Un total de 58,272 denuncias por delitos cometidos contra los propietarios de bienes inmuebles en El Salvador han sido tramitados por la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil en los últimos diez años entre 2009 y 2019.
Estos bienes tienen que ver con terrenos, fincas, casas, edificios que de un tiempo a otro cambiaron de dueños por medios fraudulentos y que, en algunos casos, hasta fueron inscritos con documentación falsa en el Centro Nacional de Registros (CNR).
Varios de los afectados se enteraron del ilícito cuando visitaron sus inmuebles y encontraron a personas que se habían posesionado de sus propiedades.
Otros, se sorprendieron cuando por algún trámite fueron al CNR y ahí, hallaron que sus propiedades ya no les pertenecían y que estaban a nombre de otras personas.
Esas son sólo dos de las circunstancias que las víctimas han expresado sobre sus experiencias y que los llevó a la Fiscalía a denunciar el hecho.
Casos complicados
En estos casos, los dueños reales de esos bienes usurpados deben armarse de paciencia porque las investigaciones tardan de tres a cinco años en ver resultados o que Fiscalía los lleve a los juzgados.
Un médico denunció en julio de 2018 ante la Fiscalía que su propiedad, un edificio situado en la colonia Guatemala y calle 5 de Noviembre fue inscrito a nombre de otra persona.
El profesional hizo del conocimiento público tras casi un año de no recibir respuesta de avances en las investigaciones de la Fiscalía.
Ese caso lleva más de dos años en la Fiscalía pero el imputado aún no ha sido detenido ni procesado. El médico es uno de los más de 40,000 denunciantes que luego de darse cuenta de la irregularidad en sus propiedades fueron a la Fiscalía para que abrieran una investigación de su caso, pero pasan meses y hasta años y aún siguen en espera.
En algunos casos, esas propiedades al ser usurpadas por otras personas, estas optan por darlas en alquiler o venderlas a terceros, lo que complica la situación.
Pocos fiscales
El Ministerio Público ha atribuido esta deficiencia en repetidas ocasiones a la falta de personal para atender la gama de delitos que a diario se cometen en el país; en promedio un fiscal tiene a su cargo de 200 a 250 expedientes asignados.
Por eso, solo el 4.3 por ciento de las denuncia han sido investigadas por la Fiscalía, lo que ha dejado como resultado la detención de 2,552 sospechosos; 1,260 de los cuales fueron detenidos in fraganti y 1,292 por orden de captura.
De acuerdo con el informe de la Fiscalía, las denuncias comienzan a incrementarse a partir de 2009 pero las investigaciones empiezan cuatro años después, en 2013.
De ahí que en los últimos siete años, 1,345 capturados por delitos como usurpación, estafa, estafa agravada, falsedad material (alteración de documentos), falsedad ideológica (hacerse pasar por otra persona), tenencia y uso de documentos falsos, fueron encontrados culpables en el proceso judicial y fueron condenados.
A mediados de diciembre de 2019, las autoridades capturaron a una red integrada por 42 implicados entre ellos abogados, notarios, oficiales de policía y registradores del CNR quienes identificaban propiedades abandonadas y tomaban posesión de ellas. Luego procedían a legalizarlas con los servicios de abogado, notarios y empleados del CNR. Ya “legalizado y traspasado”, los podían alquiler, las vendían o las traspasaban a terceros.
Pero esos 42 casos no son los únicos que han conocido las autoridades, un reporte ofrecido por la oficina de Transparencia de la Fiscalía a petición de El Diario de Hoy, detalla el nivel de problema que los salvadoreños experimentan con sus propiedades, sean estas viviendas, edificios, terrenos u otros bienes relacionados.
¿Cómo operan las redes que usurpan propiedades?
De acuerdo con la Fiscalía, los casos denunciados han sido por delito de estafa, usurpación, falsedad material (alteración de documentos), falsedad documental, falsedad ideológica (hacerse pasar por otra persona), así como uso y tenencia de documentos falsos; suplantación y alteración del estado familiar.
Las autoridades explican que estos ilícitos ocurren según sea el caso, las condiciones y las circunstancias; por ejemplo una estafa se presenta cuando se vende o se traspasa una propiedad que no le pertenece al vendedor e incide el engaño, la usurpación cuando una persona o varias se apoderan de una propiedad de otra persona por la fuerza.
Las investigaciones han determinado que los integrantes de estas bandas criminales luego de apoderarse de los bienes crean toda la documentación “legal” de compra venta, traspaso y herencias usando falsas identidades o hacen ver que la víctima les ha vendido por los medios adecuados.
Con escrituras y testimonios de escrituras alteradas (falsedad material) y haciéndose pasar por el titular del inmueble por inscribir (falsedad ideológica) los hampones llegan al Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas del CNR.
En el registro, según las autoridades, ya hay registradores que forman parte de las bandas y con la documentación falsa comienzan el proceso de inscripción; se aprovechan de que la víctima no se percata de la ilegalidad, reside en otro departamento, ciudad o país y desconoce los trámites y los plazos que la Ley da para que alerten al CNR sobre cualquier irregularidad.
Representantes del CNR se han desligado de toda responsabilidad por registros irregulares tras asegurar que ellos por ley no pueden negar el registro de bienes inmuebles cuando el interesado en apariencia reúne todos los requisitos de Ley o presenta la documentación en regla firmada por un notario que goza de fe pública.
Estos ilícitos han ocurrido en casos separados, momentos y lugares diferentes del país.
Según las autoridades, de los más de 58,000 casos denunciados, más de 25,000 sucedieron en propiedades y residencias localizadas en San Salvador.
Le han seguido en denuncias, La Libertad, Santa Ana y San Miguel con más de 4,000 casos.
A pesar de que el promedio anual de denuncias es de casi 6,000, en el 2009 cuando inicia este informe, la Fiscalía y la Policía recibieron más de 8,000 casos, lo que ha convertido el año con más denuncias.
Del total, 12,308 casos están en investigación por parte de la Fiscalía y 3,852 han sido judicializados, es decir, ya pasaron por la audiencia inicial (juzgados de paz) o de imposición de medidas (en juzgados Antimafia de Instrucción), han seguido la fase de instrucción y terminado con la fase de sentencia.