Abogados advierten que decreto de excepción contiene vicios anulados por la Sala de lo Constitucional

Los juristas Javier Castro y Eduardo Escobar señalan que hay aspectos en la propuesta del Gobierno pueden generar discrecionalidades y abusos

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Durante la cuarentena, la Procuraduría de Derechos Humanos recibió cientos de denuncias de abusos policiales y militares. Foto EDH/ Archivo

Por Ricardo Avelar

2020-06-26 4:30:01

Si bien los juristas Javier Castro y Eduardo Escobar reconocen que el Ejecutivo ha cumplido formalmente con enviar solicitud de régimen de excepción al Legislativo en lugar de decretarlo unilateralmente, coinciden en que contiene vicios ya anulados por la Sala de lo Constitucional.

Según Castro, director de Estudios Legales de Fusades, hay aspectos que van en contra de lo señalado por la Sala y pueden generar discrecionalidades y abusos. “Se está proponiendo delegar al Órgano Ejecutivo para que restrinja ciertos derechos constitucionales, como el de la libertad económica, restricciones que solo las puede definir la Asamblea Legislativa, mientras que en el proyecto se establece que el Ministerio de Salud es quien definirá qué sectores (…) están autorizados a funcionar, atribución que es de la Asamblea y que no se puede delegar”.

Además, lamenta que se ha excluido del permiso de circular al personal del Instituto de Acceso a la Información Pública, lo que lesiona la transparencia y rendición de cuentas.

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Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, critica que sigue presente el aspecto punitivo de la cuarentena controlada como castigo para quienes incumplan el confinamiento. Además, lamenta que el proyecto de decreto “deja abierta la puerta a la discrecionalidad de la PNC para detener a personas y mandarlas a centros de contención pese a que no estén contagiadas, una detención ilegal”.

Asimismo, considera que es absurdo que el Ejecutivo plantee confinamiento mientras no haya vacuna. “El país no puede paralizarse”, dice y advierte que esto tendrá duras consecuencias sobre la salud económica y mental de los salvadoreños. “Es impracticable”, sentencia.

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