Demanda contra Bukele no procede, dice Cámara

Los magistrados resolvieron que la demanda debió haberse presentado ante la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa y no a la Cámara Segunda de lo Penal como se hizo.

Gustavo López Davidson demanda a Nayb Bukele por los delitos de calumnia y difamación. Foto Twitter @glopezdavidson

Por Jaime López

Dic 21, 2019- 04:00

La Cámara Segunda de lo Penal declaró improcedente la demanda que el empresario y presidente del Coena, Gustavo López Davidson, presentó contra el presidente Nayib Bukele por el intercambio de armas.

Los magistrados resolvieron que no es el tribunal, que ellos representan, el que debe tramitar el antejuicio contra el presidente Bukele, sino la Asamblea Legislativa.

Aclararon que previo a examinar si es o no admisible una acusación contra un presidente de la República, es la Asamblea Legislativa la que debe resolver si hay lugar a formación de causa en su contra tal y como lo establece la Constitución.

En ese sentido, los magistrados recomendaron a los abogados del empresario López Davidson que se remita la solicitud de antejuicio a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa para que se inicie el proceso y se determine si es o no desaforado”, expresan los magistrados.

Abel Chavarría, apoderado legal de López Davidson, aseguró que por sentencia de la Sala de lo Constitucional los abogados pueden demandar a un funcionario público con fuero constitucional.

En reacción a la resolución de un tribunal, Casa Presidencial emitió un comunicado en el que afirma que sobre el tema se ha nombrado un equipo de querellantes o acusadores particulares y además la Fiscalía realiza sus propias investigaciones.

El dirigente arenero aseguró que Bukele lo tildó de ladrón y mercader de la muerte en su cuenta de Twitter, por eso el 26 de noviembre lo demandó ante el tribunal y le exigió una indemnización de $8 millones al presidente Bukele por los delitos de calumnia y difamación.

La polémica surgió luego de que Bukele dijera que desconocía al empresario como presidente de ARENA. Se profundizó el 8 de noviembre cuando el primero ordenó al ministro de Defensa demandar a la Centrum, propiedad del dirigente arenero, por estafa y hurto de armamento por valor de $2 millones.

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