es que los centros de contención por cuarentena no tienen condiciones de higiene ni aislamiento para casos diagnosticados, lo que estaría provocando -como una posibilidad- es que personas que no tienen el virus lo adquieran en esos lugares; y la falta de cuidados en salud mental en las personas en esos sitios debido al encierro.
A eso se suma la falta de atención a las personas con enfermedades crónicas en los centros de contención y a los efectos colaterales de atención en otras situaciones de salud por la prioridad de la emergencia nacional.
El procurador agrega que en el tema de derechos de libertad de los ciudadanos, registra 127 casos de violaciones. La mayoría de denuncias se refiere a detenciones o retenciones arbitrarias por parte de soldados de la Fuerza Armada y agentes de la Policía Nacional Civil, quienes han hecho redadas, han instalado retenes o puntos de control y han detenido a los ciudadanos cuando se encontraban comprando alimentos, medicamentos o en el traslado a sus labores.
“Hay algunos casos vinculados a afectaciones a procedimientos para otorgar libertad a personas que han cumplido condena”, afirma en el documento el procurador.
En informes anteriores (del 21 al 9 de abril), la PDDH había documentado detenciones arbitrarias por parte de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. Según ese informe, esa institución documentó 356 personas, que en diferentes circunstancia, habían sufrido la violación de derechos, siendo 296 hombres y 60 mujeres.
La mayoría fueron detenciones ilegales, con 282 casos, mediante la aplicación de los decretos ejecutivos No. 12 de fecha de 21 de marzo, y el decreto 14 de fecha 30 de marzo pasado, los cuales según el procurador no tienen ningún asidero legal para desarrollar las detenciones tal y como lo ha resuelto la Sala de lo Constitucional en el Hábeas Corpus HC-148-2020.
Foto EDH / Archivo
Uno de esos casos documentados y por el cual se encuentra un soldado detenido por orden de un juez, es el caso de un joven de 19 años que fue herido de bala en su pierna.
Procurador en contra de cordones militares
Hace unos días, Apolonio Tobar, se había expresado en contra de los “cordones sanitarios” instalados en algunos municipios, en especial al del Puerto de La Libertad, colocado por la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil.
“Es preocupante que una medida como el “cerco sanitario” en el municipio de La Libertad se tome como una sanción punitiva por la inobservancia de la cuarentena domiciliar sin atender a criterios técnicos, ni reunir los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad, pues puede conllevar violación de derechos humanos, específicamente de personas que no cuentan con un salario, pensión o subsidio para satisfacer sus necesidades básicas”, afirmó en un pronunciamiento hace unos días.
