Diputados señalan que decreto 32 riñe con la Constitución

Los legisladores opinan que es el mismo decreto 31, ya que solo es un cambio de fechas. Exponen que contiene los mismos vicios de inconstitucionalidad y que responde a la improvisación con la que el Gobierno está manejando la pandemia en el país.

Por Violeta Rivas

Jul 31, 2020- 04:30

Diputados de la Asamblea Legislativa opinan que el Decreto Ejecutivo 32, publicado el pasado miércoles por la noche, riñe con la Constitución de la República en diferentes artículos, principalmente en la prohibición a las personas al trabajo, debido a que está decidiendo el Gobierno, qué empresas pueden trabajar y cuáles no.

El abogado Enrique Anaya manifiesta que en esencia, el decreto Ejecutivo 32 es una copia del 31, con la diferencia en los cambios de fechas y períodos de las fases, pero que tiene los mismos vicios de inconstitucionalidad, “constituye una aberración jurídica, que comprende restricciones a derechos constitucionales, lo que solo puede disponer la Asamblea Legislativa. Se restringen, al menos, la libertad de circulación, la libertad de trabajo y la libertad de empresa”, opina.

El diputado René Portillo Cuadra, de ARENA, concuerda con la opinión de Anaya, ya que explica que el mantener cerradas fuentes de empleo no debe de ser regulado en un decreto Ejecutivo, sino que Legislativo porque los derechos constitucionales, como el derecho al trabajo solamente pueden ser regulado por una ley secundaria.

“El decreto ejecutivo va más allá de lo que la Constitución plantea, en tanto debería de ser la Asamblea Legislativa quien regule o limite el tema de la apertura de las fuentes de trabajo”, dice Portillo Cuadra, en cuanto a la lectura jurídica sobre el decreto 32.

Señala que el presidente de la República, Nayib Bukele, va más allá de lo que la Constitución de la República le faculta porque el mandatario no tiene ninguna potestad constitucional para poder decidir qué empresas puede cerrar o abrir, porque esa facultad solo se puede limitar ley secundaria.

Asegura que es necesario establecer medidas para contener el COVID-19, pero que eso no implica que el presidente se extralimite en su mandato, “todo es por no mandar a la Asamblea estos decretos, porque nada le costaría que la Asamblea Legislativa, a iniciativa de él, pudiera aprobar este tipo de fases”, expuso.

Portillo Cuadra recordó que hay un decreto Ejecutivo que fue aprobado por la Asamblea, que está en controversia en la Sala de lo Constitucional, el cual no ha resuelto, donde ya se establecían fases. Y añade que el problema no son las fases sino las herramientas que sigue utilizando el Gobierno para violentar derechos constitucionales.

Portillo Cuadra expone que los artículos de la Constitución de la República que violenta el presidente Bukele con el decreto 32 son el 2, que dicta que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad y al trabajo, además del artículo 37, cuando dice que el trabajo es una función social que goza de protección del Estado.

Y el decreto 246 que dicta que “los principios, derechos y obligaciones establecidos por esta Constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio”, lo cual significa que ninguna otra normativa puede violentar lo que la Constitución establece, dice el legislador y comenta que si el presidente Bukele quiere limitar el derecho al trabajo, no abriendo fuentes de empleo tendría que aprobarlo la Asamblea con 56 votos, o sea mayoría calificada.

“Cuando a un centro de trabajo o a una empresa se le impide abrir para atender al público, se le está violentando el derecho al trabajo, no solo a la persona que es dueña de una empresa, sino a todos los que laboran en ella”, dice el legislador.

Shafick Hándal, del FMLN, concuerda en que es el mismo decreto 31 solo con el cambio de fechas, pero que contiene varias incongruencias, como en el caso de impedir que circule el transporte público, las personas están viajando en transportes particulares sin guardar distancia aumentando el riesgo de contagio, porque no existe ningún tipo de control.

“Lo que está haciendo la gente ahora para movilizarse por la falta de transporte es mucho más peligroso que si hubiera transporte público con los protocolos del caso”, dice el parlamentario.

Añade que al parecer, tanto el presidente Bukele como el ministro de Salud, Francisco Alabí, no tiene un plan específico para enfrentar la pandemia y lo hacen de forma improvisada, en una realidad donde hay emergencia sanitaria.

“La que no hay es una ley de emergencia nacional que les de las facultades para prohibir el transporte, esta sí es una violación, ellos no pueden restringir la movilidad de las personas, pueden regularla, pero no restringirla. Todo esto es producto de la improvisación. El plan de apertura que se está ejecutando es el del Ejecutivo, no es ni siquiera el decreto 661 porque ese lo vetó, ellos han manejado enteramente el tema de la pandemia, no han aceptado ayuda, consejos”, dice Hándal.

Hizo además un llamado a la Sala de lo Constitucional para que priorice el decreto legislativo 661 porque es necesaria una herramienta para atender la emergencia, “están muy lentos, no van al tono de la necesidad y coyuntura, lo que estoy pidiendo es que resuelvan ya”, manifestó.

El diputado Rodolfo Parker, del PDC, sostuvo que el presidente Bukele viola nuevamente la Constitución de la República, “lo sabe porque la Sala ya lo advirtió y no le importa. Es un autócrata que se cree por encima de la ley y por ello busca concentrar el poder”, opina.

Agrega que el eje de todos los decretos emitidos por el Ejecutivo ha sido la discrecionalidad presidencial, “es decir, su capricho y arbitrariedad. Es para desgastar a la Sala y a la Asamblea Legislativa. Si realmente hubiera tenido un plan y que necesitase herramientas hubiera avalado el decreto 661, pero lo vetó, porque le cambia su guión político y además le exigía rendición de cuentas”, dice Parker.

“Si emite (el Ejecutivo) el decreto 32 hasta ahora quiere decir que desde el 8 de julio (un día después de que iba a iniciar la segunda fase) hemos estado en una situación de ilegalidad”. Enrique Anaya, abogado constitucionalista

“Al no tener un plan científico, técnico de cómo aplanar la curva, pues lo único que a él (Bukele) se le ocurre es limitar los derechos, esa es parte de la improvisación con la que se ha manejado”. René Portillo Cuadra, Diputado de ARENA

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