A propósito de la reciente crisis política en el Perú, donde el presidente disolvió al Congreso siguiendo un trámite legal, algunas voces en El Salvador han aprovechado el descontento con el Legislativo y pedido que se actúe de forma análoga.
A juicio de Rodolfo González, exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, esto puede verse de dos formas: o es una ignorancia de la ley o es una forma maliciosa de interpretar una disposición constitucional que ni siquiera se asemeja a lo que estas personas, tradicionalmente cercanas al presidente Nayib Bukele, pretenden decir.
Por ello, en un reciente artículo de opinión, González calificó estas opiniones como “desvaríos constitucionales”.
Asimismo, advirtió que el estado de derecho supone que los poderes del estado se controlen los unos a los otros. Esto, explica, es el funcionamiento normal de una democracia y no una expresión antojadiza de un grupo hacia otro.
Finalmente, el magistrado manifiesta que el alto capital político del presidente puede ser utilizado para construir puentes y lograr acuerdos en áreas sustanciales, pero lamenta que de momento se enfoque en “desautorizar, desprestigiar, amenazar o presionar a los diputados”.
De estos y otros temas conversamos con Rodolfo González. Aquí la entrevista completa con El Diario de Hoy:
Usted habló en su columna sobre desvaríos constitucionales. ¿A qué se refiere?
Interpretaciones absurdas, estirar la norma para hacerla decir lo que no dice. Nuestra Constitución es de las pocas que expresamente reconocen en su texto el derecho del pueblo a la insurrección pero hay que leer no solo el 87, sino los 274 artículos de la Constitución para que usted entienda el significado del artículo original.
Es como la reforma constitucional, se permite pero hay áreas que no se pueden reformar. Al hablar de desvaríos hablamos de ideas supuestamente en nombre de la Constitución pero que son verdaderos absurdos para querer justificar aspiraciones políticas que no tienen cobertura en la Constitución.
Lo que se dice en nombre del 87 de la Constitución no es lo que realmente deriva del artículo. Ni es cierto lo que se ha venido diciendo de que cualquier cosa de la Constitución se puede reformar. Hay que poner sensatez al discurso político.
Foto EDH/ Marcela Moreno
El artículo 87 habla de la insurrección, pero ¿qué es lo que sí y lo que no permite?
El pueblo es el soberano y cuando considere que el orden constitucional ha sido lesionado puede lanzarse a la calle y recuperar la soberanía que en periodo ordinario se ejerce por los órganos del estado.
En el 87 se reconoce el derecho de insurrección pero el artículo dice que no es para romper el orden sino para restablecerlo cuando es alterado por los funcionarios y durará cuanto sea necesario para deponer a las autoridades que rompieron el orden.
¿Qué es una ruptura al orden constitucional?
La superación de un veto o una sentencia que a alguien no le gustó o una decisión ejecutiva o legislativa no lo son. Ruptura del orden es romper el núcleo de la constitución, la forma al sistema de gobierno, la separación de poderes, derechos fundamentales.
No es una turba que se lanza a expresar su rechazo a unos diputados o ministros. Por eso es que ya que está en la Constitución hay que interpretarlo en el contexto de todo el orden constitucional.
En el caso que diputados (Numan Salgado, GANA) o cercanos al presidente (como Walter Araujo) lo invoquen, ¿es una interpretación maliciosa?
Puede ser una interpretación a partir de la ignorancia, no se conoce a cabalidad el funcionamiento del sistema republicano de frenos y contrapesos. La ignorancia se resuelve poniéndose a estudiar. Pero si es por mala fe es más preocupante. Que un exfuncionario del nivel de expresidente de la Asamblea o que presidió el TSE (Araujo) o de un actual diputado (Numan Salgado, GANA).
Hay que llamar la atención que una función de los partidos políticos es reclutar gente que pueda ser postulada a cargos pero darles una mínima formación sobre el régimen constitucional. No todo se puede porque se tiene el poder. El presidente puede hacer muchas cosas, por ejemplo, pero hay cosas que la Constitución determina que no.
Si estos llamados equivocados son por mala fe, se está rompiendo el principio básico de la lealtad constitucional.
Un presidente puede ser enérgico con la oposición y hacerle jugadas políticas para sacarlos de base y esto puede ser válido dentro del juego. Lo que no se puede hacer es perseguir política o judicialmente a políticos opositores.
Seamos leales con el régimen constitucional. Preocupa si se hace de mala fe o si está haciendo un pulso en la opinión pública para ver cuánta receptividad hay a eso. El pueblo no es una turba sino el conjunto de ciudadanos que tenemos un vínculo de nuestro Estado.
¿El presidente juega con la idea de que su oposición es una minoría pequeña. ¿Qué protección constitucional hay a las minorías para no ser aplastadas?
Hay teorías de la democracia que ven a la democracia como el sistema donde se hace lo que decide la mayoría con respeto de las minorías y hay quienes ven a los derechos fundamentales como triunfos de la minoría ante la voluntad de la mayoría.
En la Asamblea se hace lo que dicen 43, la presidencia se gana con el 50% más uno. Pero la minoría no pasa a ser ciudadanía de segunda categoría. Se le pide a un demócrata que entienda que su mayoría no tiene la facultad de aplastar los derechos de la minoría, así sea 96 frente a 4 o 99 frente a 1, la minoría siempre tiene derechos fundamentales. Por eso convivimos en un régimen donde hay reglas básicas que no serán alterados llegue quien llegue. Si un presidente se dice demócrata debe tener claro el respeto a la minorías.
¿Si ellos quisieran malinterpretar el 87 o reformar la constitución en lo que no se puede, ¿está lista la institucionalidad para protegerse?
Tiene que estarlo. Hay una Sala de lo Constitucional, hay una Fiscalía que puede ser activa, un Instituto de Acceso a la Información y en general una institucionalidad operante, funcional que puede parar conatos de ruptura del orden constitucional.
Hay que saber afinar el lápiz: un grupo de personas apostadas frente a la Asamblea o la Corte, impidiéndoles que apoyen una ley, ¿qué están haciendo? ¿Están ejerciendo el derecho de insurrección o cometiendo un delito de sedición o rebeldía? ¿De qué depende que califiquemos como una u otra? De para qué se reunieron. Si es para alterar el orden constitucional, es un vulgar delito de sedición, Si es para restablecer el orden constitucional. Hay que precisar de qué hablamos. El hecho objetivo es una muchedumbre ante una institución.
Los magistrados que me sucedieron a mí y a mis compañeros están vigilantes de esta situación. El Fiscal General también lo está. Si esto solo queda como un pulso en la opinión pública, qué bien que hay voces sensatas que señalan la locura y los delirios que aseveran algunos. Lo importante es la constitucionalidad para evitar que esto pase a más.
Hay quienes dicen que no hay que esperar hasta 2021 para sacar a estos diputados. A mí no me gustan muchos diputados, pero la forma de sacarlos no es por la fuerza, alegando de forma ignorante o maliciosa el derecho a insurrección. Alegan que pueden hacer barbaridades pasando leyes, pero para eso hay mecanismos procesales para llevarlas ante los tribunales.
Hay una institucionalidad que esperamos se mantenga vigilante y si esto pasa a más, ejerza las herramientas que da el estado de derecho.
Si un presidente está inconforme con la aritmética política, ¿qué le toca hacer?
Si es un presidente demócrata y entiende el funcionamiento del régimen, tiene que negociar con los diputados a pesar que se odien. Si un presidente es demócrata, no tiene más alternativa que sentarse y negociar en el buen sentido para configurar buenas políticas.
Hace 27 años apenas estábamos siendo ejemplo de un país que puso fin a un conflicto por la vía negociada. Ya sé lo que hicieron los partidos tradicionales después de los acuerdos de paz y yo firmé sentencias anulando decisiones equivocadas que aprobaban estos partidos, pero la manera de afrontar el que no tenga respaldo automático y absoluto de un parlamento es negociar y buscar puntos de encuentro.
¿Podría el presidente usar su alto capital político para esto?
Sí, definitivamente. Pero la pregunta que hay que hacer es para qué lo va a utilizar, ¿para desautorizar, desprestigiar, amenazarlos o presionar a los diputados?
El problema está en el Ejecutivo si está pensando así. El capital político se puede usar para bien o para mal. Si se usa para presionar a los otros órganos y quererlos llevar a un punto de aprobar todo tan cual, el problema es del Ejecutivo.
Para un salvadoreño, ¿es preocupante que la Asamblea Legislativa tenga la facultad de adversar las decisiones del presidente?
No, no es negativo. Uno espera que si la Asamblea interpela ministros, forma comisiones de investigación, se tarda los 3 meses que dice la Constitución para aprobar un presupuesto sea porque de verdad está analizando los pros y contras de la propuesta del Ejecutivo y no con la intención de bloquear.
Cuando dejó de ser positivo los frenos y contrapesos y controles entre órganos es cuando uno bloquea al otro. Pero en sí que una Asamblea haga controles sobre el Ejecutivo no solo es tolerable sino que es deseable, es lo que exige un régimen republicano. De igual manera lo hace el Judicial, que tiene la facultad de frenar actos que no corresponden con el marco legal. También tiene esta facultad el presidente de vetar algo que no le parece conveniente.
¿Es esto anormal o ganas de molestar? Son los juegos normales de un sistema republicano.
A 35 años de la constitución y 27 de los Acuerdos de Paz ya deberíamos tener esto claro, los ciudadanos y mucho más la clase política.
¿Y debe preocupar, como se quejó el presidente Bukele, que la Asamblea conozca de asuntos presupuestarios?
Es todavía más importante que la Asamblea conozca en materia presupuestaria porque son los recursos que todos aportamos, sacrificando un poco de nuestros ingresos. El órgano plural y representativo, la Asamblea, debe aprobar el presupuesto pero no automáticamente, solo apretando un botón, sino revisando al detalle. Imagine un presupuesto con un porcentaje dedicado a defensa como teníamos en los 80s, en detrimento del área social. Es lógico que esta revise.
Un presidente demócrata tiene que convivir con esto, es de lo más normal. Es un principio que en las democracias lleva ocho siglos. Si alguien ocho siglos después no ha descubierto eso, debe hacer el esfuerzo de ponerse al día. Así funciona un régimen republicano.