La imagen de militares y policías con fusiles de asalto, cascos y chalecos antibalas en la Asamblea Legislativa el 9 de febrero, protegiendo al presidente Nayib Bukele, quien se sentó en la silla del presidente del poder legislativo y hasta tocó el bong para iniciar la plenaria, es una imagen que quedó registrada en la historia de El Salvador.
Luis Mario Rodríguez, abogado director de Estudios Políticos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) hace algunas valoraciones de un acto, que según él, demuestra tiranía e irrespeto a la democracia del país. El Diario de Hoy conversó con Rodríguez y estas son sus valoraciones.
¿Qué es la gobernabilidad?
En un Estado democrático la gobernabilidad implica que los órganos fundamentales del Estado funcionan de manera autónoma con una finalidad concreta: alcanzar el bien común. Esa gobernabilidad implica que las relaciones entre políticos que están mandando o que tienen el liderazgo en cada uno de los órganos del Estado, intentan dialogar y llegar a acuerdos políticos.
Hay dos reglas importantes en materia de gobernabilidad democrática, reglas que en algunos sistemas no son escritas pero que definen la relación entre los órganos del Estado, y son la tolerancia mutua y la contención institucional; la tolerancia mutua implica que los políticos se respeten y se acepten mutuamente, independientemente que se consideren adversarios, pero no quieren neutralizarse por completo, es decir, no quieren eliminarse unos a otros.
Sino que al final están en un juego democrático donde políticamente ocupan estrategias para ganar determinada situación, lo que no es posible que las estrategias que ocupen, dentro del juego democrático, sean para que el otro pierda para siempre, es decir, eliminarlo. Eso es entrar a la autocracia, al autoritarismo.
La Constitución establece tres Órganos, ¿alguno está sobre otro?
La división de poderes fue básicamente una creación del Estado Liberal Democrático, es decir, el liberalismo político, lo que vino a poner dentro de la ciencia política fue la división de poderes, en el sentido que teníamos que anular el poder absoluto que tenía por ejemplo un monarca y, por tanto, esa división de poderes vino a establecer reglas para que nadie pudiera concentrar el poder. En el caso del Órgano Judicial se le dio también las atribuciones de árbitro, cuando entre el órgano Legislativo y Ejecutivo existiesen diferencias.
Es decir, no está ninguno de los órganos del Estado sobre otro.
Cuando un presidente no tiene partido y no tiene respaldo en el órgano legislativo, ciertamente se pueden generar crisis, los teóricos del presidencialismo señalaban que las crisis en este sistema suelen ocurrir precisamente cuando no hay partidos que respalden al presidente.
¿Es justo lo que tenemos en este momento en la Asamblea Legislativa?
Es justo lo que tenemos, y que curiosamente veníamos observando un respaldo de los partidos políticos a las iniciativas del presidente en los últimos ochos meses, aunque el lenguajes político que existe entre ellos nos dé una tonalidad diferente como que si hubiese un bloqueo institucional, cuando no es así.
El hecho que no haya respaldo legislativo a un presidente no significa que se tengan que romper las normas constitucionales y el orden constitucional, tiene que encontrarse un espacio en el que se diriman las diferencias, se establezca el diálogo político.
¿Qué efecto tendrá la toma militar de la Asamblea sobre el país?
El 9 de febrero, en los años que llevamos de orden democrático en el país, pongamos como dato luego de la firma de los Acuerdos de Paz y podríamos ir más atrás tomando por ejemplo los golpes militares que se daban allá en los años 60 y 70, representa un hecho político, que lamentablemente violenta la separación de poderes, incumplen las disposiciones constitucionales donde se señala que los órganos de Estado deben respetarse mutuamente, controlarse recíprocamente, lamentablemente dibuja una intolerancia respecto del adversario político, donde lo que se quiere es eliminarlo.
En Fusades, hemos pedido deducir responsabilidades y también garantías por parte del Gobierno de la República, del presidente, de que esto no se repetirá en el futuro.
¿Es un síntoma de tiranía?
Es un síntoma latinoamericano donde los gobernantes están básicamente intentando responder a las necesidades de la gente, el problema es, que en algunos casos como este, y otros en América Latina, los presidentes se están equivocando de estrategia, porque para responderle a la gente no se necesita romper con la institucionalidad.
La gente lo que quiere es comer, educarse, quiere salud para sus hijos, y los gobernantes están obligados a proveer esos servicios públicos, pero no lo pueden hacer eliminando al adversario político, tiene que responderle a la gente dentro de las reglas constitucionales.
El 9F sí representa un síntoma autoritario que debemos cortar de inmediato dialogando, estableciendo una garantía de que no se va a volver a repetir, y por supuesto deduciendo responsabilidades legales para quienes cometieron esta situación.
El presidente publicó un artículo en un periódico estadounidense donde afirma que estaba preocupado por un levantamiento popular contra la Asamblea y por eso pidió la intervención de los militares, ¿qué opina de esa afirmación?
El presidente está tratando de controlar los daños que su conducta ocasionó internacionalmente a la imagen del país, es decir, una imagen que el presidente se había labrado muy positivamente, como uno de los presidentes más jóvenes del mundo, que estaba intentando cambiar la política, que según él, se había implementado erróneamente en los últimos 30 años, y por tanto estos editoriales lo que hacen es tratar de mitigar ese error político fuera de la ley que se cometió el 9 de febrero.
Mi respuesta nos lleva a recordarnos a la fotografía que todo el mundo vio del Salón Azul de la Asamblea Legislativa tomada por militares, frente a esa estampa, no hay editorial ni justificación alguna que pueda eliminar de nuestra mente la posibilidad o el intento, que lamentablemente el Gobierno dio, de eliminar a uno de los jugadores políticos, que este caso es la Asamblea Legislativa.
El presidente tiene el respaldo de la ciudadanía, y ciertamente, el mismo presidente llamó a la ciudadanía a protestar frente a la Asamblea Legislativa, debería utilizar ese respaldo popular para enmendar este error, para pedir al Ministerio de la Defensa que deduzca responsabilidades y bueno para dar garantías de que no sucederá, y al final sobre todo, para que la inversión nacional y extranjera recupere la confianza en el país, que seguro vio con preocupación el acontecimiento inconstitucional del 9 de febrero.
¿Fue un mal cálculo del presidente o solo estaba midiendo fuerzas de lo que puede hacer?
El presidente tiene el derecho de reclamarle a la Asamblea Legislativa que le apruebe todas aquellas iniciativas que la gente demanda para solucionar sus problemas, lo que no es posible, es que las estrategias que utilice rompan con el orden constitucional, rompan con esas normas no escritas que comentaba al inicio, que tienen que ver con la tolerancia mutua, con la contención institucional, envían un mensaje a la población, que las conductas autoritarias y violentas son una vía para resolver nuestras diferencias cuando es todo lo contrario, a eso es lo que necesitamos, necesitamos diálogo, necesitamos políticas públicas eficientes, necesitamos que se tome en cuenta a todos los actores empresariales y sociales, dado que ahora ya no existen espacios de diálogo para que esos actores puedan dar sus puntos de vista.
Lo que sucedió es un hecho que no puede presentarse de nuevo en el país, el presidente debe utilizar su capital político para, bueno ojalá, pedirle a la gente que ciertamente le exija a la Asamblea resultados que requiere, pero no fuera del orden constitucional.
¿La Constitución le da algún poder al presidente para eliminar a la Asamblea Legislativa?
No le da ningún poder, estamos en un sistema presidencialista donde hay controles políticos, pero eso controles no permiten como en el parlamentarismo, retirar la confianza al Congreso y disolverlo, o el Congreso retirárselo al presidente y quitarlo. Los controles recíprocos políticos, en el caso de la Constitución de El Salvador, lo que hace es permitirle al presidente controlar, por ejemplo, cuando hay leyes inconstitucionales e inconvenientes a través del veto; y al Congreso, llamar a ministros como lo estamos viendo ahora en las interpelaciones para cuestionarlos a cerca de una mala decisión y de una política pública errada.
La Constitución claramente protege la separación de poderes, la fomenta e impide que uno u otro órgano del Estado pueda liquidar a la democracia que debe distinguirse por esa autonomía de los órganos del Estado.
¿La Asamblea Legislativa tiene facultades para destituir al presidente?
Hay en la Constitución atribuciones para la Asamblea que tienen que ver con la incapacidad que podría mostrar quien este ejerciendo la Presidencia de la República, siempre y cuando haya un dictamen médico que así lo disponga, pero no es un control, insisto, como en el parlamentarismo donde los diputados pueden retirar la confianza al presidente y adelantar elecciones.
Nuestra Constitución lo que establece es una posibilidad de un control recíproco entre los órganos de Estado, de tal forma, que se deduzcan en algún momento responsabilidades sobre actuaciones que posiblemente han lindando con inconstitucionalidad que se han dado fuera de la ley.
La Sala de lo Constitucional ha actuado como árbitro, y en el lenguaje popular ha puesto quieto al presidente, ¿así debe ser el actuar de la Sala?
La resolución de la Sala que vino a poner sobre la mesa un precedente importantísimo en esta crisis del 9 de febrero, ordenándole al presidente no utilizar a la Fuerza Armada para fines distintos (políticos) a los que la Constitución establece y dejando sin efecto la orden del Consejo de Ministros que convocó a una plenaria extraordinaria, es la función y actuación normal de las instituciones de control en un Estado democrático.
Igual como el presidente puede vetar u observar una ley, o la Asamblea puede interpelar a un funcionario, como lo estamos viendo con la ministra de Salud y el presidente de Anda; la Sala de lo Constitucional como máximo intérprete de la Constitución puede dar o hacer un control de los actos políticos, en este caso, del Consejo de Ministros y del presidente, por tanto, lo que vimos ahí es la manera, ordinaria y normal, en la que deberían funcionar los órganos el Estado.
Lo anormal fue la militarización de la Asamblea Legislativa, lo anormal fue interpretar la Constitución, dándole al Consejo de Ministros esa facultad de convocar a la Asamblea Legislativa como si fuera que estuviese en receso y no se reuniera semanalmente; lo anormal fue decir que la situación de emergencia era la inseguridad del país, cuando el Gobierno toma como uno de sus éxitos, en estos ocho meses, la reducción de homicidios y la percepción que la seguridad está mejorando.
Sí puede debatirse, sí puede señalarse por parte del presidente que la Asamblea no le aprueba sus iniciativas, pero eso todo dentro del marco de la ley.
¿La Fiscalía tiene una investigación en este momento, podría deducir responsabilidad contra el ministro de la Defensa y el director de la Policía por los hechos?
Claro, la Fiscalía General señaló, principalmente su titular, que se está investigando lo sucedido el 9 de febrero, están ya recabando videos, información, llamando testigos, es importante que esta institución de control, igual que las otras, marque un precedente para que no se vuelva a repetir esta situación y que, bueno, si se configura un delito, en función del debido proceso.
¿Puede ser un delito penal?
En algún momento podría darse un delito, habría que esperar la investigación de la Fiscalía, pero insisto, debe haber responsabilidades, se debe deducir, no puede quedar una situación como esta, como si fuese un hecho político irrelevante, al contrario, puso en riesgo la estabilidad democrática de nuestro sistema político y por tanto hay que marcar precedentes tanto por parte de la Fiscalía General como por parte de la Asamblea Legislativa, que entiendo ya hay una solicitud de interpelación en contra del ministro de la Defensa y el director de la Policía Nacional Civil.