Un hombre de aproximadamente 60 años fue golpeado en la cabeza por un agente policial en Santa Rosa Guachipilín en Santa Ana porque alegó sus derecho a transitar libremente por el país. El caso fue denunciado en un vídeo en redes sociales, lo que hizo que el Fiscal General, Raúl Melara, ordenara abrir una investigación del caso.
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar Serrano confirmó ayer por la tarde que el hombre fue dejado en libertad a petición del Fiscal General por ausencia de pruebas.
Sin embargo, el procurador afirmó que ha solicitado a la Inspectoría General de la Policía que inicie el proceso disciplinario contra el agente que golpeó al señor por abuso de autoridad.
Tobar afirmó que la víctima no quiso levantar cargos por lesiones contra el agente agresor y como es un delito de instancia particular, el Fiscal no puede proceder de oficio.
Ese solo es uno de los abusos que policías y militares han cometido en esta cuarentena, denunciados ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
El Procurador manifestó que al inicio de la cuarentena domiciliar se dieron numerosas capturas y al no tener donde mantenerlos,; en el caso de las bartolinas de la Delegación Centro en Monserrat, al sur de San Salvador, 45 personas fueron mantenidos en el estacionamiento, ahí durmieron en el suelo la noche del sábado y el domingo.
“Que duerman en el parqueo significa grave violación a los derechos de las personas y alternación a su vida normal”, dijo Tobar.
Las Condiciones en los centros de Contención han mejorado, afirma el titular de la pddh
Pese a algunos inconvenientes denunciados desde los albergues, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, afirmó que las condiciones de las habitaciones han mejorado, incluso dijo que en algunos “la comida llega un poco tarde, pero llega”. La queja actual y reiterada, añade, es que no se les practica la prueba del COVID-19 a pesar de que algunos ya llevan 15 días en cuarentena, lo que podría permitirles la cuarentena domiciliar asistida y ayudaría a descongestionar los albergues, generar una mejor condición para las personas y disminuiría el costo para el Estado. A la fecha ya son 61 centros de contención en casi todos los departamentos excepto Cuscatlán y San Miguel. Aunque hay avances en el trato en los albergues, aún falta homologar el protocolo aplicado por la Policía y la Fuerza Armada para determinar sí retienen o no a una persona.
Posteriormente, de los 45 retenidos, cinco mujeres fueron trasladados a Ciudad Mujer de San Martín, el resto fue llevados a Ciudad Mujer de Lourdes y a las instalaciones del INDES.
En La Libertad y San Miguel, por falta de centros de contención, las personas retenidas al inicio luego del chequeo médico fueron enviadas a sus hogares a cumplir su cuarentena. En Sonsonate, de 23 retenidos fueron remitidos al Injuve de Ahuachapán pero tras practicarles los chequeos, a 21 los devolvieron a casa y solo dos fueron admitidos. En La Paz 30 personas fueron retenidas y a todos se les devolvió a casa.
En el hospital Saldaña, en Los Planes de Renderos, han denunciado que no les están prestando atención médica y lo más grave es que hay mujeres recién dadas a luz que no están recibiendo el tratamiento adecuado, según la PDDH.
También, dice, un grupo de empleados de un supermercado fueron retenidos por no portar la carta de autorización de la empresa, ya que las medidas fueron anunciadas en horario no laboral o de descanso; el lunes por la mañana empleados de Aeroman que se trasladaban al aeropuerto fueron retenidos por no llevar la carta en físico, aunque sí escaneada en sus teléfono.
“Esto es grave improvisación para aplicación de la medida, falta planificación y protocolo y de atención”, cuestionó el Procurador.