La Asamblea Legislativa hizo el jueves una interpretación auténtica del artículo 5 inciso tercero del decreto legislativo 593 aprobado el 14 de marzo para decretar estado de emergencia nacional por la pandemia generada por el COVID-19, a raíz del cual miles de personas han tenido que recluirse en sus casas o permanecer en albergues temporales para evitar contagios y propagación del virus.
“Las cuarentenas ordenadas por el Órgano Ejecutivo, a partir del 11 de marzo del año 2020, ya sean estas en un centro de contención o domiciliares, por la pandemia de COVID-19 tendrán el mismo tratamiento de las incapacidades temporales por enfermedad común, previstas en el Código de Trabajo y la Ley de Asuetos, vacaciones y licencias de los empleados públicos, para todos los efectos legales y económicos correspondientes. En este caso, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social está obligado a cubrir la totalidad del subsidio diario por incapacidad al trabajador o trabajadora con cuarentena, durante el tiempo requerido para ella y de conformidad a lo señalado en el artículo 48 de la ley del Seguro Social y el artículo 24 del Reglamento de Aplicación del Régimen del Seguro Social”, reza el dictamen aprobado el jueves por los legisladores.
Por tanto, todos los trabajadores que estén cumpliendo cualquier tipo de cuarentena, por la pandemia de COVID-19 tendrán derecho al subsidio establecido en la presente disposición desde el primer día hasta la finalización de dicha cuarentena, no importando si el trabajador estuviese enfermo o no, reza el decreto.
“Esta pieza se traduce en un alivio para la clase trabajadora de la micro, pequeña y mediana empresa. Este es un mensaje positivo y se establece que cualquier tipo de cuarentena será el ISSS que pagará el subsidio”, expresó el diputado de ARENA, David Reyes.
Horas antes, el Gobierno solicitó al Congreso reformar el decreto 593 que ordena a las empresas seguir pagando los salarios de los empleados que están en cuarentena.
Esta solicitud fue criticada por la Cámara de Comercio e Industria El Salvador (Camarasal) y la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), que denunciaron que el Gobierno pretende que las empresas sigan pagando salarios y prestaciones a sus empleados, pese a que por razón de la crisis no estén operando o lo hagan parcialmente.
“Con estas medidas tan restrictivas y contraproducentes, la economía no aguantará el periodo de cuarentena en el que nos encontramos y los empleos de todos los salvadoreños estarán en riesgo”, señaló Camarasal en sus redes sociales.