El nombre de Blanca Judith Meléndez Portillo aparece como contratista del Ministerio de Seguridad y Justicia, según el segundo informe de gestión y ejecución de gastos para atender la emergencia COVID-19 que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública envió a la Asamblea Legislativa, correspondiente al período del 23 de abril al 23 de mayo del presente año.
A ella, el Ministerio de Seguridad le otorgó el contrato denominado “Adquisición de alimentación para personal que apoyará el Plan de Emergencia Alimentaria en el marco de la emergencia nacional decretada por la pandemia COVID-19 por un monto total de $549,359.41.
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Pero, ¿quién Meléndez Portillo? Ella es empleada del Tribunal Supremo Electoral, donde tiene una plaza de secretaria en la Dirección de Fortalecimiento de Instituciones Democráticas. En esa institución lleva varios años trabajando. Su sueldo es de menos de mil dólares, de acuerdo con documentos públicos del Tribunal.
Pero además, y de acuerdo con documentos en poder de El Diario de Hoy, ella sostuvo una relación de pareja con Herber Orlando Recinos Montes, quien a la vez es funcionario del Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal). Es el gerente de Fondeo y Cooperación, según el sitio www.transparencia.gob.sv.
Herbert Orlando es hermano de Martha Carolina Recinos, Comisionada Presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, quien el pasado 25 de junio fue denunciada ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) por la presunta práctica de nepotismo y conflicto de interés.
La denuncia fue hecha horas después de que el periódico digital El Faro publicara que tres hermanos de la comisionada tenían puestos en el Gobierno, incluyendo Herbert Orlando, y que otra de sus hermanas había sido beneficiada con un préstamo de Bandesal a pesar de que no calificaba para ser sujeto de crédito.
En este caso, el contrato otorgado a una excuñada de Recinos por el Ministerio de Seguridad, ella se compromete a suministrar alimentos (desayunos, almuerzo y cena) al personal que asignado en los centros de operaciones de Ilopango y Caballería, quienes trabajan en la elaboración de canastas con artículos de primera necesidad que serían entregados a la población.
Eso dice el mismo informe que detalla los bienes y servicios adquiridos por el referido ministerio en el marco de la emergencia nacional, firmado por el ministro Rogelio Rivas.
Contratada dice que ejerció su derecho a ofertar
Blanca Judith Meléndez Portillo asegura que el contrato que le otorgó el Ministerio de Seguridad, de poco más de 549,000 dólares para proveer alimentación, le fue adjudicado porque ejerció su derecho a ofertar, ofreciendo un servicio de calidad y precios accesibles.La contratada asegura que tiene experiencia en el rubro de alimentos desde el 2008, negocio en el que dice le ha apoyado su familia. “Hemos tenido otros contratos y eventos con el Estado y fuera de él”, afirmó.Al ser preguntada si tenía la capacidad de proveer más de 187 mil platos de comida, Meléndez Palacios respondió que sí la tenía y dijo que esa era la cantidad que el contratante tenía proyectada pero que solo se ha proveído lo requerido con base en lo necesitado en los lugares acordados. Afirmó que, hasta ayer, solo había entregado un 40 por ciento del total contratado. “La cantidad que usted menciona es la que el Ministerio tenia proyectada”, explicó. Agregó que las cantidades de platos entregados han variado desde 600 a 2,000 diarios; no obstante no quiso responder concretamente a la pregunta de dónde tenía su establecimiento comercial . Meléndez Portillo aseguró que tiene muchos años de experiencia en ese rubro y que desde el 2016 está legalmente inscrita e incorporada al sistema Comprasal.
Según el informe firmado por el ministro Rivas, el servicio de alimentación se dividiría en cuatro entregas. La primera sería de 59,959 platos, entre desayunos y cenas servidos en el Centro de Operaciones de Ilopango. El costo de cada plato fue de $2.26 haciendo un total de $130,987.34,
La segunda entrega fue de 56,043 platos, consistentes en almuerzo que, igual, serían servidos en el Centro de Operaciones de Ilopango. Estos almuerzos fueron pagados a $3.39, haciendo un total de $189,985.17.
La tercera parte o entrega consistiría en 37,510 platos de comida, entre desayunos y cenas, servidas en el Centro de Operaciones de Caballería (Regimiento de Caballería, en San Juan Opico, departamento de La Libertad). Cada plato costó $2.54, para totalizar la suma de $95,275.40.
En ese mismo lugar serían servidos 36,270 platos, para almuerzo, a un costo de $3.67, siendo el costo total, la cantidad de $133,110.90.
Niega relación
La contratista, Meléndez Portillo, afirmó que si bien tiene una hija con Herbert Orlando Recinos Montes, no tenía acercamientos con la comisionada presidencial ni los tuvo mientras convivió como pareja con el hermano de ella, en respuesta a preguntas de si tenía vínculos con la alta funcionaria del gobierno.
Afirmó que es una madre soltera que a la vez tiene su trabajo fijo y que además se dedica al negocio de comida.
“Yo nada más soy una mujer trabajadora que tengo un negocio de comida; yo ingresé documentos para poder aplicar. Tengo mis facturas del negocio a nombre mío”, afirmó a manera de defensa.
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Cuando se le preguntó cómo se llamaba el negocio, respondió que facturaba a su nombre.
Meléndez Portillo asegura que tiene la capacidad de proveer la cantidad de platos que el contratante solicitaba y que desde el 2016 aparece en el sistema Comprasal, como proveedora.
“Yo realmente soy una madre soltera, tengo mis hijos, estoy luchando para salir adelante y sacar a mis hijos con sus estudios. Por eso es que tenemos el negocio aparte”, añadió.
Por su parte, Herbert Orlando negó que estuvieran viviendo actualmente como pareja aunque admitió que vivieron juntos aproximadamente 14 años y que tienen una hija en común, pero que desde hacía aproximadamente tres años de están separados. Agregó que tienen responsabilidades comunes por la hija.
“Yo para empezar no tenía conocimiento claro de esa situación, pero si es así, realmente es una situación que debería vincular a una sola persona”, dijo Herbert Orlando sugiriendo que se le debía preguntar a ella por ser la parte involucrada.
“No hay una relación de hecho. Solo tenemos una hija en común”, puntualizó Recinos Montes, quien dijo que no tenía nada que ver como funcionario en el otorgamiento del contrato que el Ministerio de Seguridad le dio a Meléndez Portillo, para proveer alimentación a personal contratado por el gobierno.
Los registros comerciales de Blanca Judith
Antes de ser contratada por el Ministerio de Seguridad para proveer los más de 187 mil platos de comida, registros públicos indican que el 14 de marzo de este año, el Ministerio de Salud Pública le otorgó un contrato de alimentación, por un monto de $9,666.10.
La orden de compra no especifica cantidad. Solo se lee en la descripción del servicio: Servicio de alimentación a domicilio en la zona metropolitana de San Salvador. Cada plato (desayuno, almuerzo y cena) fue pagado a $3.10 y el refrigerio a $2.10.
Aunque para la fecha en que fue elaborada la orden de compra aún no había sido decretada la emergencia, la misma dice que la fuente de financiamiento sería el Fopromid (Fondo de protección civil, prevención y mitigación de desastres).
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Los alimentos deberían ser entregados en los hospitales nacionales de la región metropolitana, incluyendo el Centro de Ferias y Convenciones (Cifco).
Un contrato más antiguo se remonta a principios de noviembre de 2019, cuando la Presidencia de la República le otorgó el contrato “Suministro de servicio de alimentación para atender asistentes de la reunión de la Comisión Nacional de Protección Civil, con habitantes de colonia Santa Lucía “ por un monto de $1,412.50.
De acuerdo con el documento, Blanca Judith fue contratada como persona natural.
El nombre de Blanca Judith aparece en un listado de oferentes de Comprasal publicado en octubre de 2019. Allí aparece con el nombre comercial de Multiservicios R y R, clasificada como mediana empresa.
El Diario de Hoy quiso contactar a la comisionada presidencial, Martha Carolina Recinos, a través del secretario de Prensa de la Presidencia de la República, sin embargo, el funcionario no gestionó la entrevista sino respondió que era lamentable que este periódico siguiera en la búsqueda de construir noticias e historias sin fundamento y que no correspondían al ejercicio responsable del periodismo, en un claro afán de destruir el trabajo que la comisionada ha realizado en el primer año del Gobierno, más aún en el contexto de la pandemia de COVID-19”.