Policía fue obligada a pedir disculpa como reparación moral a víctima de homicidio

Un policía fue condenado a 20 años de prisión y, el mismo tribunal, mandó que la institución pidiera disculpas por decir que la víctima era pandillero

El 26 de abril de 2017, José Mauricio Salazar fue sepultado por familiares y vecinos en el cementerio de Zaragoza. Chepe era muy apreciado por ser servicial y trabajador a pesar de sus capacidades especiales. Foto EDH / Jorge Beltrán Luna

Por Jorge Beltrán Luna @Jbeltranluna_

Abr 10, 2021- 20:30

En un hecho sin precedentes, durante la tarde del pasado viernes, el director general de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, cumplió con la obligación, que un juez de sentencia de Santa Tecla le impuso el 9 de mayo de 2018, cuando también condenó a 20 años de prisión a un policía por asesinar a José Mauricio Salazar, de 38 años. Hecho ocurrido el 24 de abril de 2017.

“Ante esa aseveración, que se hizo en ese momento, niego rotundo que la mencionada persona haya pertenecido a pandillas”, afirmó Arriaza Chicas ante los familiares de José Mauricio Salazar, de quien la Policía y Fiscalía afirmaron que era pandillero y que había muerto en la comunidad El Zaite, del municipio de Zaragoza, departamento de La Libertad, al atacar a balazos a cuatro policías de la Subdirección Táctica Operativa (STO).

La disculpa pública ofrecida a la familia de Salazar fue la manera de repar el daño moral que la institución policial provocó al decir que Salazar, conocido en Zaragoza como Chepe, era miembro de una estructura de la Mara Salvatrucha (MS-13), que tiene presencia en El Zaite.

El viernes en la tarde, Mauricio Arriaza Chicas (derecha) director de la PNC, pidió disculpas públicas a la familia de Salazar. Foto / Secretaria de Comunicaciones

Reparación moral

El Juzgado Primero de Sentencia de Santa Tecla ordenó a la “Policía Nacional Civl, se reparen los daños de carácter moral, causados a la familia de la víctima, por cuanto la institución declaró de forma oficial y ante los medios de comunicación, información no corroborada, sobre la víctima, por lo que deberá declarar, de forma pública, en igual forma, a presencia de la familia de la víctima, donde se modifica la información, que la víctima no era un pandillero (…) y que fue víctima de un dolo eventual por parte de un agente de autoridad…”, reza la sentencia.

El 9 de mayo de 2018, José Francisco Ramírez Rodríguez fue sentenciado a pasar 20 años de prisión, al ser declarado culpable del delito de homicidio agravado. Otro de los policías que fue procesado por el mismo caso, fue absuelto.

Ramírez Rodríguez le asestó un disparo en el rostro a Salazar cuando éste regresaba cargando un taladro, con el que había estado trabajado en la reparación de una puerta, en una vivienda de una vecina de la comunidad El Zaite.

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El homicidio fue cometido entre las 4:45 y 5:00 p.m. Muchos vecinos de ese lugar vieron caminar a Chepe con su herramienta de trabajo, luego se escucharon varios disparos. Al salir vieron el cadáver de Chepe, tendido a media calle pero en vez del taladro, cerca de sus manos estaba una pistola.

A las 6:03 p.m., más o menos una hora después del homicidio, la Fiscalía tuiteó: “Pandillero fallecido en intercambio de disparos con agentes policiales en cantón El Zaite de Zaragoza”.

Pero una joven, que conocía muy bien a Chepe, respondió al tuit de la Fiscalía: “El Estado mata y miente. Chepe era un joven honesto de Zaragoza, que fue asesinado mientras estaba trabajando. Limpio su memoria y reputación”.

Reportajes periodísticos sobre el hecho, más la intervención del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), derivaron en que la Fiscalía le diera un giro a la investigación, que concluyó con la condena de un policía y la orden de reparación moral de esa corporación hacia la familia de la víctima.

En la sentencia, el Juzgado también le encomendó a la Fiscalía que investigara a los otros agentes policiales involucrados en el caso, así como a los oficiales que llegaron a la escena del delito, para establecer el grado de responsabilidad ante el evidente delito de fraude procesal y un posible delito de encubrimiento.

Ayer, El Diario de Hoy intentó contactar con el padre de Chepe; sin embargo, el abogado, Arnau Baulenas, dijo que el familiar de la víctima está un poco afectado y que prefería no hablar con medios de comunicación.

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