En medio de una intensa jornada de trabajo Federico Hernández, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, hizo una pausa para conversar sobre los últimos acontecimientos que han tensado las relaciones entre el Ejecutivo y el sector privado.
Hernández se mostró preocupado de que la relación armónica que se tenía entre el Gobierno y la empresa privada se torne en conflicto y se ponga en riesgo la estabilidad social y económica del país.
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En la entrevista, Hernández insiste en la poca transparencia con la que se manejó la información en el Comité de Supervisión de Fondos, del que se retiran los cinco miembros de la sociedad civil, el lunes pasado, y las posibles repercusiones que esto ha traído.
También conversó sobre el manejo inadecuado que ha dado el gobierno a la crisis, violentando incluso derechos clave de los ciudadanos y desobedeciendo mandatos de la Sala de lo Constitucional y además, sobre la urgente necesidad de abrir las empresas de manera ordenada y rápida. De lo contrario, advirtió, llegará el caos y el hambre.
¿Cree que la renuncia de los cinco miembros de la sociedad civil al Comité de Asignación de Fondos, ha provocado un efecto negativo en la relación con el Gobierno?
“A juzgar por las reacciones que tuvo el gobierno, atacando el prestigio de las personas que de buena fe integraron el Comité, imagino que el efecto ha sido negativo. Pese a eso, si existe madurez en nuestras autoridades, eso no debería ser motivo de repercusiones. Y si las hubiera, tendríamos que denunciarlas también”.
¿Podría dañarse el trabajo que han venido desarrollando?
“Pienso que no debería. El trabajo que tenemos entre manos puede hacer posible que las empresas salvadoreñas sobrevivan a esta crisis. Dejar ese trabajo tirado equivaldría al cierre masivo de empresas y a un igualmente masivo desempleo”.
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¿Sabían desde el inicio los miembros del Comité que habían mucha opacidad en el manejo que se quería hacer con los 2,000 millones? ¿Advirtieron esto desde las primeras reuniones?
Lo que quedó claro a los integrantes, desde la primera reunión, es que el decreto que había dado vida al Comité les otorgaba unas facultades que ya no podían ejercer, en parte porque el dinero había empezado a distribuirse sin que ellos hubieran tenido ocasión de decidir nada. Eso hizo que se propusieran reformas al decreto 608 para adaptar las facultades y alcances del Comité.
El gobierno ya presentó las actas de las reuniones en las que dicen haberles entregado toda la información. ¿Cómo consideraban esta información que les mostraron en las reuniones?
Este tema es interesante, porque aunque sí hubo información que fluyó dentro del Comité, dudo que alguien pueda decir que esa información fue detallada, formal, amplia y susceptible de ser analizada técnicamente. Hubo excelentes presentaciones en Power Point para todos los miembros, pero un informe oficial no puede ser solo eso.
Qué faltó, ustedes hablan de poca transparencia, qué información creen que debió fluir de mejor manera. ¿Faltaron datos relevantes?
No hubo un solo informe detallado de nada. Todo fue verbal o por presentaciones de Power Point. Cuando un Comité con responsabilidades de supervisión de fondos no obtiene documentos en los que consten números, criterios y balances que puedan revisarse y contrastarse entre sí, ¿cómo puede hablarse en serio de tener informes completos?
Los miembros del Comité fueron citados hoy (ayer) a la Asamblea, pero no asistieron. ¿No atenderán esos llamados?
“Es que las razones de la renuncia han sido públicas y ampliamente difundidas, y los exmiembros del Comité no quisieran prestarse a maniobras políticas de ningún tipo. Pero si los diputados insisten, no quedará más remedio que asistir”.
Ahora, con la salida de los miembros de la sociedad civil ¿Cómo cree que queda el seguimiento del uso ese dinero? porque si bien hay instituciones contraloras, la presencia del Comité daba certeza de mayor transparencia.
Es difícil saberlo. Imagino que la Asamblea tendrá que evaluar de qué otra manera garantizar que existan mínimos parámetros de transparencia durante esta crisis. Pero es importante que, cualquiera sea la decisión que se tome, la contraparte contralora tenga amplias facultades para hacer su labor, sin dejar resquicio a manipulaciones o mayorías simples desfavorables a la rendición de cuentas. Todo esto sin menoscabo de lo que ya por ley le corresponde hacer a la Corte de Cuentas. Es muy importante es que se retome los criterios que el Comité trabajó para la contratación de una firma auditora de prestigio internacional.
¿Usted cree que habrá transparencia en el manejo de fondos, porque son recursos que pagaremos todos los ciudadanos?
“Yo no me confiaría. Por regla general siempre es mejor tener los ojos puestos sobre la forma en que un gobierno gasta el dinero público, lo quiera o no, le guste rendir cuentas o no. Los ciudadanos no ponemos nuestro dinero en manos del gobierno para que lo gaste como le venga en gana. Lo hacemos para lo invierta bien, beneficiando al país, y la única forma de garantizarlo es pidiéndole cuentas, algo para lo que no debería haber ninguna resistencia”.
Además de la poca transparencia, la UCA insistió en que el manejo que ha hecho el presidente de la crisis también influyó en que se retiraran, señaló violaciones a derechos humanos y a mandatos de la sala, ¿Qué opinan de esto?
Opinamos exactamente lo mismo que la UCA y otras organizaciones de la sociedad civil. Es evidente que el gobierno ha apelado al miedo en esta crisis y que sus formas de ejecución han reñido con la Constitución y el Estado de derecho. Esta administración ha acumulado, en dos meses, más denuncias por violaciones a derechos humanos que las sumadas por otras gestiones en varios años. Esto tendría que ser motivo de preocupación para cualquier salvadoreño que sepa lo que vale su dignidad y su libertad.
“La pelota está en la cancha del Gobierno”
Todo lo sucedido en las últimas horas ha derivado en un choque con Anep, con quien se tenía un diálogo para reactivar la economía. ¿Cómo cree que quedará este diálogo ahora?
“Como sectores productivos no hemos dinamitado ningún puente. Si el gobierno quiere desconocer a nuestros líderes, está en su libertad, pero nosotros no nos cansaremos de pedir el respeto que merece cualquier actor social relevante. La pelota está en la cancha del gobierno: si quieren sacarla del campo, adelante; nosotros vamos a seguir tratando de jugar, por el bien del país”.
Una de las cosas que están precisamente en juego es la reactivación económica que debe hacerse en conjunto con el Gobierno, ¿podría retrasarse esa reactivación?
Pensando en El Salvador, esperamos que no haya retrasos y que pronto tengamos un plan de reactivación económica. El desempleo, el hambre y la pobreza no pueden ser la moneda de cambio del gobierno en medio de esta crisis. Eso sería fatal para todos.
Hay avances respecto a ese plan, ¿Qué resultados ha traído las reuniones con el ministerio de Trabajo y la revisión de los protocolos, ¿ Les han dicho los pasos a seguir? ¿en qué etapa estamos?
Ha habido avances, sí. Hasta ayer (el martes) se había trabajado sin mayores problemas en esos protocolos. Solo faltaba pulir detalles. Lo que nos urge definir es fechas y porcentajes de apertura, rubros prioritarios y un programa por fases que hagan posible que los sectores productivos puedan ver una luz al final de este largo túnel.
En Centroamérica la mayoría de países ya comenzó a calendarizar la apertura de empresas por sectores, en El Salvador ¿en qué fase estamos?
Si nos comparamos con casi toda la región, estamos atrasadísimos. Tenemos vecinos que aprovecharán mejor sus ventajas competitivas porque encontraron antes un equilibrio entre dos necesidades: estar sanos y poder trabajar. Digamos que nosotros vamos apenas por la fase del diálogo intersectorial, que es importante sin duda, pero que debió empezar desde hace rato. Recordemos que pasamos semanas enteras explicándole al gobierno que eso de enfrentar la salud con la economía, como si fueran mutuamente excluyentes, era absurdo. Perdimos un tiempo muy valioso que nuestros vecinos sí supieron aprovechar.
Eso nos pone en desventaja, ¿Hay riesgos de que se vaya inversión a países vecinos?
Por supuesto. La inversión va allí donde mejor la tratan. Y no hay nada peor para un inversionista que la incertidumbre, que ha sido el pan de cada día de nuestros sectores productivos desde que empezó esta crisis.
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Sí, lamentablemente y hay otras que lo están considerando, aunque no tengo el dato de cuántas, son empresas medianas para arriba, porque son inversiones grandes. Lo que más preocupa en estos casos es la pérdida de empleos.
Puede citarme ejemplos de países vecinos, ¿Qué están haciendo que podríamos imitar?
“Algo que podríamos imitar de nuestros vecinos es el diálogo social abierto, la disponibilidad de las autoridades a dejarse ayudar, la ausencia de conflictos innecesarios y contraproducentes, la apuesta por los equilibrios, el respeto a la democracia. Uf… La lista es larga”.
Se discute que se podría prolongar aun más el cierre de negocios con la extensión de la cuarentena, ¿Podrá aguantar el país con otra extensión?
El cierre inconstitucional que estamos sufriendo es inaguantable para cualquier empresa, particularmente para las micro y pequeñas. Si esto se extiende por más tiempo, lo que tendremos en las próximas semanas es desempleo, hambre y (Dios no lo quiera) caos social. El virus no discrimina, se nos ha dicho con insistencia, y es verdad, pero también es verdad que el hambre hace que la gente se olvide del virus.
A su juicio, estaríamos listos ya para abrir gradualmente las empresas y bajo qué condiciones
Sí. No solo estamos listos, sino que urge. El precio a pagar por esta incertidumbre es demasiado alto. Nuestra responsabilidad es abrir en orden, pero si lo atrasamos más, como dice Jorge Hasbún (presidente de Camarasal), puede cundir la desesperación y el desorden. Todo eso tendría que estar en un plan de reapertura por fases, como ha sido nuestra exigencia desde hace varias semana.
¿Qué llamado haría al Gobierno para avanzar en el tema de este plan de reactivación económica?
Que ponga la voluntad política que falta. Si se trabaja en protocolos, es porque se tiene la intención de abrir, pero los mensajes gubernamentales son contradictorios. Eso solo agrega frustración e impotencia a los sectores productivos, ya de por sí golpeados por la crisis.