Al igual que casi 1,200 pandilleros intentaron infiltrar las filas de la Policía Nacional Civil en la última década, ayer el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, confirmó que en el último proceso de reclutamiento para el servicio militar, fueron detectados 659 aspirantes a soldados con vínculos o pertenecientes a pandillas.
Los datos del proceso de depuración han precisado que de 1,918 aspirantes que se sometieron a las pruebas de reclutamiento, 846 se retiraron de forma voluntaria y 1,072 quedaron aptos para las evaluaciones de rigor.
Ayer, el ministro Merino Monroy detalló en la entrevista Frente a Frente de TCS, que fue en las pruebas psicológicas que realizan a los aspirantes donde los mareros o colaboradores de esos grupos encontraron el principal tropiezo.
De los 659 casos detectados por Defensa, el ministro detalló que 124 son pandilleros activos y 337 fueron depurados por tener lazos con esos grupos criminales (son familiares o colaboradores).
“Con estos números se ve la cantidad de gente que se ha querido infiltrar en la Fuerza Armada, para ya estando adentro, tratar de influenciar al resto del personal, pero esa es la responsabilidad nuestra, de estar realizando inspecciones permanentes”, afirmó el titular de Defensa.
Expresó además que “hay mecanismos para detectar pandillas, el primero es la presentación de documentos como antecedentes penales y policiales. Posteriormente los chequeos internos: entrevistas, exámenes psicológicos y médicos”.
El ministro reveló además que 301 de los depurados mintieron en los interrogatorios; 21 tenían tatuajes alusivos a alguna pandilla, 23 tienen antecedentes penales, 33 fueron detectados por el sistema. Otros de los aspirantes a integrar el Ejército fueron descartados en su intento por problemas médicos (43) y 91 se retiraron de manera voluntaria.
Una fuente castrense dijo a El Diario de Hoy que pese a que un pandillero tatuado es considerado por ley un “terrorista” y aplica para el delito de organizaciones ilícitas, no son detenidos, sino que solo los sacan de las unidades militares.
Según el ministro, la cifra de los mareros que intentan burlar el sistema de reclutamiento ha subido de 13 a 33 en los últimos años.
El ministro Merino Monroy afirma que si bien hay buena parte de los aspirantes que ingresan a la Fuerza Armada por falta de empleo en el país, también lo hacen por el prestigio de la institución y por el servicio que brinda a los salvadoreños; que eso lo extraen de las conversaciones que tienen con ellos en el proceso, dice el alto jefe castrense. “Varios que están en la institución es porque sienten ese interés de servirle a la patria”, detalló.
Ejército en seguridad pública
En general, actualmente hay 8,600 efectivos militares en el servicio de la seguridad pública en apoyo a la Policía Nacional Civil, y buena parte de ellos son militares de la reserva. En agosto fueron incorporados 1,000 para apoyar esas tareas, dijo Merino Monroy.
El ministro también destacó que la Fuerza Armada está al día con el pago del bono de $200, un beneficio para los soldados que desarrollan tareas de seguridad pública, y con el bono de $50 para los que están solo al servicio de la entidad castrense.
“A partir del incremento de homicidios en los primeros días de septiembre, aumentamos también la presencia en el transporte público para que la gente tenga más confianza”, detalló Merino Monroy.
Los militares brindan seguridad junto a los agentes policiales en terminales, paradas de buses, parques, calles y avenidas y en sitios donde hay afluencia para mayor seguridad.
Desde que inició el Gobierno de Nayib Bukele unos 2,000 soldados fueron designados a tareas de Seguridad Pública en apoyo a la Policía; luego el mandatario le ordenó al ministro aumentar el reclutamiento para formar a otros 1,000 soldados.
“El Salvador ha utilizado la Fuerza Armada en seguridad pública en las últimas dos décadas, no veo porqué ese va a ser un debate nuevo”, justificó Bukele.
Pero con ese afán por incrementar las cifras de soldados, las pandillas han encontrado una puerta abierta para infiltrar una de las instituciones en las que la población tiene confianza, según recientes sondeos de opinión.