Por disposición del Órgano Ejecutivo, este martes, inicia la primera fase de reapertura económica en el país tras estar paralizada desde hace dos meses a causa de la pandemia del COVID-19.
El Gobierno ha establecido cinco etapas en las cuales las empresas de diferentes rubros podrán reiniciar sus operaciones de forma gradual, pero el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Javier Simán, sostuvo ayer que las compañías tienen la libertad de decidir si siguen lo estipulado por las autoridades o hacen lo que crean pertinente si consideran que se les está violentando su libertad económica.
“No acompañamos las medidas de fases. No podemos acompañar decretos ejecutivos que violan las resoluciones de la Sala (de lo Constitucional). No podemos acompañar decretos ejecutivos que limitan la libertad de movilidad y libertad económica de todos los salvadoreños. Eso (las medidas) tiene que ser con un decreto legislativo y entendemos que Asamblea presentó tres decretos legislativos y los tres fueron ignorados por el Órgano Ejecutivo”, apuntó Simán al salir de una reunión con diputados de la Comisión de Hacienda que estudian la creación de una ley de fideicomiso para apoyar a las empresas afectadas por la pandemia.
El empresario aseguró que hay un vacío de ley, pese a que desde hace dos meses se le propuso al Gobierno elaborar un plan que permitiera una reactivación ordenada de la economía en el país, pero no se hizo. Añadió que los decretos presentados por el Congreso tienen similitud con las fases de reapertura que el Ejecutivo ha establecido, “excepto que el Gobierno se reserva mucha discrecionalidad y mucha arbitrariedad a la hora de implementar esas fases”.
Simán aseguró que muestra de que el Ejecutivo nunca ha tenido un plan para tratar el tema de salud y de reactivación económica es que, el 1 de mayo, un hermano del presidente Nayib Bukele “prometió” que la reapertura sería el 15 de ese mes y luego, en una reunión con empresarios en Casa Presidencial, el mandatario dijo que se realizaría el 6 de junio.
“Cada empresario está en libertad de seguir las fases que definió el Gobierno o si cree que le están violentando su libertad puede tomar las medidas necesarias. Tiene que haber un plan que cumpla con la ley, porque de alguna manera hay sectores a los que se les está diciendo que no van a abrir todavía. ¿A cuenta de qué? ¿Cuál es el criterio? Eso debió estar incluido en un decreto legislativo porque se le está violentando el derecho a esas otras empresas”, cuestionó Simán.