En el período del 21 al 27 de mayo, cinco hombres y una mujer fueron privados de libertad y llevados a un centro de contención bajo el argumento de violar la cuarentena. Cuatro de esos casos ocurrieron en Usulután, uno en San Salvador y otro en Ahuachapán.
Los responsables de esas retenciones, según la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) son la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Salud, según el hoy sexto informe sobre denuncias recibidas y presentadas ayer por el procurador adjunto, Julio Bendek, a la Corte Suprema de Justicia.
“Pese que esta información refleja una importante disminución en comparación al quinto informe presentado a la Honorable Sala de lo Constitucional, que presentó 28 casos, es lamentable que estos aún se sigan presentado”, dice el documento.
“El Órgano Ejecutivo (. . .) optó por ordenar cuarentena domiciliar a personas específicas, con razones poco claras que no necesariamente se encontraban relacionadas a fines de salud”.
Pero, además, el informe reitera que el Estado ha violado el derecho a la salud de muchos salvadoreños que han sido llevados a los centros de contención por haber violado la cuarentena o por ingresar a El Salvador procedentes de otro país o como deportados.
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Según la PDDH, la mayor parte de centros de contención carece de las condiciones necesarias para la separación y distanciamiento físico exigido para evitar la propagación del virus.
Tampoco tienen provisión suficiente de mascarillas adecuadas, alcohol gel, guantes, y otros implementos recomendados y exigidos por las mismas autoridades de Salud para evitar el contagio.
“Se hace hincapié en la falta de respuesta de las autoridades de la Dirección General de Migración y Extranjería, ante los requerimientos (de información) de la PDDH...”. Informe PDDH
Asimismo, el informe indica que la calidad de los alimentos o la entrega de los mismos se hace en horas fuera del horario habitual. Y al menos en cuatro lugares a cargo de la Dirección General de Migración, hubo reportes de que la alimentación les llega en mal estado o es entregada muy tarde.
El informe de Derechos Humanos también cuestiona la falta de colaboración de instituciones como la Dirección General de Migración y Extranjería y el Ministerio de Salud, en proporcionar información requerida por delegados de la PDDH.
En varios casos, la respuesta que la PDDH recibió de parte de los encargados de los centros de retención es que “no podían dar información debido a instrucciones recibidas”.