La decisión del Gobierno de suspender los proyectos de inversión pública y dejarlos congelados hasta 2021 impactará en más de 200,000 empleos del sector de la construcción, según datos de la Cámara Salvadoreña de la Construcción (Casalco).
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El director ejecutivo de Casalco, José Antonio Velásquez, explicó que son 595 proyectos de infraestructura, entre públicos y privados, los que resultarán afectados tanto por la suspensión de las obras como por la cuarentena nacional.
Velásquez externó la preocupación que hay en el sector, ya que según una encuesta reciente que realizaron entre 72 (53%) de las 137 empresas agremiadas, indica que el 82% de las empresas están detenidas, mientras que el otro 18% ha podido seguir trabajando de forma limitada, como ferreterías que han sido autorizadas por las autoridades para atender instituciones directamente vinculadas a la emergencia.
El sondeo fue realizado entre contratistas (43%); productores y distribuidores (39%); y desarrolladores de vivienda (18%), quienes están desarrollando alrededor de 595 proyectos, de los cuales el 86% están en San Salvador y La Libertad.
“Estamos hablando de casi 15,000 empleos directos y si a eso le sumamos los indirectos estamos llegando a 60,000 empleos, más los de la cadena de suministros, que estamos hablando solo de las 72 empresas, estamos llegando fácilmente a 200,000 empleos los que está soportando la industria de la construcción”, detalló Velásquez al explicar el impacto en el sector ante la suspensión de proyectos.
Añadió que solo en el área de los contratistas hay unos 80,000 empleos dedicados a la infraestructura pública.
De acuerdo a los datos que compartió Velásquez sobre la encuesta, la mayoría de las empresas del sector construcción están con el agua al cuello, pues solo tienen fondos para sostenerse por un mes.
El sondeo reflejó que el 51% de los agremiados externó que pueden sobrevivir por un mes sin modificar su funcionamiento; el 22% reportó que sin hacer modificaciones pueden mantenerse por dos semanas y que apenas el 10% lo puede hacer por un mes y medio, mientras que solo el 7% lo logrará hacer por más de dos meses.
“Lo cual significa que si no se entra en un proceso de reiniciar las obras de infraestructura pública o privada de una forma gradual y siguiendo estrictos protocolos sanitarios, esto puede ser un problema sumamente serio en la parte de poder sostener a todos estos empleados de la cadena de la industria de la construcción y la cadena de suministros”, advirtió el director ejecutivo de Casalco.
En algunas empresas ya comenzaron a sentir los efectos de la parálisis del sector debido a la cuarentena nacional. Velásquez explicó que en algunas empresas han tenido que “hacer uso de los cuerpos legales que nos respaldan a nosotros en estos casos”, dependiendo de la capacidad financiera que tenga cada empresa y de los compromisos como pago de impuestos, servicios, proveedores, entre otros.
Detalló que de acuerdo al contrato colectivo que firman con los sindicatos, los primeros 14 días por caso fortuito o de fuerza mayor les pagan el 65% del salario y después de los 14 días pueden suspender contratos temporalmente.
La suspensión de proyectos
El Ministerio de Hacienda informó el pasado 10 de abril, mediante una nota a todas las instituciones gubernamentales y autónomas, así como a los presidentes de otros órganos del Estado, que los proyectos contenidos en el Programa Anual de Inversión Pública que serán ejecutados en 2020 con dinero del Fondo General de la Nación quedan suspendidos.
“(…) quedan suspendidos de manera definitiva todos los programas y proyectos contenidos en la Ley de Presupuesto y Programa Anual de Inversión Pública vigentes, financiados con recursos del Fondo General que no hayan iniciado ejecución, y en el caso de aquellos proyectos cuyos procesos administrativos se encuentren en una etapa avanzada, deberán realizarse las gestiones correspondientes a efecto de suspender dichos procesos en el estado que se encuentren y darlos por finalizados, ya que los recursos no comprometidos asignados a los mismos serán congelados presupuestariamente (…)”, dice en la carta enviada y firmada por el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes.
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“Estamos reasignando muchas partidas del presupuesto, llevándolas a acciones para contener la crisis por la pandemia. Muchos de los recursos que no estaban comprometidos con fondos generales, es decir con tributos, quedan suspendidos de una manera definitiva”, explicó Fuentes este martes durante entrevista televisiva.
El funcionario añadió que “todos los que son proyectos de inversión de préstamos internacionales, cuando termine la crisis, la cuarentena y la etapa en la que estamos van a seguir su ritmo, van a tener que reiniciar, pero todos aquellos proyectos que se pagan con fondos del presupuesto general quedan en stand by y se van a reactivar hasta 2021, porque tengo que priorizar gasto público y el gasto público es garantizar el Fodes, las pensiones, los programas sociales, los salarios, la deuda pública”.
Velásquez dijo que han buscado que el gobierno permita un reinicio gradual de las obras, luego de que ya casi se cumple un mes de cuarentena nacional, pero que no lo han conseguido. Lo único que les permitió el gobierno fue realizar unas obras de prevención ante el riesgo de vulnerabilidad por lluvias y que fueran a ocasionar daños en las zonas donde estaban, pero lo hicieron en grupos reducidos y siguiendo estrictas medidas sanitarias.
Sin embargo, el ministro no les da muchas esperanzas a corto plazo. “Probablemente esto tenga implicaciones para sectores privados que estaban buscando licitar esos proyectos que venían en camino en materia de construcción de escuelas o algo, pero vamos a tener que esperar 8 meses más, hasta en enero 2021 para poder reactivar esa inversión pública”, afirmó Fuentes.
El director ejecutivo de Casalco consideró que la decisión de suspender proyectos será complicado para aquellas empresas que ya habían sido notificadas de adjudicaciones de obras, porque “probablemente ya las empresas incurrieron en algunos gastos”.
A finales de febrero de este año, Casalco preveía ejecutar $836.5 millones en inversión de infraestructura pública, de acuerdo a lo planificado por el gobierno.
Las principales obras iban a ser ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (Cepa), la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda), Fondo de Conservación Vial (Fovial), dentro de un plan maestro trabajado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En ese momento tanto el gobierno como el sector construcción tenían altas expectativas de crecimiento de la economía y le estaban apostando a incrementar la inversión pública.
“La inversión pública en los últimos cinco años anduvo rondando los $600 millones. El gran reto va a ser cómo se logra ejecutar la mayor parte de todo esto. Si se lograra una ejecución de al menos 85 % sería lo ideal”, señaló Velásquez en febrero.
El sector de la construcción aporta entre el 40 y 43% de la inversión nacional, y entre un 12 y un 13% del PIB, que en términos de dinero significa alrededor de $1,300 millones anuales a la economía. Desde el año pasado el sector había tomado mayor impulso debido al auge de construcción de edificios corporativos, apartamentos y centros comerciales. Sin embargo, la pandemia ha trastocado esos planes.
Sin embargo, la pandemia ha trastocado esos planes. “Tenemos que encontrar fuentes de financiamiento en reasignaciones presupuestarias, no todo es ir a traer recurso fresco, sino también como hacemos reasignaciones presupuestarias al interior del presupuesto que nos ayuden a coadyuvar el problema”, dijo el ministro de Hacienda el martes.