Una humareda maloliente llena un campamento de refugiados a pasos de la frontera entre México y Estados Unidos, producto de fogatas constantes y de montañas de desechos humanos. Padres e hijos viven en un mar de carpas y lonas, algunas atadas con bolsas de basura. Los hay quienes duermen a la intemperie bajo temperaturas a veces de congelación.
Justina, quien dice haberle escapado a la persecución política en Nicaragua y busca asilo en Estados Unidos, trata de mantener saludable a su beba de ocho meses en la carpa que ocupan. A la niña, Samantha, se le diagnosticó neumonía y hace poco fue dada de baja en un hospital donde escasean los antibióticos.
“Aquí yo aguanto frío, hambre y todo porque no tengo recursos y la niña también aguanta”, dijo Justina, quien no quiso dar su apellido por razones de seguridad.
El campamento es producto de la política del gobierno estadounidense de Donald Trump que obliga a las personas que piden asilo a permanecer en México mientras se procesan sus solicitudes. Más de 55,000 personas, incluidas Justina y Samantha, se encuentran en esa situación.
Una crisis humanitaria se agrava con cada día que pasa en el campamento de Matamoros, del otro lado de Brownsville, Texas, donde se observa una bandera estadounidense ondeante desde más de 700 carpas. Unos 2,000 migrantes esperan ser citados por los tribunales de inmigración estadounidenses en medio de condiciones médicas y sanitarias en franco deterioro.
Escasea al agua potable. La gente debe hacer cola por media hora para recibir leche y baldes con agua. Algunas personas se bañan y lavan sus ropas en el río Bravo (Grande en Estados Unidos), a sabiendas de que está contaminado con E.coli y otras bacterias. Dependen de donantes para sus comidas o pescan en el río y cocinan lo que sacan prendiendo fogatas con leños.
Cerca de los inodoros de madera huele a excrementos. Revolotean las moscas sobre papel higiénico dejado en el piso. Un voluntario limpia con una pala materia fecal acumulada frente a unos inodoros.
Las condiciones del campamento reflejan los peligros para la salud asociados con la política de “quédense en México” y cómo las organizaciones sin fines de lucro se debaten por ofrecer atención médica y otros servicios básicos sin el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos ni de México.
La agrupación Médicos Sin Fronteras dice que en tres semanas de octubre realizó 178 consultas médicas en el campamento de Matamoros por condiciones que iban desde diarrea, presión alta y asma hasta trastornos psiquiátricos. Más de la mitad de los pacientes fueron menores de 15 años.
La nueva política estadounidense hizo que mermase la cantidad de personas que cruzan la frontera sur, una de las prioridades de Trump, cuyo gobierno dijo el jueves que las detenciones en la frontera habían caído por quinto mes seguido.
Mark Morgan, comisionado interino del Servicio de Protección de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos, dijo que programas como quédense en México, parte de lo que se llama Protocolo de Protección de Migrantes (PPM), han tenido un gran impacto.
“El PPM ha sido un gran éxito” desde una perspectiva policial, expresó Morgan.
Cuando Estados Unidos y México anunciaron el programa en diciembre, México se comprometió a suministrar permisos de trabajo y otra asistencia a los migrantes que esperan ser atendidos por los tribunales estadounidenses.
El mes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que “tiene entendido” que los migrantes “tienen acceso a cuidados y ayuda humanitaria, alimentos y vivienda, permisos de trabajo y educación”. Agregó que Estados Unidos había aportado más de 17 millones de dólares para usar en refugios y otras opciones de vivienda.
Pero en Matamoros hacen falta muchas cosas. Más de 11,000 personas fueron devueltas hasta el 1ro de octubre, de acuerdo con cifras oficiales obtenidas por la Associated Press.